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Pedro Nevado-Batalla. :: hoy
Pedro Nevado-Batalla. :: hoy

El Supremo admite el recurso de Nevado contra la supresión del Consultivo

  • El alto tribunal analizará si la decisión de la Junta de cerrar el órgano se ajusta a derecho

La clausura del Consejo Consultivo de Extremadura no es todavía un caso cerrado. Al menos no lo es para el Tribunal Supremo, que acaba de admitir a trámite un recurso de casación contra la supresión del órgano. Será el Tribunal Supremo el que decida por tanto si la supresión del Consejo Consultivo de Extremadura fue conforme a derecho o no. El alto tribunal ha dictado un auto fechado el 3 de febrero en el que admite el recurso presentado por Pedro Nevado-Batalla contra la supresión del órgano, que fue eliminado a finales de 2015 y sus miembros cesados por la Junta de Extremadura.

Nevado-Batalla, que era presidente del Consultivo, recurrió su cierre ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y este órgano dictó una sentencia en la que avalaba su supresión.

No obstante, dejaba abierta la vía del recurso de casación ante el Supremo. Este es el camino que ha tomado Pedro Nevado y que el Tribunal Supremo, en un primer pronunciamiento, admite. El argumento en el que Nevado basa su acción es en que considera que la supresión del Consultivo no puede hacerse por una ley ordinaria sino que exige la reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura.

«La cuestión planteada en casación -se afirma en el auto del Supremo- versa sobre si una ley autonómica, a consecuencia de la cual se ha producido el cese del recurrente en su condición de vocal, puede suprimir el Consejo Consultivo de dicha comunidad autónoma, derogando la ley que lo creó y reguló, o si, por el contrario, ello no resulta posible al existir una reserva estatutaria que impide su supresión sin modificar previamente el Estatuto».

«Reviste interés»

El Supremo considera que el asunto «reviste interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia», dado que no existe doctrina jurisprudencial al respecto. El Consejo Consultivo, que dejó de funcionar a principios de 2016, supuso el cese de su presidente y sus consejeros.

Fue sustituido por una comisión jurídica, que valora algunas de las normas que le somete la Junta. Los proyectos de ley son enviados al órgano consultivo estatal, el Consejo de Estado para que haga los informes preceptivos antes de ser aprobados por la Asamblea de Extremadura.