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Las gasolineras automáticas recurrirán si se aprueba la ley que exige tener empleados

Usuarios repostan en una estación de servicio en Mérida. ::
Usuarios repostan en una estación de servicio en Mérida. :: / BRÍGIDO
  • La asociación regional de estaciones de servicio se muestra a favor de la medida para evitar la destrucción de puestos de trabajo

La Asociación nacional de estaciones de servicio automáticas (Aesae) llevará a los tribunales, en caso de que se apruebe, la ley que propone la modificación del Estatuto de los Consumidores de Extremadura para exigir la presencia de al menos un empleado en las llamadas gasolineras desatendidas.

La Asamblea de Extremadura tramita una propuesta de ley del PSOE por la cual, por motivos de seguridad y para atender a personas con problemas de movilidad, todas las gasolineras deberán disponer, mientras estén abiertas y en horario diurno (de 7.00 a 22.00 horas), al menos de un responsable de los servicios que se prestan. También señala que las personas con alguna discapacidad deberán ser atendidas. Asimismo, en el caso de cooperativas agrícolas que sirven al público en general, tendrán que contar con un trabajador a disposición del usuario.

La Comisión de Sanidad de la Asamblea acogió ayer las comparecencias de personas o entidades que, a petición de los grupos parlamentarios, puedan aportar alguna cuestión sobre la materia. Estaba prevista la presencia del presidente de Aesae, Manuel Jiménez, quien afirmó que no podía asistir hasta pasadas las 14.00 horas. Sin embargo, los representantes parlamentarios decidieron no esperar y le pidieron que hiciese sus aportaciones por escrito.

Manuel Jiménez señala que Aesae cuenta con seis asociados en Extremadura, donde funcionan en torno a una docena de estaciones desatendidas, una de las modalidades recogidas en la legislación estatal junto a las atendidas y las de autoservicio, que también se verían afectadas por la nueva norma.

A su juicio, la propuesta supone una vulneración de la legislación estatal y de la libre competencia, por lo que, en caso de que se apruebe, Aesae recurrirá la norma ante los tribunales y llevará el asunto a la Unión Europea. Jiménez recalca que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha anulado un artículo de un decreto de esa comunidad que exigía la presencia de personal en las estaciones de servicio porque considera que contradice la ley nacional.

En su opinión, no hay argumentos que avalen legislar contra las gasolineras desatendidas. A su juicio, los problemas de seguridad no dependen del trabajador, sino de los medios que se empleen. En concreto, señala que las estaciones automáticas cuentan con sistemas de detección y extinción de incendios. En cuanto al servicio a discapacitados, afirma que no se exige la presencia de personal, sino que hay que cumplir las leyes sobre accesibilidad.

Para quienes plantean que estas instalaciones suponen pérdida de puestos de trabajo, apunta que también la banca y las agencias de viajes han sufrido las novedades tecnológicas sin que se regulara al respecto. Y recalca que la mayor destrucción de empleo en este sector se produjo cuando las estaciones atendidas pasaron a ser de autoservicio y durante la crisis económica.

Además, destaca que en aquellas provincias donde hay estaciones desatendidas los precios son más bajos. «Trasladamos al mercado un efecto beneficioso, la posibilidad de comprar el carburante más barato», indica. Según afirma, un informe de la Comisión Nacional de la Competencia recogía diferencias de hasta 13 céntimos por litro, lo que implica ahorro y dinamización del consumo. Sin embargo, la obligación de contar con personal obligaría a contratar a unas tres personas y media por gasolinera para cubrir turnos y vacaciones. Estima que esto supondría un coste de 70.000 euros al año y por tanto llevaría al cierre de estos negocios.

Todos a favor

En la Comisión de Sanidad también compareció Fernando Mena, presidente de la Asociación regional de empresarios de estaciones de servicio de Extremadura (Aresex) y que representa a unas 80 gasolineras. Se mostró a favor de la propuesta legal y de que haya personal por motivos de seguridad (limpiar derrames, por ejemplo), atención a personas con movilidad reducida y cuestiones administrativas (para evitar llenar garrafas, algo que está prohibido).

También indicó que, de proliferar las estaciones automáticas, las gasolineras atendidas no cerrarán, pero se verán obligadas a despedir personal. Lorenzo Florencio, presidente de Iberdoex, que agrupa a más de 60 estaciones de servicio, expuso argumentos similares y aseguró que se podría perder hasta el 50% del empleo actual para poder competir en precios.

Jesús Gumiel, de Cocemfe, apoyó la reforma legal para asegurar la atención a las personas con discapacidad. Los representantes de Facua, Uce Extremadura y CC OO también apoyaron la propuesta para defender los derechos de los consumidores y evitar la pérdida de empleo.