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Estación depuradora en Peraleda de la Mata, inaugurada en 2010. :: HOY
Más de 130.000 extremeños viven en pueblos que no depuran sus aguas

Más de 130.000 extremeños viven en pueblos que no depuran sus aguas

Pese a la normativa europea, todo lo que tragan sus alcantarillas, váteres o fregaderos va directamente a ríos o arroyos

J. LÓPEZ-LAGO

Lunes, 22 de mayo 2017, 00:36

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Una de las carencias de muchos pueblos extremeños es que no tienen medios para depurar sus aguas. Esto ocurre en 274 núcleos urbanos, de los cuales 119 pertenecen a Badajoz y 155 a Cáceres. Puede parecer que es simplemente una desventaja más de vivir en un municipio pequeño. Pero en este caso no hay que olvidar que todo lo que se vierte a un río o arroyo afecta a todos los que viven aguas abajo.

El acuerdo sobre inversiones en infraestructuras de Extremadura para el periodo 2017-2020 dedica un apartado al ciclo del agua. Habla de abastecimiento, de encauzamientos y en su sección de saneamiento y depuración de aguas residuales señala que Extremadura tiene registrados actualmente 384 municipios que componen un total de 600 núcleos urbanos. Y añade que en un 45% de estos núcleos, ubicados en 230 municipios, sus vertidos de aguas residuales no son depurados. Esto significa que todo lo que tragan sus alcantarillas, fregaderos o tazas de váter va a parar directamente al río o al arroyo más cercano.

El dato suena alarmante, pero analizando la población el porcentaje de afectados apenas supone el 12,67%. En cualquier caso, viven en un lugar que no depura sus aguas residuales 136.505 extremeños. «En consecuencia -apunta el informe de la Junta- el grado de implantación de las instalaciones de depuración es alto, aunque las necesidades, significativas y altamente necesarias».

Usando la perspectiva de población equivalente el dato es algo mayor. Este concepto tiene en cuenta que además de la contaminación debida a las vertidos domésticos hay otro tipo de contaminación debida a industrias, fábricas y negocios. Así, Extremadura tiene 1.077.598 habitantes reales y 1.965.992 habitantes equivalentes. Y si los habitantes que viven en lugares que no depuran sus aguas residuales son 136.505, en habitantes equivalentes la cifra se eleva a 272.910.

La Directiva Marco del Agua (DMA) fue un paso que dio la Unión Europea en el año 2000 respecto a la gestión y protección de las aguas, un recurso que considera esencial para la humanidad pues genera y mantiene el crecimiento económico asegurando la prosperidad de las regiones. Por todo ello, Bruselas dio un plazo máximo para que en 2015 todos los municipios dispusieran de algún mecanismo que depure sus aguas, siempre prevaleciendo criterios geográficos y de formaciones hidrológicas pues un río suele recorrer muchas fronteras y lo que se ensucia aguas arriba afecta aguas abajo.

Sobre esto hay una normativa que fija discriminaciones legales, principalmente relacionadas con el tamaño de la población. Y a la luz de los datos expuestos anteriormente queda claro que Extremadura ya llega tarde.

La Administración autonómica ha detectado que en núcleos de menos de 2.000 habitantes no tienen estación depuradora de aguas residuales (EDAR) 215 y sí disponen de ella en 123. En el tramo de núcleos de entre 2.000 y 10.000 habitantes carecen de depuradora 59 de ellos y sí la tienen 123. El resto, ya de mayor tamaño y que son 27 poblaciones tienen todas su estación depuradora de aguas residuales.

Inversiones de la Junta

La Junta es consciente de que el incumplimiento de directivas por verter agua sin depurar a los cauces supondría graves sanciones económicas a España que a su vez las traslada a las comunidades autónomas incumplidoras.

«Ello se traduce en una importante y urgente necesidad de inversión directa, en construcción de nuevas plantas y en adaptación de existentes. Inversión que, por su importancia, debe ser adecuadamente planificada y, lo que es más importante, distribuida en el tiempo para no generar una carga insoportable sobre los presupuestos de la Consejería de Economía e Infraestructuras», reconoce el informe sobre inversiones de la administración autonómica.

Teniendo en cuenta esta realidad, la Junta ya ha fijado 63,5 millones para inversiones en saneamiento y depuración. La mayor parte del dinero procede de fondos europeos Feder. Hasta 2020 afecta a 52 municipios y en 14 de ellos la partida ya se asignó en los presupuestos de 2016. En algunos casos la estación de depuración está en ejecución (Fuenlabrada de los Montes, Berlanga, Segura de León, Madrigalejo o Logrosán). Y en otros está pendiente de licitación (Serradilla), misma situación que las mejoras previstas en las depuradoras de Mérida o Navalmoral de la Mata. Además, hay siete municipios en los que las depuradoras sufrieron variaciones en cuanto al origen de la financiación, de ahí los retrasos en la ejecución.

En cuanto al presupuesto de este año se contemplan partidas para actuaciones en este campo, ya sea una depuradora o un colector nuevo, en Jaraicejo, Villanueva de la Serena, Campanario y Villagonzalo.

Asimismo, en 32 municipios estas estaciones depuradoras -o colector en algún caso- la Junta plantea incluir su coste en los presupuestos de 2018 y otra, como la de Helechosa de los Montes, en los de 2019.

Abastecimiento y cauces

Pero además del saneamiento y la depuración, las otras dos cuestiones hidrológicas que atenderán las inversiones de la Junta de Extremadura tienen que ver con el abastecimiento y el encauzamiento. Para lo primero tiene un importe disponible de 22,4 millones de euros y para lo segundo de seis millones.

Hay que tener en cuenta que en cuanto a abastecimiento el problema es menor desde el punto de vista de que a todos los municipios de la región llega agua potable. En el diagnóstico realizado por la Junta se habla sin embargo de renovar algunos depósitos en mal estado, generalmente porque la edad media de estas infraestructuras supera los 30 años en un gran número de casos.

La otra cuestión a mejorar tiene que ver con las características de las conducciones que transportan el agua, que en el 43% de su longitud son de fibrocemento, en el 34% de fundición, en el 12% de PVC y de otros materiales en el 11%.

En cuanto a encauzamientos, la Junta hizo en 2008 un amplio estudio para detectar posibles peligros tanto para personas como bienes materiales por avenidas de agua, sobre los cuales la Junta actuará teniendo en cuenta estos criterios y también que en esta cuestión no existen fondos europeos Feder.

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