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La Fiscalía pide cárcel para una alcaldesa y un concejal por un accidente laboral

Piedad Rodríguez, alcaldesa de Ribera del Fresno. :: HOY
Piedad Rodríguez, alcaldesa de Ribera del Fresno. :: HOY
  • Estima que un operario se electrocutó porque los mandatarios de Ribera del Fresno incumplieron la Ley de prevención de riesgos

La Fiscalía de Mérida solicita una pena de dos años y tres meses de prisión para la alcaldesa de la localidad pacense de Ribera del Fresno, Piedad Rodríguez Castrejón, y para el concejal Santiago Lavado por un accidente laboral que sufrió un empleado municipal en el año 2015. Asimismo, reclama la inhabilitación especial para ambos durante el tiempo de la condena.

Rodríguez es alcaldesa de Ribera del Fresno por el PSOE desde junio de 2011, tras imponerse en las municipales de ese año. En 2015 volvió a ganar y repitió en el cargo con el apoyo del Grupo Independiente.

Según el escrito de conclusiones provisionales elaborado por la Fiscalía, el 15 de abril de 2015 un oficial electricista del Ayuntamiento estaba realizando tareas consistentes en la colocación de brazos auxiliares en farolas para mejorar la eficiencia del alumbrado público en los exteriores del pabellón municipal.

Para llevar a cabo estos trabajos, el Ayuntamiento había facilitado un camión basculante al que se le había incorporado una grúa hidráulica articulada montada detrás de la cabina. En el brazo se había acoplado una cesta, desde la cual los empleados podían instalar los focos.

La Fiscalía reseña que el Consistorio no había elaborado un procedimiento sobre la realización de trabajos en tensión. Además, afirma que el empleado municipal no había sido debidamente formado e informado en materia de prevención de riesgos laborales ni en el manejo de la grúa. Junto a esto, apunta que el trabajador no estaba cualificado ni autorizado para realizar ciertas tareas con riesgo eléctrico.

Pese a ello, el oficial manejó desde el suelo los controles de la grúa, que estaba aparcada entre la farola donde se iban a realizar los trabajos y una línea aérea con una carga de 15.000 voltios propiedad de la compañía Sociedad eléctrica Ribera del Fresno. El tendido se encontraba en tensión, puesto que nadie del Ayuntamiento había comunicado que se iba a trabajar en la zona.

El oficial realizó la maniobra de elevar la cesta con otros dos trabajadores en su interior para situarlos junto a la farola. Pero, debido a la falta de información y a la carencia de procedimientos al respecto, no respetó la distancia de seguridad entre la parte superior de la grúa y la línea de media tensión, lo que causó un arco eléctrico que le afectó.

Como consecuencia del accidente, este trabajador sufrió lesiones consistentes en electrocución con quemaduras en el 29,5% de la superficie corporal (en las cuatro extremidades y en la espalda), siendo un 7,5% de ellas profundas, por las que fue sometido a tratamiento médico, quirúrgico mediante autoinjertos, ortopédico y rehabilitador. Para su curación requirió 556 días, con 22 de hospitalización y 534 impeditivos.

Además del perjuicio estético, permanece como secuela la afectación del 7,5% del sistema cutáneo, así como la incapacidad permanente total para su profesión habitual.

Derechos de los trabajadores

Para la Fiscalía, tanto la alcaldesa como Santiago Lavado, en aquel momento concejal delegado de Urbanismo y en la actualidad de Agricultura, incumplieron sus obligaciones respecto a los trabajadores municipales, ya que indicaron al oficial que realizara las tareas citadas a pesar de que no contaba con la cualificación necesaria ni formación sobre el manejo de la grúa ni equipos de protección individual.

Por ese motivo, considera que son autores de un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso con otro delito de lesiones por imprudencia grave. Para la Fiscalía, se vulneraron varios artículos de la Ley de prevención de riesgos laborales, así como la normativa estatal sobre seguridad en labores con riesgo eléctrico.

Por todo ello, estima que debe fijarse para los dos encausados dos años y tres meses de prisión y multa de once meses con una cuota diaria de 15 euros. También la pena accesoria de inhabilitación especial, durante el tiempo de la condena, para el cargo de alcaldesa a Piedad Rodríguez y de concejal a Santiago Lavado. Asimismo, reclama que indemnicen de forma conjunta y solidaria al trabajador que sufrió el accidente con 29.418 euros por las lesiones sufridas y 60.276 euros por las secuelas. De dicha cantidad sería responsable de forma directa la compañía de seguros con la que el Consistorio tenía concertado un seguro de responsabilidad civil y, subsidiariamente, el Ayuntamiento de Ribera del Fresno.

Piedad Rodríguez señala a HOY que desconoce la acusación de la Fiscalía, por lo que ha rechazado ofrecer una valoración al respecto a la espera de recibir la notificación.