Hoy

Transparencia local: más ruido que nueces

Una usuario observa el portal de transparencia del Ayuntamiento de Badajoz.
Una usuario observa el portal de transparencia del Ayuntamiento de Badajoz. / Lorenzo Cordero
  • La obligación legal de publicar desde los sueldos del alcalde y los ediles hasta sus gastos de viaje es papel mojado para la mayoría de ayuntamientos de la región

Al alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, le regalaron en la última Navidad un jamón ibérico y una caja de bombones. Pero ni una cosa ni la otra se las comió él. El porcino manjar, enviado el 23 de diciembre por la empresa Grupo Hermanos Martín-Cash Fresh, lo hizo llegar ese mismo día a un comedor social. Y la caja golosa, por gracia de Redexis Gas, se la dio a la prensa.

En España hay costumbres instaladas que han sobrevivido a Internet. Entre ellas, la de mandar un presente al señor alcalde. Solo que ahora, el obsequiador asume el riesgo de que el gesto no quede entre él y el político de turno. La culpa la tiene la Ley de Transparencia, que en el caso de la capital autonómica se cumple con una prestancia desconocida para la mayor parte de la administración local extremeña.

Desde diciembre del año 2015, todos los municipios del país están obligados a publicar en su web una serie de datos, que principalmente tienen que ver con el patrimonio del alcalde y los concejales y con la actividad diaria del Ayuntamiento. Pero en la región, esa normativa es papel mojado en la mayoría de los casos.

De las diez localidades más pobladas de la región, tienen web de transparencia todas excepto Navalmoral de La Mata y Plasencia. Esta última inauguró la suya en febrero de 2016, pero hace tres meses que los servidores se cayeron y la fundación que gestiona la página aún no los ha levantado.

Entre las ocho que sí tienen, lo que manda es la variedad, de manera que poco tienen que ver las webs de Zafra o Montijo, alojadas las dos en un dominio de la Diputación pacense, con la de Cáceres, quizás la más clara de la región, aunque lleva unos días fuera de servicio.

De hecho, según el último índice de Dyntra –una plataforma civil colaborativa dedicada a rendir cuentas a las instituciones públicas–, Cáceres es la ciudad más transparente de Extremadura, pues aporta información en 82 de 151 indicadores.

La segunda es Badajoz, que lo hace en 64, y en los siguientes puestos están Mérida, Plasencia y Villanueva de la Serena. Otro informe, este publicado en noviembre por la Asociación Transparencia Pública a partir de la metodología de Dyntra, coloca a la capital pacense como líder, seguida de Cáceres, Mérida, Plasencia y Don Benito.

En otro barómetro, también de Dyntra, Cáceres y Badajoz ocupan las posiciones 15 y 35 respectivamente en una tabla que analiza la transparencia de las 53 capitales de provincia españolas. En ella, la mejor situada es Vitoria, y la peor, Almería.

El reino de la opacidad

De vuelta a Extremadura, si el análisis se amplía a las quince localidades con más habitantes –son nueve pacenses y seis cacereñas y suman más de la mitad de la población de la comunidad autónoma–, el resultado cambia. Solo Villafranca de los Barros se ha preocupado por este asunto. Las otras cuatro ( Coria, Olivenza, Miajadas y Trujillo) no tienen portal para esta materia.

Y si se desciende aún más, se entra en el reino de la opacidad. Por debajo de los veinte mil habitantes, los consistorios transparentes son la excepción que confirma la regla. Los hay, sí, que tienen su portal, con más o menos datos, pero son un grupo reducido.

Lo ilustra un dato: en una provincia con 161 municipios, son 13 los que utilizan la web ‘Transparencia de las entidades locales de la provincia de Badajoz’. Es un servicio gratuito de la Diputación pacense, que sirve en bandeja a los municipios colgar ahí sus datos. Todo el que quiera, puede rellenar los indicadores que considere, de entre ochenta seleccionados porque son los que emplea como referencia la entidad Transparencia Internacional.

La suma de lo que estos consistorios publican permite a la Diputación elaborar el ranking de transparencia municipal, en el que cada uno de esos pueblos que utilizan la herramienta provincial recibe una puntuación entre cero y cien. Esa nota es más alta o más baja según la cantidad de información que ponen a disposición de cualquier ciudadano con una conexión a internet.

De los trece que aparecen en la clasificación, obtienen más de cincuenta puntos seis: Esparragosa de La Serena (98), Villafranca de los Barros (69), Trasierra (61), Valle de la Serena (59), Hornachos (55) y Reina (50). Los otros siete suspenden, aunque al menos han hecho el intento, lo que ya les diferencia de casi todos los demás. Esos siete son Azuaga (44 puntos), Montijo (40), Manchita (26), Casas de Reina (16), La Coronada (6), Cabeza La Vaca (1) y Casas de Don Pedro (1 punto).

En realidad, todos ellos deberían tener una puntuación más baja, porque es usual que se cuente por rellenado un indicador en el que no hay información, y si la hay está sin actualizar.

Al final, queda claro que el hecho de ocuparse o no de la transparencia es una cuestión de voluntad. Esparragosa de La Serena tiene 1.030 habitantes y cualquiera que acceda a su web puede saber que el alcalde –que nació en el año 1990, está soltero y vive en casa de sus padres– es técnico superior en instalaciones electrotécnicas y además de en ese ámbito, ha trabajado recogiendo fruta y como socorrista. Es del PP, cobra catorce pagas de mil euros líquidos y con estos datos, su ayuntamiento consigue ser más transparente que la mayoría de los que hay en la región.

La voluntad, cuestión clave

El salario del regidor, de hecho, es una de las cuestiones que suelen despertar mayor interés entre los ciudadanos, que son quienes les aúpan al poder y también quienes les desalojan de él. Lo que gana un alcalde es público porque se publica en el Boletín Oficial de la Provincia al inicio de la legislatura, pero entre el común de los contribuyentes no está muy extendida la costumbre de leer el BOP.

De ahí que la Ley de Transparencia exija la publicación de este tipo de datos en la web municipal, un sitio al que sí es más común que accedan los vecinos.

Los ayuntamientos extremeños interesados en ser transparentes tienen varias opciones. Una es añadir a su web un espacio dedicado a este asunto, tal como es obligación por ley. Otro es utilizar las herramientas que las dos diputaciones ponen a su servicio, y que incluyen técnicos expertos en informática. Y una tercera vía es el dominio www.transparencialocal.gob.es, de la administración central.

En esta última dirección hay un mapa en el que aparecen aquellos municipios que tienen o están en vías de tener su propio portal de transparencia. Al hacer zoom sobre Extremadura aparecen once nombres: Pinofranqueado, Cilleros, Moraleja, Acehúche, Portezuelo, Casillas de Coria, Riolobos, Tejeda de Tiétar, Zarza de Montánchez, Cáceres y Villanueva de la Serena. Ahora bien, quitando estas dos últimas, las demás están todavía en pañales, con sus páginas a medias. Aún así, el simple intento les vale para diferenciarse de casi todo los demás. Son los tuertos en el país de los ciegos.

La situación se resume de forma ilustrativa eligiendo pueblos al azar y entrando en sus webs. La norma es que no haya nada. Y si lo hay, es tan poco que se parece mucho a eso, la nada.

Un buen ejemplo es lo que ocurre con muchos municipios de la provincia de Cáceres. Sus webs tienen una maquetación idéntica, porque se trata de una herramienta facilitada por la Diputación Provincial. Tiene cuatro pestañas: Ayuntamiento, Municipio, Administración electrónica y Participación ciudadana. Al pinchar sobre cada una de ellas se despliega un menú. Y al pulsar el ratón sobre ‘Participación Ciudadana’ es habitual que aparezca el epígrafe llamado ‘Transparencia’. Al acceder a él surge un menú de impoluto diseño. Todo muy ordenado y limpio, con una enumeración de ochenta puntos, los ochenta de Transparencia Internacional. Sin embargo, al pinchar en cualquiera de ellos, lo que aparece es una página en blanco. O sea, que los ayuntamientos han cogido la herramienta de la Diputación, la han colocado en su web y punto final. Se han quedado en el molde. Es algo así como si un enfermo va a la farmacia, compra el medicamento que le ha recetado el médico y al llegar a casa lo coloca en una mesa limpia y ordenada y ahí la deja, pero no toma ni una pastilla.

Técnicos a su servicio

«Nosotros les hemos servido las herramientas y les echamos una mano en este asunto, pero hay que tener en cuenta que en muchos ayuntamientos, especialmente en los más pequeños, no andan precisamente sobrados de recursos humanos», reflexiona Ana Garrido, diputada provincial cacereña encargada del área de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación). «Además –amplia–, en cada mancomunidad tenemos lo que se denomina un operador de TIC, que es una persona encargada de ayudar a los ayuntamientos en todo lo que tenga que ver con esta materia, y son personas que están viajando a los pueblos, a echarles una mano en lo que piden».

Es decir, están las herramientas, pero la ley se sigue ignorando. Hay técnicos en la materia disponibles para ayudar a los ayuntamientos, hay software, hay una obligación legal de ser transparente... Pero un paseo sin prisas por la web permite comprobar que la normativa sirve para poco. Y que las sanciones que contempla, o no se ponen o no tienen efecto en el ánimo de los consistorios incumplindores, que en Extremadura, como en el resto de España, son clara mayoría. Con este panorama, la administración local es campo abonado para que nadie se entere de quién le envía jamones ibéricos al alcalde.