«A por ellos»

Durante varios meses –y como suele ser habitual– Extremadura dejó de existir. Cataluña lo ha impregnado todo. En el centro de la escena dos bloques igualmente interesados en la trifulca. Uno queriéndose independizar de España, país al que nos acusa de robo obviando que nos debe 68.000 millones de euros. Del otro lado, un presidente del gobierno, beneficiario de la financiación ilegal de su partido, asegurando que no se sienta a hablar con delincuentes. En medio, la gente.

El 70% de los catalanes quieren ser consultados y el 57 % de los españoles lo secundan. De nuevo la misma lección que nos enseñó el 15M: Los ciudadanos y las ciudadanas poniendo cordura y los viejos partidos metiendo palos en las ruedas.

En cuanto al resultado de los comicios se pueden extraer varias conclusiones; en primer lugar, si algo dejó de manifiesto el resultado del pasado domingo fue la importancia decisiva de la elección del escenario como primer requisito para lograr la victoria. La guerra entre banderas sólo podía beneficiar a la derecha. Por esa misma razón han ganado y lo han conseguido por medio de una candidata que reconoció públicamente desconocer la tasa de paro de su región. Conviene no perder de vista ese dato: En el «a por ellos» están incluidas las personas que se encuentran en el paro.

Entre tanto, los ecos de tanto ruido también llegaron a nuestra tierra. Y es que a tenor de los últimos acontecimientos políticos de nuestra región el interés en esconderse tras la polvareda a la que claramente han contribuido no es menor. Mientras nos invitaban día tras día a seguir al milímetro la disputa territorial, otra realidad, al parecer menos sensible a los extremeños, pasaba desapercibida por los medios. Menos tinta y aún menos minutos ha merecido la información de la Agencia Tributaria que apuntaba a la realidad que viven diariamente los extremeños y las extremeñas: cuatro de los siete municipios más pobres de España están en Extremadura. Al ser preguntados por ello empieza a ser habitual escuchar a los responsables culpar a Cataluña, al destino, a nuestra supuesta falta de recursos productivos, al gobierno central o a la injerencia de algún país extranjero si es preciso.

A los recientes escándalos como el de Gebidexsa, FEVAL o la colocación a través de la diputación de Badajoz –sin tribunal ni baremo– del hermano de Pedro Sánchez, se han ido sumando otros tantos atropellos de características muy similares que explican en buena medida las causas de nuestro subdesarrollo.

En el mes de septiembre llamamos a comparecer a la directora general de Función Pública después de que se presentara y obtuviera la plaza en un concurso que organizó su propia dirección general. De nada sirvió pedirle que renunciara a su nuevo puesto por respeto a los parados que huérfanos de padrino acuden cíclicamente a sellar su tarjeta del SEXPE.

De puntillas ha pasado también la imputación por corrupción de otro cargo del PP. Y van más de ochocientos por la misma causa. Esta vez ha sido el alcalde popular de Almendralejo quien a través de la Púnica, según el Juez Velasco, tenía atado un amaño de concurso para destinar más de veinte millones de euros de los extremeños a una empresa de la trama.

Poco después, una diputada y concejala en Calamonte del partido popular declaraba como investigada ante otro presunto delito contra la hacienda pública al figurar como proveedora y beneficiaria de servicios en favor de su panadería familiar mientras era teniente-alcalde del municipio. En pleno fervor bélico, sus compañeros entonaron el «a por ellos» a través de un panfleto buzoneado por todo el pueblo y aireado en las redes sociales, no contra los catalanes, sino contra el periodista que seguía el caso generando la condena inmediata de la Asociación de Prensa de Mérida y de Badajoz.

Paralelamente, los protagonistas de tales ataques a la hacienda pública y a la libertad de información saturaban el registro de la Asamblea de Extremadura con propuestas para ensalzar la unidad de España o los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, cuyas reivindicaciones laborales y sindicales desoyen sistemáticamente. A estas alturas, a nadie se le escapa que es a los españoles y españolas a quienes roban y es la Guardia Civil quien los investiga y detiene.