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De la alcaldía al juzgado

De la alcaldía al juzgado

La foto de un alcalde ante un juez se ha hecho tan común que coloca sobre la mesa una duda: ¿Asistimos a la multiplicación de los corruptos o la deriva se explica por otras razones?

Antonio J. Armero

Domingo, 2 de abril 2017, 00:26

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Carmen Heras, José María Saponi, Elia María Blanco, José Villegas, Ramón Palomino, Domingo Galán, Melecio Solís, Luis Miguel Vacas, Agustín Tovar, Bernardino Píriz, Alberto Cañedo, Antonio Galván, Manuel Sánchez Custodio, Antonio Blázquez, Juan Luis Rey... Son alcaldes extremeños cuyos nombres han aparecido en sumarios judiciales, algunos en casos ya finiquitados y otros aún por resolver. Los hay condenados y absueltos; de ciudades, de municipios grandes y de pueblos pequeños; del PSOE, del PP y ni de un partido ni de otro... En la lista hay incluso varios municipios que están representados por el regidor actual y el anterior. La relación es tan larga y rica que cabe plantearse si el motivo es que el número de delincuentes -en su definición académica- con bastón de mando se ha multiplicado o si la proliferación se explica por otras razones.

«De las tres últimas legislaturas conozco a unos 250 alcaldes de mi partido, y ninguno de ellos ha sido condenado por corrupción», resume Alfredo Aguilera, abogado, alcalde de Malpartida de Cáceres, diputado provincial y presidente del foro de alcaldes del PP cacereño. «El de alcalde -afirma- es el cargo público en el que se está más expuesto, porque quitando los de las localidades más grandes, la mayoría no dispone de asesores o técnicos expertos en determinadas materias, y sin embargo, su grado de responsabilidad ante la ley es grande».

Él gobierna una localidad de 4.268 habitantes y calcula que firma a diario de quince a veinte resoluciones. «Si un día te ausentas, ya tienes cuarenta». No cuarenta folios, sino cuarenta expedientes. Y a veces, eso equivale a una montaña de papeles. Que hay regidores que estampan su rúbrica en esos documentos oficiales sin haberlos leído está asumido. Y que hay alcaldes y concejales que no andan sobrados de formación, también. En Extremadura y en las demás regiones españolas. En consistorios de una ideología y de otra.

Basta con echar un vistazo a la lista de pueblos de la comunidad cuya máxima autoridad ha tenido que dar explicaciones a la justicia en la última década: Cáceres, Plasencia, Mengabril, Carcaboso, Calzadilla de los Barros, Navalvillar de Pela, La Morera, Madroñera, Monterrubio de la Serena, Jaraíz de la Vera, Pinofranqueado, Torrejón El Rubio, Plasenzuela, Zarza de Montánchez, Torremocha, Guijo de Santa Bárbara, Losar de la Vera, Nogales, Salvaleón, Navalvillar de Ibor, Olivenza, Burguillos del Cerro, El Gordo...

La relación es amplia en cantidad y en diversidad. La causa contra José Villegas, exalcalde socialista de Plasenzuela, fue archivada tras cinco años y ocho meses de trámites judiciales. Nicomedes Delgado, exregidor de Mengabril por el mismo partido, fue condenado a dos años de prisión por malversación (sustraer o consentir que lo haga un tercero caudales o efectos públicos que tiene a su cargo), al ordenar pagos injustificados. Luis Miguel Vacas, exalcalde socialista de Torrejón el Rubio, fue declarado culpable de un delito continuado de prevaricación administrativa, al interferir en convocatorias de empleo para beneficiar a su mujer y a hijo. Antonio Galván, alcalde de Calzadilla de los Barros por el PP, está siendo juzgado por presuntos empadronamientos irregulares. Su compañero de partido Álvaro Arias, regidor de Valdefuentes, fue denunciado por un vecino que aseguraba que le había insultado. En el juicio se vio que había sido al revés, que el agraviado fue el político, que resultó absuelto y el denunciante condenado.

La foto del alcalde declarando ante un juez empieza a ser tan familiar que surge la duda sobre los motivos de esta tendencia. ¿Asistimos en los últimos años a la multiplicación de los corruptos? «No», opina Emilio Cortés, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, exdecano de la facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura y abogado especialista en asuntos penales. «En España -apunta-, la corrupción existe como concepto sociológico o periodístico, pero no como concepto legal». «Se ha instalado la costumbre de aplicar la palabra corrupción a cualquier caso en el que hay un funcionario público, con el añadido de que cuando hay un político de por medio, el partido contrario se encarga de amplificar esa lectura equivocada de que estamos ante un caso de corrupción».

Código Penal disparatado

En su opinión, «el sistema judicial ha rebajado la carga probatoria en este tipo de casos». Es decir, se ha vuelto laxo, menos exigente de lo que debería, a la hora de analizar las pruebas que apoyan sentencias condenatorias. Además, «el Código Penal es disparatado, completamente loco», asegura Cortés, que defiende una máxima: «No podemos pedir a los políticos lo que es exigible a los técnicos». «Se achaca a los políticos -añade- las conductas o las omisiones de los técnicos». «Yo no sabría decir -concluye el abogado- si estadísticamente hay más políticos que han hecho las cosas mal a sabiendas o por desconocimiento, pero sí digo que prima la falta de celo por parte de los técnicos».

En este sentido, cita un auto del Tribunal Supremo de abril del año pasado, en un juicio en el que se acusaba a María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz) de prevaricar (dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es) por haber firmado contratos con tres empresas de la trama Gürtel para concursos públicos que aún no habían sido convocados. En su auto, el juez Antonio del Moral defiende que «no es exigible que el alcalde de un ayuntamiento como Jerez de la Frontera contraste y coteje con cada expediente todas y cada una de las decisiones que firma».

Entre los últimos encausados a los que Emilio Cortés ha defendido está Carmen Heras, alcaldesa de Cáceres por el PSOE en la legislatura 2007-2011. Esos cuatro años al frente del gobierno municipal le valieron -entre otras muchas cosas, claro está- para tener que ir a declarar ante el juez en cuatro casos distintos. Dos de ellos han sido archivados: el de la cantera La Pedregosa y el de la urbanización Ceres Golf. Tanto en uno como en otro compareció ante el juez su predecesor en el cargo, José María Saponi, del PP. Y en el de Ceres Golf, también su sucesora, la popular Elena Nevado.

En el caso del festival Urban Screens, Heras fue condenada a ocho años de inhabilitación para cargo público por prevaricación al fraccionar facturas indebidamente, aunque está pendiente de que se resuelva su recurso ante el Tribunal de Estrasburgo. Y en septiembre regresará al juzgado, esta vez por el caso de las molestias a vecinos debido al ruido de varios pubs y discotecas del barrio de La Madrila.

En él abrió la primera discoteca de Cáceres -Faunos, a principios de los años setenta-, cuando ninguna ley española contemplaba que el ruido pudiera ser un motivo de delito. Este concepto no se incorporó al Código Penal hasta 1995, y la primera sentencia por la vía penal es de 2003, con una discoteca de Palencia como protagonista. Ese fallo abrió el camino a otros. En Extremadura, Emilio Gómez (del SIEX) y Juan Luis Rey (PSOE), exregidores de Villanueva del Fresno y Talavera La Real, fueron sentenciados en 2005 y 2007, respectivamente, a un año de cárcel y siete de inhabilitación por prevaricación ambiental. O sea, por no hacer todo lo que debían para evitar las molestias a los vecinos, que es una de las conductas que más alcaldes está llevando a sede judicial, junto con los asuntos de urbanismo y los de contratación pública.

«¿Un problema de ruidos entre vecinos es una cuestión pública o privada?», se plantea Alfredo Aguilera. «El vecino denuncia, acude la Policía Local y resulta ser un conflicto entre vecinos, pero la ley no es blanca o negra, deja lugar a las interpretaciones, y al final, el alcalde o el concejal se pueden ver ante el juez». «El alcalde se puede equivocar en el ejercicio de su función, y eso no significa que sea un corrupto», expone el regidor de Malpartida de Cáceres.

«Denostados»

Él lamenta «lo denostada que está la clase política», para quien «no existe la presunción de inocencia», y defiende que los cargos públicos no deberían dimitir si no son condenados. «Si te absuelven, ¿quién te resarce del daño causado», se pregunta Aguilera, que es uno de los abogados que asiste a alcaldes del PP cacereño cuando tienen alguna duda sobre cuestiones legales. La formación dispone de un grupo -el GAM, Gabinete de Asesoría Municipal, que no está constituido formalmente pero sí funciona en la práctica- dedicado a atender las consultas de los regidores, que al inicio de cada legislatura reciben un cursillo sobre asuntos básicos relacionados con su cargo, en particular sobre derecho urbanístico y presupuestos. «Sí que últimamente recibimos más consultas en el grupo de asesoramiento, particularmente de los alcaldes nuevos, los que fueron elegidos en el año 2015», comenta Aguilera, que tiene claro cuál es el consejo principal que él daría a los gobernantes locales. «Ante la más mínima duda -recomienda-, que pregunten al secretario, y a ser posible, que este les mande un informe escrito; con que se lo envíe por correo electrónico es suficiente».

Su invitación señala a dos figuras claves en este escenario: el secretario municipal y el interventor. «Hay localidades a las que el secretario-interventor va dos o tres días por semana, y hay temas para los que el alcalde no puede esperar», plantea Aguilera, que añade una nota más. «No todos los asuntos -recuerda- pasan siempre por el secretario, y no siempre los secretarios informan de todo». Él, además, cree que «es una barbaridad que la disciplina urbanística esté en manos de los alcaldes». «¿Qué alcalde va a poner a un vecino una multa de 150.000 euros o va a ordenar que le tiren la casa, cuando sabe que le estaría arruinando la vida?», expone el dirigente popular, que cree que esta competencia debería ser autonómica.

En el PSOE extremeño -HOY pidió hablar con alguien que ejerciera habitualmente de interlocutor con los gobernantes locales para este tipo de asuntos, pero tal solicitud no fue atendida-, explican por escrito que «las comisiones ejecutivas provinciales centralizan a través del servicio de asesoría jurídica especializado cualquier disfunción que se pueda producir en la acción de gobierno de cualquiera de los alcaldes socialistas». «Este servicio -añade el departamento de prensa del partido- trabaja en colaboración con la secretaría de organización y la secretaría de política municipal». «Normalmente -concluye- estos servicios se prestan a los ayuntamientos de localidades con menos de veinte mil habitantes. En el caso de las grandes ciudades y en función del asunto a tratar, puede derivarse a la Comisión Ejecutiva Regional».

Para esos sitios, los más poblados de la comunidad autónoma, nunca faltan candidatos a ser alcalde. Ni en el PSOE ni en el PP. Otra historia son los pueblos pequeños. Ahí, los partidos tienen más problemas para encontrar voluntarios. «Cuesta más por diferentes motivos, y uno de ellos, sin duda, es el aumento de los casos de alcaldes inmersos en causas judiciales», analiza Alfredo Aguilera, que concede un mérito especial a quienes dan el paso. «Ser alcalde -concluye- es para valientes».

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