La conservación del patrimonio monumental como oportunidad de desarrollo

Me permito animar a los propietarios privados a asociarse y proponer iniciativas que mejoren la situación actual, sin por ello renunciar a pedir y exigir un mayor respaldo y protagonismo de las inversiones y los incentivos públicos

MANUEL MARTÍN RUIZExDirector General de Vivienda y Arquitectura de la Junta de Extremadura, miembro del Club Senior de Extremadura

EN los medios de comunicación apareció recientemente una noticia sobre el estado de abandono de los jardines de Sotofermoso, en Abadía. Apenas unos meses antes, la Asociación «Hispania Nostra» alertaba sobre el estado de abandono de otros 52 monumentos en Extremadura. En esta misma línea, resulta interesante consultar la presentación del trabajo de Adenex de 2008, sobre un estudio comparativo entre Comunidades Autónomas de la política de declaración de Bienes de Interés Cultural, BIC. Ello me estimula a escribir estas líneas para concienciar, en la medida de lo posible, de la importancia de redoblar esfuerzos, públicos y privados, para mantenerlos o rehabilitarlos y que puedan ser visitados por los ciudadanos.

La conservación, enriquecimiento y difusión del patrimonio histórico constituye, en un Estado social y democrático de Derecho, una obligación de los poderes públicos, que aparece jurídicamente consagrada en la Constitución Española de 1978 en su artículo 46. Su valor lo proporciona la estima que, como elemento de identidad cultural, merece a la sensibilidad de los ciudadanos. Pero con ser importante la conservación del patrimonio histórico monumental extremeño, no lo son menos las consecuencias económicas que indudablemente se derivan del correcto aprovechamiento turístico, y en consecuencia económico, como oportunidad de de desarrollo tanto en el presente como en el futuro. Con este propósito quiero destacar algunas premisas de la ley 2/1999, de 29 de marzo, de patrimonio histórico y cultural de Extremadura, referida a inmuebles, y recordar a un insigne extremeño de Don Benito, D. Joaquín Carballo, insuficientemente conocido en España en la materia que nos ocupa.

Constituyen el Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura todos los bienes tanto materiales como intangibles que, por poseer un interés artístico, histórico, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, etnológico, científico, técnico, documental y bibliográfico, sean merecedores de una protección y una defensa especiales. También forman parte del mismo los yacimientos y zonas arqueológicas, los sitios naturales, jardines y parques que tengan valor artístico, histórico o antropológico, los conjuntos urbanos y elementos de la arquitectura industrial así como la rural o popular y las formas de vida y su lenguaje que sean de interés para Extremadura.

Los propietarios están obligados a conservarlos además de facilitar la visita pública. El incumplimiento de las obligaciones será causa de interés social para la expropiación forzosa de estos bienes, si bien no está la situación financiera de las Administraciones para hacer frente a los justiprecios ni, en ocasiones, existe finalidad que lo justifique.

Dado que la eficacia de su conservación depende en buena medida de las ayudas que facilitan las instituciones públicas, la Ley dispone que toda obra pública que se realice con fondos de la Junta de Extremadura o de sus concesionarios y cuyo presupuesto exceda de 600.000 euros, incluirá una partida de al menos el 1 por 100 de la aportación de la Comunidad Autónoma al presupuesto destinado a obras de conservación y acrecentamiento del Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. A ello, pueden sumarse las procedentes del Estado, conocidos por el 1,5% cultural. Sin embargo, desde el inicio de la crisis en 2008, los fondos procedentes de estas partidas se han visto mermados por la caída de las inversiones públicas.

Por otra parte, los propietarios y titulares de derechos de bienes BIC, podrán disfrutar de beneficios fiscales como: una deducción, en el IRPF, sobre la cuota equivalente al 20 por 100 de las inversiones que realicen en la adquisición y conservación; derecho a deducir de la cuota el 20 por 100 de las donaciones que hicieren; exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras en los términos que la legislación fiscal permite.

A juzgar por las noticias aparecidas, las medidas de estímulos no parece que sean suficientes para una conservación óptima de los inmuebles. A ello contribuyen también los cambios sociales, la fragmentación del patrimonio a consecuencia de las herencias, el despoblamiento, etc. Es probable que haya que incrementar apoyos y ello me lleva a recordar el papel que desempeñó el Dr. Joaquín Carballo, 1869-1936, natural de Don Benito y afincado en Francia, que además de ser un reconocido  especialista en alergología, fundó en 1924 la Asociación «La Demeure Historique» (La Casa Histórica).

Esta Asociación, cuyos datos pueden consultarse en Wikipedia, representa a los propietarios y gestores de monumentos históricos privados de Francia. Se creó para sensibilizar a los poderes públicos de la necesidad de salvaguardar el patrimonio de interés histórico y cultural mediante medidas legislativas y fiscales para la gestión y transmisión del mismo. Actualmente agrupa a más de 3.000 castillos, abadías, casas solariegas, parques y jardines; la mitad de ellos abiertos al público. Lo que demuestra que no es necesaria la titularidad pública del inmueble como algunos partidos políticos propugnan. Sobre la vida y obra de D. Joaquín Carvallo la Asociación «Torres Isunza», de Don Benito, ha realizado un detallado trabajo. La actividad que desplegó en Francia en defensa del patrimonio debe ser un referente a seguir.

Desde la Consejería de Obras Públicas, entre 1984-1986, en una época en que las necesidades en viviendas eran superiores a las de Arquitectura, y por tanto se tenía que priorizar el gasto en las primeras, se llevaron sin embargo a cabo algunas actuaciones de alto significado cultural: la calle Huertas en Garganta de la Olla, el Castillo de Belvís de Monroy, la Plaza de Losar de la Vera, Cuacos de Yuste, los baluartes de Olivenza, en Mérida la ermita de Nuestra Señora de la Antigüedad y el Costurero, la ermita templaria de Nuestra Señora de Belén en Cabeza del Buey, entre otras.

Por ello, me permito animar a los propietarios privados a asociarse y proponer iniciativas que mejoren la situación actual, sin por ello renunciar a pedir y exigir un mayor respaldo y protagonismo de las inversiones y los incentivos públicos. Representaría una estrategia para la defensa y conservación del patrimonio cultural histórico, público y colectivo de Extremadura para orgullo de sus ciudadanos y testimonio para las generaciones futuras. 

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