ETA: 24 asesinatos de extremeños sin resolver

La banda terrorista, que el pasado jueves anunció el desmantelamiento de sus estructuras, no atentó nunca en la región, pero sus bombas golpearon de lleno a 55 familias extremeñas. En ellas hay críos que perdieron a sus padres, mujeres que se quedaron viudas siendo veinteañeras, madres y padres a los que la vida les cambió para siempre... De esas 55, al menos 24 ni siquieran saben quién mató a su familiar. O si lo conocen o lo intuyen, no ha sido condenado. Son casos sin resolver, sobre los que ahora se pone el foco de modo particular. Tras el anuncio de los terroristas, distintos estamentos de la sociedad española se han puesto de acuerdo en reclamar que el Estado y los tribunales no olviden esos crímenes sin culpables.

En Extremadura son al menos 24 casos, según la investigación realizada por HOY a partir de distintas fuentes, entre ellas el listado nacional de casos sin resolver más reciente, elaborado por COVITE (Colectivo de Víctimas del Terrorismo) a partir fundamentalmente de dos bases: información de la Audiencia Nacional y el rastreo de sumarios y sentencias sobre crímenes etarras. Algunos de esos procedimientos ya han prescrito, al pasar veinte años desde la última vez que se modificó el sumario. Otros han sido sobreseídos provisionalmente, que es lo que se hace cuando el autor del delito es desconocido o se encuentra en paradero desconocido. Lo que no ha desaparecido ni lo hará es el dolor. El de los padres de José María Piris, el niño de trece años que murió al darle una patada a una bolsa que contenía un artefacto explosivo. El del marido de Margarita González, fallecida a los 69 a consecuencia de la onda expansiva de la bomba que intentó matar al expresidente Aznar. El de los que querían a Esteban Maldonado, que tenía veinte años cuando le asesinaron... Y así hasta 55. O sea, el dolor de todas las víctimas de la banda terrorista que tras medio siglo dedicada a asesinar, anuncia ahora su adiós sin mostrar arrepentimiento ni pedir perdón.

Un Land Rover con cinco agentes de la Benemérita del cuartel de Mondragón acude al santuario de Nuestra Señora de Aránzazu, donde alguien ha colocado una ikurriña –entonces, con el franquismo en las últimas, estaba prohibida su exhibición– anclada a un objeto sospechoso. Los guardias civiles comprueban que en esa bolsa no hay más que arena y se disponen a regresar al puesto. En el camino de vuelta, al paso del vehículo oficial estalla una bomba accionada a distancia y que contenía dinamita y trescientos tornillos. Varios curas franciscanos que iban al santuario socorrieron a los dos heridos y administraron los últimos sacramentos a los tres fallecidos, dos de ellos los agentes extremeños Maldonado, que estaba soltero, y Moreno, casado y con tres hijos. Un mes antes, la banda terrorista había amenazado públicamente al Estado. «Si el régimen franquista ejecutaba una sola de las sentencias de muerte –adelantó–, ETA sabrá responder adecuadamente». Cumplió su amenaza. Los autores del atentado se acogieron a la amnistía que el gobierno decretó en el año 1977, y que dejaba libres a los condenados por una larga lista de delitos si los habían cometido antes del 15 de diciembre de 1976.

A la semana siguiente, otra víctima extremeña. Manuel López, agente adscrito al servicio de Información, iba de vuelta a casa, tras acabar su jornada laboral, cuando varios terroristas le ametrallaron por la espalda. El agente murió en el acto. Uno de sus seis hijos, que daba un paseo con su novia, se encontró con el revuelo en plena calle e identificó al cadáver que yacía en la acera. Era su padre, la primera víctima de ETA en Zarauz. Los terroristas asumieron la autoría del atentado en un comunciado en el que argumentaban que había sido una venganza por la muerte, entre otros, de Juan Paredes Manot, alias 'Txiki', integrante de ETA político-militar sentenciado a muerte (fue fusilado en 1975). 'Txiki' había nacido en 1954 en Zalamea de la Serena, a 22 kilómetros de Monterrubio, el pueblo de López Treviño. Los autores del atentado fueron amnistiados.

Tornillos Ormaechea. Era la fábrica en la que trabajaba Vicente Soria, casado y padre de cuatro hijos, todos menores de edad la mañana en que fue asesinado. El cacereño llevaba dos décadas viviendo en Placencia de las Armas (Soraluze) y completaba su sueldo trabajando algunas noches como portero en la discoteca Dantzari. Los terroristas se cruzaron con él y le dispararon a bocajarro sobre las ocho de la mañana, cuando iba a trabajar. Los autores fueron amnistiados.

Un mes llevaba el sargento Galán en el País Vasco. De hecho, su familia aún seguía en Pontevedra, su anterior destino. En su última mañana, el extremeño acudió a una sucursal del Banco Hispano Americano de Tolosa, donde un comando de ETA político-militar acababa de robar veinte millones de pesetas. Mientras instruía las diligencias en el lugar del suceso, apareció allí otro comando, este de ETA militar. Eran cuatro terroristas, uno de ellos disfrazado de guardia civil. Tirotearon a Galán, casado y que tenía tres hijas, todas menores de edad en ese momento. Los autores del crimen fueron amnistiados.

En su Renault 12 de color burdeos, aparcado y con las luces encendidas, junto a la carretera N-1, con el cuerpo reclinado sobre el asiento del copiloto. Así encontró una dotación de la Guardia Civil de Tráfico a Valentín Godoy, que llevaba medio año como practicante en la enfermería del cuartel de la Policía Armada de Vitoria. El suyo fue un crimen sin testigos, reivindicado por un grupo autodenominado 'Doble G' (Gazte Gudaroste-Ejército Joven). 23 años después de su asesinato mediante tres tiros en la parte posterior de la cabeza disparados a corta distancia, el Consejo de Ministros le concedió la Gran Cruz de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo. Godoy, que estaba soltero, era de Santa Amalia, donde su familia regentó durante años un cine. Los informes oficiales le incluyen en el capítulo de víctimas de atentados de autoría desconocida.

Manuel López González fue asesinado un mes antes de la fecha de su boda. Ocurrió a la vuelta de un servicio que acababa de prestar en la estación de Renfe de Pamplona. De camino al cuartel de la capital navarra, el Land Rover en el que viajaba saltó por los aires al pasar junto a la farola en la que los terroristas habían colocado una bomba con cinco kilos de goma dos y otros cinco de metralla. La accionaron desde los jardines de La Taconera, usando un cable de unos 20 metros. En el mismo atentado resultó herido su hermano Francisco, también agente y que iba en el mismo vehículo. El atentado se cerró con una sentencia absolutoria.

Cuatro terroristas escondidos en un Ford Fiesta esperaron a que el cabo primero Durán llegara a su altura para dispararle. El cuerpo del agente tenía ocho impactos de bala, y permaneció sobre la acera hasta que lo recogió un vehículo de la Benemérita. Dio tiempo a que le viera en el suelo uno de sus hijos, de trece años, que salió corriendo y avisó en el cuartel de Elgóibar, en el que Anselmo Durán llevaba cinco años al frente de la intervención militar. Al ambulatorio llegó con vida, pero murió en el traslado al hospital Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián. Estaba casado y tenía seis hijos. El atentado fue asumido por los Comandos Autónomos Anticapitalistas –los CAA, surgidos tras una escisión de ETA político-militar–, que usaron ese mismo Ford Fiesta para cometer un segundo crimen ese día en Markina (Vizcaya). Un mes después, una de las armas usadas para disparar a Durán, una pistola Browning, le fue intervenida a José María Iturrioz Garmendia, activista de los CAA fallecido durante un enfrentamiento con la Benemérita. El caso del cabo primero Durán fue sobreseído provisionalmente en octubre de 1979.

Conserje en el Centro Nacional de Formación Profesional de Irún. Ese era el trabajo de Alejandro Hernández Cuesta, asesinado por una hombre y una mujer que fueron a buscarle al centro educativo. Preguntaron por él, y cuando el hombre, casado y padre de ocho hijos, apareció, le dispararon ocho tiros entre el tórax y las piernas. ETA militar argumentó que le había asesinado por su pasado como guardia de Franco. La causa para esclarecer este atentado se sobreseyó provisionalmente en febrero del año 1979.

A las cuatro de la mañana, alguien llamó a la Policía y dejó el recado: en el maletero de un Seat 132 aparcado junto a una tienda de bicicletas de Rentería estaba «el cadáver de un hombre que se llama Benito». Los agentes fueron y comprobaron que era cierto. El taxista extremeño, casado y con tres hijos, presentaba dos impactos de bala en la cabeza. Sus compañeros de profesión pararon durante 24 horas en señal de protesta. ETA militar justificó el asesinato por «la presión armada ante la insatisfactoria solución del proceso autonómico vasco». El caso de Morales fue sobreseído provisionalmente en mayo de 1981.

El guardia civil Prieto –casado, padre de una niña de cuatro meses y destinado en San Sebastián–, se disponía a pedir la documentación a un sospechoso en las inmediaciones de la ermita de la Virgen de Izaskun, en Tolosa. Al ver que se acercaba, el terrorista le disparó, hiriéndole en el hombro y en la cabeza. El atentado, del que pudieron escapar dos compañeros del extremeño, fue reivindicado por los CAA. Se atribuye la autoría a Eugenio Barrutiabengoa, que vive en Venezuela desde los ochenta. La viuda de Prieto reclamó hace doce años al Gobierno que pidiera a las autoridades venezolanas la extradición de los etarras allí refugiados. La causa judicial para aclarar este atentado fue reabierta y está ahora en trámite.

Modesto Martín, destinado en el servicio fiscal del puerto de Pasajes, iba con su mujer, su suegra y su hijo de cinco años, a llevar a este último al colegio. Salieron de casa, en el barrio de Beraun en Rentería, y se dirigieron a su coche. Cuando el cabo subió a su Seat 124 amarillo y se sentó al volante, tres etarras armados se plantaron delante del vehículo y dispararon. La esposa del agente cacereño trató de evitarlo, pero la empujaron. El guardia civil tenía balas en la cabeza, la boca y el pecho. Su causa judicial está archivada.

Extremeño aunque residente en el País Vasco desde que tenía diez años, Francisco Machío murió en el bar Amaya de Azpeitia. Dos integrantes de los Comandos Autónomos Anticapitalistas entraron en el establecimiento y dispararon a quemarropa al joven, que estaba soltero y llevaba tres meses en paro. Su último empleo había sido en una fábrica de muebles.

Cinco semanas antes del atentado en el que murieron el extremeño Rafael Gil Marín y el gallego Enrique Rúa Díaz, la Guardia Civil desarrolló una importante operación contra el contrabando de tabaco en en el municipio guipuzcoano de Deba. En el contexto de este operativo, la Benemérita envió al agente, casado y con tres hijos, al muelle de la localidad costera Guetaria, a vigilar dos embarcaciones. Gil Marín estaba en el vehículo oficial cuando un terrorista se acercó y le disparó mortalmente. Otro hizo lo propio con su compañero. Los dos matones huyeron en un coche robado. Los CCA asumieron el atentado, que generó una gran confusión en la zona, que en el último día de julio estaba llena de bañistas.

A Isabel Chamizo Díaz le dieron la noticia de que su marido había sido asesinado una hora después del atentado mortal. En ese momento ella tenía 24 años y su esposo, cuatro más. Tenían dos hijas, que quedaron huérfanas de padre por culpa de una bomba activada a distancia. El artefacto estalló justo cuando pasaba junto a él el primero de los tres vehículos que integraban la patrulla de la Benemérita adscrita al cuartel de Aretxabaleta. Cuando atravesaban el barrio de Zubillaga, en Oñate, la carga explosiva detonó, alcanzando mortalmente al agente pacense. Los tribunales archivaron esta causa en 1984.

Sobre las dos de la tarde salió del bar del Hogar del Jubilado de Villabona, los terroristas le siguieron y le dispararon en la cabeza y el tórax. Fue el último día en la vida de Manuel Carrasco, natural de Higuera de Vargas pero que emigró de niño al País Vasco. Tras casarse, se mudó de Villabona, donde vivía con sus padres, a Asteasu. Carrasco estaba en el paro y era padre de una niña que tenía solo unas pocas semanas. El caso se sobreseyó provisionalmente en el año 1988.

ETA llamó a la Policía Municipal de Vitoria y aseguró que había colocado una bomba en la vía del tren, entre Elburgo y Alegría, localidad esta última en la que estaba destinado Victoriano Collado, soltero y cuyo padre también era guardia civil. La Benemérita desplazó al lugar un dispositivo con 21 agentes, entre ellos miembros del Tedax (especialistas en desactivación de explosivos) y del extinto GAR (Grupo Antiterrorista Rural). Cuando se acercaban al supuesto artefacto explosivo, que resultó ser un señuelo, estalló otra bomba escondida entre la maleza, que hirió a cinco agentes y mató a tres, entre ellos Collado. El procedimiento judicial se sobreseyó provisionalmente en 1988.

El caso de Francisco Herrera ocupó la atención mediática durante varios días. Empleado de seguridad en un astillero de La Naval y exsecretario de Organización de la agrupación socialista de Baracaldo, fue secuestrado, y no se supo nada de él hasta cuatro días después, cuando hallaron su cuerpo colgado de un árbol y con las manos atadas a la espalda.

Juan Bautista Castellanos llevaba más de treinta años viviendo en Bilbao. Teniente de farmacia del Ejército de Tierra, trabajaba en la botica del Gobierno Militar. Hacia allí se dirigía la mañana en que un coche con dos etarras cerró el paso al vehículo que él conducía. Uno de los terroristas se bajó y le disparó tres tiros a bocajarro, hiriéndole en un brazo, la nuca y el corazón. El teniente cacereño estaba casado, tenía dos hijas y era amigo de Alberto Martín Barrios, capitán de Farmacia secuestrado y asesinado por ETA en 1983. El funeral religioso en honor de Castellanos se celebró en la basílica bilbaína de Begoña y a él asistieron numerosas autoridades políticas y militares. Entre ellas, Narcís Serra, entonces ministro de Defensa. A la salida del féretro hubo aplausos y gritos de '¡Viva España!', pero también abucheos a las autoridades. Causa sobreseída provisionalmente en enero del año 1990.

Entre el atentado de Hipercor y el de la casa cuartel de Vic, ETA llevó acabó otro golpe con varias víctimas. Fue en Sabadell. Murieron seis policías nacionales y resultaron heridos graves otros dos, además de nueve civiles. El método usado fue uno de sus preferidos: el coche-bomba. Colocaron el artefacto en el trayecto que los furgones de la Policía Nacional solían recorrer cuando iban desde su sede central hasta el estadio de fútbol de la Nova Creu Alta. Ese día jugaban el Sabadell y el Málaga, los dos en Segunda División. Dos dotaciones policiales iban de camino al campo cuando estalló el artefacto, que alcanzó de lleno al segundo furgón. Ramón Díaz García, casado y padre de cuatro hijos, no tenía que trabajar ese día, pero le hizo a un compañero el favor de cambiarle el turno. Eduardo Hidalgo tenía esposa y dos hijos, lo mismo que Miguel Marcos.

Según varias investigaciones oficiales, en este crimen participaron Juan Carlos Monteagudo Povo y Juan Félix Erezuma Uriarte, que fallecieron en un enfrentamiento con agentes de la Benemérita en mayo del año 1991, al día siguiente de otro atentado que también se les atribuye –este junto a Juan José Zubieta Zubeldia–: el de la casa cuartel de Vic, en el que hubo diez víctimas, la mitad de ellas menores de edad. El atentado fue juzgado y los acusados fueron absueltos.

El agente Álvarez, del Servicio de Vigilancia Fiscal del puerto de Bilbao, hijo de guardia civil, llevaba casi dos décadas viviendo en el País Vasco. El día que le mataron hizo lo que otros muchos: salir de trabajar, coger su coche e ir al bar situado junto a la estación de tren de Ortuella, en el que solía encontrarse con los amigos. Mientras aparcaba, una bomba lapa adosada a los bajos de su vehículo estalló y el extremeño, casado y con dos hijos, falleció en la ambulancia de la Cruz Roja que le trasladaba al hospital de Cruces (Baracaldo). El atentado se enmarcó en un contexto político, pues ocurrió cuando faltaban unas horas para el inicio de la campaña electoral de las municipales y autonómicas que se celebrarían el 27 de mayo de ese año. Por este crimen se juzgó a Jesús Mariá Mendinueta Flores, miembro del comando Vizcaya, pero la Audiencia Nacional le absolvió en 1994 por falta de pruebas. Por otros atentados sí fue condenado. Salió de la cárcel hace cinco años.

Margarita González tuvo la mala suerte de que el coche-bomba destinado a matar a José María Aznar explotó muy cerca de su casa, en la madrileña calle José Silva. El potente blindaje de su Audi 200 salvó al presidente, pero la onda expansiva dejó una veintena de heridos, entre ellos el marido de Margarita González. La mujer, que tenía un hijo y una hija, quedó sepultada bajo los escombros de su vivienda. La rescataron los bomberos y el personal del SAMUR logró reanimarla, pero ingresó en el hospital Ramón y Cajal en coma profundo. Tres meses después, murió. La causa judicial para aclarar este atentado fue sobreseída.