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Navarro acusa al Ministerio de actuar en "fraude de ley" con la mina de Aguablanca

  • El consejero de Economía e Infraestructuras ha descartado acudir a los tribunales

El consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, ha acusado hoy al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) de actuar en "fraude de ley" en el procedimiento para la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la mina de níquel de Monesterio (Badajoz).

Navarro ha comparecido hoy en una rueda de prensa, después de mantener lo que ha calificado de "prudente silencio", con el fin de contestar a los "intentos burdos de falsear la realidad" por parte de los populares extremeños y la delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera.

Las declaraciones del consejero se han producido un día después de que se conociera que la empresa propietaria de la mina, Sacyr Valoriza, haya pedido una ampliación del plazo para contestar al cuarto requerimiento de documentación por parte del MAPAMA respecto a la DIA para la explotación subterránea del yacimiento de Aguablanca.

En este sentido, Navarro ha precisado que a la vez que se le concedía el aplazamiento, se emplazaba a la empresa a ampliar la información relativa a las actividades de restauración, cierre y clausura.

El titular de Economía ha expuesto las "contradicciones" de los populares, que en 2013 sacaron dos leyes dirigidas a agilizar y simplificar los trámites administrativos: la de Garantía de Unidad de Mercado y la de Evaluación de Impacto Ambiental.

Esta segunda norma establece cuatro meses para resolver y una prórroga de dos para casos excepcionales, plazos que el MAPAMA está usando de forma "fraudulenta" para poner el "contador a cero" y volver a empezar, ha recalcado.

A pesar de que ha asegurado que está actuando en "fraude de ley", porque la manera de proceder de Madrid va en contra del "espíritu" de la norma, ha descartado acudir a los tribunales.

"El Ministerio está siendo muy cuidadoso y siempre manda el nuevo requerimiento cuando todavía no se han cumplido los cuatro meses que tiene para resolver", ha contestado a pregunta de los periodistas.

Por lo que los jueces, que interpretan hechos y no intenciones, ha advertido, podrían decir que se ha cumplido la ley.

Navarro ha insistido en que en este caso hay una "voluntad política" de perjudicar a Extremadura y no ha dudado de las intenciones de la empresa, que, a su juicio, está demostrando "diligencia" ante los requerimientos que se le hacen.

Ha insistido en que las "responsabilidades políticas" son del Gobierno de España, ya que el procedimiento para llevar a cabo la explotación subterránea, menos impactante que la que ha tenido Aguablanca a cielo abierto, se inició en 2014 y la solicitud de la DIA se presentó ya en julio de 2015.

Aunque ha insistido en que lo importante no es el número de requerimientos, cinco con el conocido ayer, se ha preguntado por qué la información que se pide el 8 de febrero sobre la calidad del agua no se hizo desde el principio.

La "única explicación" que encuentra el consejero a la manera de proceder del MAPAMA es que alguien haya decidido "aburrir" a la propietaria de la mina, que gaste dinero, esfuerzo y tiempo, para conseguir que no conteste más y poder decir: "¡Ah, yo no he sido; ha sido la empresa".

Navarro no se ha pronunciado sobre la petición de dimisión de la delegada del Gobierno por parte de los sindicatos UGT y CCOO.