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La carrera profesional a los interinos le puede costar a la Junta un millón de euros

La carrera profesional a los interinos le puede costar a la Junta un millón de euros

Administración Pública recurre las dos primeras sentencias emitidas en la región que reconocen el derecho de los trabajadores al cobro de este complemento

Ana B. Hernández

Martes, 21 de marzo 2017, 23:25

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La Consejería de Hacienda y Administración Pública aseguró ayer que ha recurrido los dos primeros fallos judiciales que se han dictado en la región y que obligan a la Junta a pagar la carrera profesional a los interinos con más de cinco años de antigüedad. Porque hacer frente al pago de este concepto a los 1.298 empleados que trabajan en la Administración General y que cumplen estas condiciones le supondría a la Junta un gasto superior al millón de euros cada año.

La carrera profesional es un complemento negociado entre la administración y los sindicatos que, en el caso de la Administración General de la Junta, establece cuatro niveles en función de la antigüedad que vayan logrando los trabajadores. El acuerdo se alcanzó en 2008 y dos años después comenzó a pagarse el primer nivel (cinco años de antigüedad) a los funcionarios de carrera y a los laborales fijos.

Sin embargo, la normativa europea dictada en este tiempo establece que no se debe discriminar a unos empleados públicos con respecto a otros en función de la temporalidad de sus contratos. Es el motivo por el que en otras comunidades autónomas, interinos con más de cinco años de antigüedad han logrado sentencias favorables y motivo también por el que el pasado 1 de marzo se dictaron en Extremadura los dos primeros fallos en este sentido.

En ambos, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Mérida obliga a la Junta a pagar la carrera profesional a los dos demandantes, que decidieron acudir a la vía judicial después de ser desestimadas sus peticiones en vía administrativa. Se trata de interinos que llevan trabajando en la Junta de forma ininterrumpida desde 2005 en un caso y desde 2008 en el otro. Y razón por la que el juez ha fallado en su favor.

«Actualmente se está siguiendo una línea esencialmente jurisprudencial tendente al reconocimiento de determinados derechos a los funcionarios interinos que hasta ahora le venían siendo denegados», reconoce el magistrado en sus fallos.

Porque tanto la normativa europea como las sentencias que emanan de ella, «exigen que se excluya toda diferencia de trato entre los funcionarios de carrera y los funcionarios interinos basada en el mero hecho de que éstos tienen una relación de servicio de duración determinada».

Por este motivo, en el caso extremeño, las sentencias han sido favorables a los interinos con más de cinco años de antigüedad. Porque, tal como explica el juez, la administración rechaza el pago «por el mero hecho de ser un trabajador interino, criterio que se opone a la normativa europea y a la jurisprudencia».

Entre 700 y 1.500 euros

En idéntico caso que los dos empleados que cuentan ya con las sentencias favorables, que la Junta asegura que ha recurrido ante el TSJEx, hay 1.298 empleados en la Administración General. Todos ellos interinos con más de cinco años de antigüedad, según los datos de Función Pública, que tendrían por ello derecho al cobro del nivel 1 de la carrera profesional, que establece el pago anual de entre 700 y 1.500 euros en función del grupo al que pertenezca el empleado. Desde el grupo A (titulados superiores) hasta el E (graduado escolar). Por lo que la Junta deberá destinar más de un millón de euros al pago de la carrera profesional a estos interinos en el caso de que el TSJEx confirme las dos sentencias recurridas.

Algo que Sgtex, sindicato cuyos servicios jurídicos han logrado los fallos favorables, no tiene duda de que ocurrirá. «Porque el Supremo ya ha rechazado el recurso de casación interpuesto por el Gobierno de Valencia y confirmado las sentencias emitidas en esta comunidad en favor de los interinos», argumentó ayer Juan Agustín Trocolí, secretario de comunicación de la central. Por ello, considera que el recurso de la Administración es «absurdo y sin sentido alguno; nadie entendería que la Junta recurriese con el único fin de dilatar en el tiempo el reconocimiento de un derecho que, tarde o temprano, los tribunales le obligarán a cumplir».

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