El Constitucional zanja una década después el conflicto de Enfermería

Imagen del exterior del Tribunal Constitucional./Hoy
Imagen del exterior del Tribunal Constitucional. / Hoy

La opositora que inició el proceso judicial y logró una sentencia favorable del Supremo reclama el abono de 40.000 euros en concepto de indemnización

Ana B. Hernández
ANA B. HERNÁNDEZ

Han sido diez los años que ha tardado en resolverse la oposición de Enfermería de Atención Continuada que fue convocada por el Servicio Extremeño de Salud (SES) en 2007. Y esa resolución ha llegado de manos del Tribunal Constitucional, que zanja por fin un conflicto judicial que comenzó un año después de que el proceso selectivo se pusiera en marcha.

Lo hace desestimando el recurso de amparo presentado por el abogado de la opositora que emprendió el proceso después del segundo examen de esa oposición. Y ratificando así el último fallo emitido al respecto por el Supremo, que rechazó que esa oposición se volviera a repetir.

Todo comenzó el 22 de diciembre de 2008. Ese día, en Extremadura, los 1.047 aspirantes que habían aprobado el primer examen de los dos de que constaba la fase de oposición del proceso selectivo, hicieron el segundo. Una vez lo terminaron, el tribunal del mismo modificó la nota de corte, estableciendo de este modo que lo aprobarían quienes tuvieran a partir de un seis.

Esta modificación motivó la denuncia de la opositora y el inicio de un largo proceso judicial que culminó, de forma temporal, hace ahora cuatro años. Cuando en junio de 2013 el Tribunal Supremo, dando la razón a la opositora, dictó una sentencia que obligaba al SES a repetir la oposición de Enfermería de Atención Continuada a partir del segundo examen. Es decir, retrotraía el proceso al 22 de diciembre de 2008 y, por tanto, los 1.047 que entonces hicieron ese segundo examen, lo tenían que volver a realizar.

Sin embargo, este fallo del alto tribunal llegó tres años después de que ese proceso selectivo culminara. Lo hizo, de hecho, en enero de 2010, con la toma de posesión de sus plazas de los 263 opositores que las lograron.

Por eso, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) determinó un año después del fallo del Supremo, en 2014, que el mismo no se podía ejecutar, atendiendo así los recursos del SES y también de los opositores que habían logrado una plaza en propiedad, precisamente por el daño que la ejecución del fallo suponía para estas personas. Y fijó el pago de 40.000 euros a la opositora que contaba con la sentencia favorable del Supremo en concepto de indemnización.

Esta, sin embargo, en desacuerdo con el TSJEx, decidió acudir de nuevo al Supremo para pedir la ejecución de su fallo de 2013. Pero este tribunal en esta ocasión, y en contra de su sentencia inicial, ratificó en un nuevo fallo de 2016 lo establecido por el TSJEx señalando la imposibilidad de ejecutar su sentencia y dando por válido el pago de 40.000 euros a la aspirante.

Esta optó por su última opción: un recurso de amparo ante el Constitucional. Sin embargo, el mismo no ha sido admitido y, por tanto, prevalece lo señalado por el Supremo, que es que el examen no se puede repetir. «Ha sido un largo proceso que al final lamentablemente no ha servido para nada, a pesar de contar con un fallo favorable del alto tribunal», valora Francisco Corpas, abogado de la opositora que emprendió el proceso. «Por eso hemos reclamado ya que se le abonen los 40.000 euros de indemnización que fijó el TSJEx».

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