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La investigación continúa por un presunto fraude en las subvenciones de 4 millones

Maximiano Alcón, Ignacio Huertas y Lorenzo Ramos..
Maximiano Alcón, Ignacio Huertas y Lorenzo Ramos.. / Pakopí
  • El auto judicial de ayer no supone un cambio en la investigación, que sigue adelante

La puesta en libertad de Ignacio Huertas y Maximiano Alcón fue bien recibida ayer por UPA-UCE, que desde el primer momento consideró excesiva la medida impuesta a los dos máximos dirigentes regionales de esta organización agraria.

Pero el auto judicial de ayer no supone un cambio en la investigación, que sigue adelante en el Juzgado de instrucción número 1 de Mérida. Es ahí donde se investigan unos hechos que provocaron la detención de Ignacio Huertas, Maximiano Alcón, María Antonia Alcalá (vicepresidenta de UPA-UCE), José Cruz (secretario de acción sindical), Juan Miguel Apolo (administrador de la empresa que se supone que actuó como pantalla en las operaciones irregulares), Miguel Leal e Ignacio Trejo (técnico de UPA-UCE).

Contra ellos pesan los cargos de blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, falsedad documental y organización criminal, hechos que podrían acarrear importantes penas de prisión.

De la investigación realizada por la Guardia Civil se desprende que UPA-UCE pudo idear un sistema de tipo «carrusel» por el que movió importantes cantidades de dinero con el fin de justificar de forma ficticia el pago de unos servicios de asesoramiento que eran subvencionados por la Junta de Extremadura y el Gobierno entre 2010 y 2015.

Para ello creó una empresa que prestaba a los agricultores el dinero que necesitaban para pagar a UPA-UCE los servicios de asesoramiento sin que los supuestos beneficiarios pusieran dinero alguno.

Ese dinero volvía en pocos días a manos de la organización agraria, que de nuevo lo entregaba a la empresa pantalla para que pudiera prestárselo a los agricultores y justificar así la concesión de más ayudas.

El objetivo final era generar los justificantes de pago que necesitaban los agricultores para solicitar la subvención, puesto que la Administración regional exigía que el agricultor hubiese abonado la totalidad del servicio para concederle la subvención por el 80% del importe.

De la investigación se desprende que el sistema ideado por UPA-UCE permitió que cerca de 2.000 agricultores justificaran el pago de alrededor de 4 millones de euros entre 2010 y 2015.

En su declaración ante el juzgado, todos los investigados negaron ser responsables de los hechos. Tan solo Juan Miguel Apolo dijo conocer el sistema empleado para justificar los pagos, pero acusó a los máximos dirigentes de la organización de ser ellos quienes autorizaron esa práctica.