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José Villa durante su declaración.
El fiscal rebaja la pena máxima por el caso Feval a 17 años y seis meses

El fiscal rebaja la pena máxima por el caso Feval a 17 años y seis meses

El exdirector general, el exadministrador y el exsubdirector están acusados de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y falsedad documental

efe

Jueves, 25 de mayo 2017, 16:55

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El juicio por la supuesta gestión irregular de la Institución Ferial de Extremadura (Feval) ha quedado este jueves visto para sentencia, en un sesión en la que el fiscal ha rebajado en cuatro años la pena de cárcel que pedía para el principal acusado, el exdirector general José Luis Viñuela.

En sus conclusiones definitivas, el fiscal ha mantenido la solicitud de penas para los otros dos acusados, el exadministrador general Juan Cerrato y el exsubdirector general José Villa, de 11 años y seis meses y de 9 años y seis meses de prisión, respectivamente.

Los tres están acusados por el Ministerio Público de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y falsedad documental.

La acusación particular (Feval) ha elevado a definitiva su petición de 14 años de cárcel para los tres y la popular, ejercida por el PP, ha reducido a 20 años el castigo de cárcel que solicitaba para los acusados, mientras que las defensas han pedido la libre absolución.

Feval ha elevado la responsabilidad civil que solicitaba en 20.000 euros, hasta más de 201.000 euros en el período 2005-2009, tras las correcciones que ha hecho la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a su informe sobre el desfase en las cuentas.

El fiscal y las acusaciones han puesto de manifiesto durante el juicio que se maquillaban las cuentas de la caja del Departamento de Administración para intentar cuadrar los asientos con el dinero en efectivo que había en ella, grandes cantidades procedentes de bodas o de las ferias que se celebraban.

Además, consideran que se troceó ilegalmente el contrato para la puesta en marcha del Centro de Emprendimiento, que en total superaba los 127.000 euros, y que la empresa Everis fue la adjudicataria en un procedimiento negociado sin publicidad al que se presentaron ofertas falsas.

También se les acusa de vulnerar la ley de contratación pública, al no sacar a licitación durante muchos años los servicios de limpieza y de montaje de ferias, lo que hubiera supuesto un importante ahorro. El segundo de ellos era además verbal.

En el caso de Viñuela y Villa, están acusados de usar trabajadores de mantenimiento de Feval para labores de jardinería o pintura en su finca, y el primero de ellos de utilizar a otro empleado de la institución como chófer a pesar de que este puesto no existía.

"Da la impresión de que han confundido un consorcio público con la casa del pantano", ha resumido su actuación el letrado de Feval, en referencia a esa finca, y de funcionar los tres como un "equipo".

El abogado del PP, que interpuso la denuncia que abrió el caso judicial, les ha acusado también de delitos de fraude y de organización criminal.

Este letrado ha advertido, además, del gasto injustificado de 355.000 euros en obras de arte que quedaron amontonadas y en unas instalaciones deportivas que incluían una piscina de burbujas, cuya inversión se desconoce, fuera del objeto social de la entidad.

Las tres defensas han coincidido en el sesgo "político" que tiene el caso y han pedido la nulidad de la prueba que lo justifica, la hoja 'Excel' con anotaciones contables extraoficiales que aportó el PP en su denuncia.

Han puesto en duda que fuera obtenida por medios lícitos, pero, una vez incorporada, han subrayado que no se ha podido cotejar con otros documentos para autentificarla. Es una prueba "contaminada", ha aseverado el abogado de Cerrato.

En este sentido, han dicho que faltan los documentos en los que la UDEF basó su informe.

En opinión del letrado de Villa, el procedimiento está "viciado" desde el primer día, ya que en la instrucción de la causa no se les han imputado delitos que después han ido a juicio, lo que afecta a su derecho a la defensa.

Para el fiscal, no cabe duda de la veracidad de la hoja "Excel" y ha rechazado que hubiera "persecución política", ya que fueron despedidos en base a los resultados de la auditoría de ATD, elaborada antes de las elecciones de 2011.

La vista ha comenzado este jueves con las declaraciones de los peritos de la policial judicial, Hacienda y de las auditoras ATD y Deloitte, además del experto en contabilidad propuesto por la defensa de Cerrato.

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