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Este método de reproducción asistida pasa por la participación de una mujer gestante. :: hoy
Cara y cruz del 'vientre de alquiler'

Cara y cruz del 'vientre de alquiler'

Legalidad y ética envuelven un método de reproducción que hoy continúa prohibido en España

ANA B. HERNÁNDEZ

Domingo, 19 de febrero 2017, 00:35

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Maternidad subrogada, alquiler de útero, vientres de alquiler, madres suplentes... La definición correcta es gestación por sustitución, «porque éste es el término que utiliza la Ley 14/2006 de reproducción humana asistida y, por tanto, el único que es jurídicamente correcto», aclara Antonia Durán, profesora de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Salamanca.

Pero lo cierto es que si no hay unanimidad en el término menos la hay en lo que representa. La gestación por sustitución es un método de reproducción asistida que genera controversia en la sociedad. Porque consiste, en líneas generales, en que una mujer gesta o lleva en su vientre a un bebé para entregarlo después a una familia ajena, sea ésta monoparental, heterosexual u homosexual. Su objetivo es que tengan hijos familias que no pueden tenerlos por sí mismas por los motivos que sean. Es, por ello, una fórmula que está ya asentada en nuestro país y por lo que la Asociación por la Gestación Subrogada persigue su regulación jurídica. Puesto que en la legislación española no existe un marco legal sobre la maternidad subrogada, de tal modo que el contrato que se lleva a cabo entre la madre gestante y la familia a la que entregará el bebé cuando nazca «es nulo de pleno derecho en nuestro ordenamiento», deja claro Mariano Casado Blanco, en el artículo sobre 'Reflexiones legales y éticas en torno a la maternidad subrogada', que ha publicado junto con María Ibáñez.

Este médico forense, profesor de Medicina Legal en la UEx y presidente de la comisión de deontológica del Colegio de Médicos de Badajoz, aclara que si bien este método de reproducción es ilegal en España, sí está permitido desde 2010 inscribir en el registro a los hijos procedentes de un convenio de maternidad subrogada realizado por españoles en países donde sí se permite este método.

Por ello, colectivos sociales y políticos consideran, también en general, que es hora de que la maternidad por sustitución se ponga sobre la mesa, se abra un debate y se regule. Aunque la controversia envuelve al método y las posturas no son unánimes ni en partidos políticos ni en colectivos sociales.

El asunto en el escenario extremeño lo ha llevado Ciudadanos a la actualidad. Su portavoz, Victoria Domínguez, planteó el pasado noviembre en la Asamblea una propuesta de pronunciamiento para instar al Gobierno de España a legislar la gestación subrogada. «Se tiene que regular una situación social que ya se da; es una técnica de natalidad que se debe legislar para salvaguardar los derechos de las partes que intervienen», defiende Domínguez.

Su propuesta fue rechazada por la Asamblea. «No era el momento, ya lo dijimos, puesto que antes de ir al Parlamento, tiene que haber un consenso mínimo en la sociedad civil; la política de escaparate se tiene que quedar para las elecciones», afirma José María Núñez Blanco, presidente de la Fundación Triángulo.

Y ese consenso mínimo, de momento, no se da. Ni en los partidos políticos ni en los colectivos sociales. Ciudadanos quiere que se legisle, el PP ha decidido a nivel nacional que una comisión de expertos analice el asunto para fijar su postura, el PSOE dejó claro en la Asamblea que este método de reproducción genera conflictos y Podemos defiende que antes de la legislación, las mujeres tienen que hablar.

Mujeres y debate

«La gestación no puede servir para mercantilizar el cuerpo de las mujeres con pocos recursos; las mujeres tienen que debatir antes, el cuerpo de la mujer no debe ser un tema de debate público», argumenta Jara Romero, diputada de Podemos.

Y entre las mujeres tampoco hay consenso. La Red Feminista de Extremadura asegura que «es un asunto muy complejo, pero entendemos que si en la práctica se permite, se debe regular para evitar estafas o que mafias internacionales se lucren, pero dejando claro que no podemos apoyar la mercantilización del cuerpo femenino», dice Lorena Chano.

«No estamos a favor de la gestación subrogada, porque convierte a las mujeres en mero objeto reproductor, porque es una compra-venta de bebés, porque estamos hablando de alquilar un vientre se llame como se llame, porque lo que se compra es una criatura y no hay más», mantiene Carmen Martín, portavoz de la asociación feminista 8 de Marzo. «Creemos más ético que se fomente la adopción, que se agilice esta fórmula que dará la opción de una vida mejor a muchos niños», concluye.

Fundación Triángulo quiere abrir en Extremadura un debate social que acerque unas posturas que hoy parecen lejanas. Al menos entre quienes están a favor de legislar, como es el caso de esta organización, garantizando los derechos de la gestante y evitando la mercantilización del cuerpo de la mujer. El problema radica en cómo lograrlo cuando la gestación subrogada se basa en un contrato por el que una mujer gesta un bebé para otros. Pero la realidad es que este método de reproducción asistida se está practicando y, por tanto, tal como deja claro la Asociación por la Gestación Subrogada en España, mientras no se legisle aquí, continuará la «discriminación entre aquellos españoles que se pueden costear el tratamiento fuera y los que no».

Esta organización hace frente a las críticas de mercantilización. Lamenta que se utilice el término vientre de alquiler. «Primero, porque no necesariamente ha de haber contraprestación económica. Segundo, porque la mujer que gesta al futuro bebé aporta mucho más que su útero, se implica física y emocionalmente; en todas las leyes que regulan esta práctica se le exige que goce de buena salud y que tenga hábitos de vida saludables. Y tercero, porque los vientres no se alquilan como tampoco se alquilan las personas. Eso es una barbaridad que no tiene nada que ver con que la mujer pueda ser compensada por el procedimiento médico al que se somete», argumenta.

Y pone un ejemplo en su web: «A lo largo de la vida de un bebé o de un niño es casi seguro que su madre/padre tendrá que delegar su cuidado en otra persona, algunos delegarán en un familiar o en un amigo (y éstos lo cuidarán gratis), otros lo harán en una persona que se dedique a cuidar niños y estas personas les cobrarán (como es lógico); de igual manera la persona subrogada puede recibir una contraprestación económica por los trastornos del embarazo, las revisiones que hay que hacer durante el mismo, el parto, el tiempo que estará sin trabajar,...»

En la misma línea, recuerda que los donantes de óvulos o esperma, por ejemplo, reciben una compensación económica. Donar semen se compensa con 40 euros y óvulos con entre 600 euros y 750 euros. «Someterse como voluntario sano a un ensayo clínico es un riesgo y está compensado, pero nadie dice que los voluntarios estén alquilando su cuerpo a las farmacéuticas», zanja.

En la proposición de ley de Gestación Subrogada que ha redactado la organización señala en uno de sus artículos: «La gestación subrogada nunca tendrá carácter lucrativo o comercial. La compensación económica resarcitoria que se pueda fijar sólo podrá compensar las molestias físicas, los gastos de desplazamiento y laborales y el lucro cesante inherentes al procedimiento, y proporcionar a la mujer gestante las condiciones idóneas durante los estudios y tratamiento pre-gestacional, la gestación y el post-parto. La compensación económica será con cargo a los progenitores subrogantes y a beneficio de la mujer gestante».

Más allá de lo que acuerden colectivos sociales y partidos políticos, «la voz de los médicos tendrá que ser escuchada», destaca Mariano Casado. Porque de ellos dependerá finalmente llevar a cabo este método de reproducción asistida. «Y todo lo que científicamente es posible, éticamente no lo es», deja claro quien hasta 2015 fue secretario de la comisión central de deontología de la Organización Médica Colegial.

En su artículo junto con María Ibáñez recuerda que «la maternidad subrogada es rechazada actualmente en casi la totalidad de los países del mundo por considerarse moralmente inaceptable, entre otras cuestiones por la fuerte carga utilitarista que conlleva, por el ánimo de lucro que puede motivarla y porque sería como una especie de compra-venta oculta de recién nacidos o una incitación a su tráfico comercial».

Una propuesta solidaria

Por todo ello, aboga por abordar este conflicto ético desde la reflexión y el diálogo respetuoso. Dejando claro que no puede haber una única posición puesto que serán muy diferentes los casos en los que la gestación subrogada se puede dar y, también, que los médicos no estarán obligados, aunque se legisle, a participar en este método de reproducción. «Ante una hipotética regulación legal del asunto, el médico, en líneas generales, puede plantear muchas objeciones de tipo ético», zanja.

Antonia Durán, profesora de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Salamanca y una de las expertas en gestación subrogada, se muestra partidaria de su regulación y también apunta cómo debía hacerse para aunar posturas enfrentadas, para evitar el mercantilismo y lograr, simplemente, poner en marcha un método de reproducción asistida al que puedan recurrir quienes desean tener hijos y no pueden.

«No debe haber contrato con contraprestación, sino que debe ser gratuito de tal forma que la mujer gestante se ofrezca de forma voluntaria y solidaria», explica. «Se debe tender a un modelo altruista como el de la donación, en el que un equipo multidisciplinar seleccione a las partes que participen».

Más allá de que sea posible o no estar fórmula, Antonia Durán defiende su legislación. «Se tiene que regular, para evitar que solo los que tienen recursos puedan costearse hoy fuera de nuestro país este método de reproducción y dar garantías».

También porque lo que hoy tenemos es un parche. La opción de que los hijos de españoles nacidos en otros países a través de la gestación por sustitución puedan inscribirse va en contra de nuestro ordenamiento jurídico. «Fue una solución de urgencia», reconoce Durán.

Por eso, «regular la gestación por sustitución en España supondría primero acabar con la esquizofrenia jurídica que ahora existe. Y, en segundo lugar, podríamos plantear un marco regulador que evitara por todos los medios que ni por asomo el afán de lucro estuviera presente», mantiene. Porque el objetivo de la regulación no es permitir que se haga negocio a costa de las mujeres gestantes, sino «hacer posible que alguien que por sus propios medios no puede, consiga ser madre/padre», aclara.

Esta experta en Derecho Internacional insta a una regulación propia, que permita una gestación por sustitución diferente al modelo caro y garantista de Estados Unidos, y también al económico y sin control de la India.

Un modelo propio y altruista en el que no haya negocio alguno: « Sé que es difícil para algunos comprender esto, pero si preguntamos, lo mismo nos llevamos una sorpresa, porque muchas mujeres estarían dispuestas a gestar para ayudar a otras que no pueden. Sé que en un mundo sin valores, en los que prima con carácter general lo crematístico, esto puede parecer inviable; sin embargo, me consta que es una realidad».

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