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Juan Soriano
Viernes, 26 de mayo 2017, 23:36
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Avances en el caso UPA. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Mérida, encargado de la investigación, ha citado a una docena de trabajadores de la Junta de Extremadura como testigos para conocer cómo se realizaban las inspecciones de los servicios de asesoramiento agrario, sobre los que existen sospechas de fraude.
La instrucción judicial se puso en marcha el pasado mes de noviembre, después de que la Guardia Civil detuviera a siete personas: un técnico de UPA-UCE, un asesor contable y cinco dirigentes de la entidad. Entre ellos Ignacio Huertas, secretario general, y Maximiano Alcón, secretario de Organización. Ambos fueron enviados a prisión provisional.
Tanto la Guardia Civil como la Fiscalía y el juzgado consideran que hay evidencias de fraude en la gestión de ayudas públicas para los servicios de asesoramiento. En concreto, estiman que UPA-UCE montó un operativo contable para captar las subvenciones sin que se llegara a ofrecer la prestación en la extensión requerida, algo que niegan los implicados.
En diciembre fueron detenidas otras tres personas, trabajadores de la organización agraria. En enero se citó a los primeros testigos, quince técnicos y administrativos de UPA-UCE, para conocer cómo se prestaba el servicio de asesoramiento.
En febrero Huertas y Alcón salieron de prisión. En los últimos meses la instructora y la Fiscalía han avanzado en el análisis de la abundante documentación obtenida por la Guardia Civil en los registros de la entidad y aportada por la Junta de Extremadura, la administración que concedía las ayudas.
UPA ha defendido que los servicios se prestaban y ha recalcado que superó las inspecciones de la Junta. Ahora la investigación se centra en ese punto, para lo que se ha citado a los empleados de la Administración regional que hacían estas labores de control, ya que hay dudas sobre su alcance y la forma en que se realizaban.
La semana pasada declaró uno de estos trabajadores y el pasado jueves lo hicieron otros dos. En las próximas semanas pasarán por el juzgado emeritense más encargados de las inspecciones.
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