"El impuesto de Sucesión, injusto no, injustísimo"

Segovia vive en una casa típica de pueblo, con dos plantas, un patio y una pequeña nave que hace de cochera, a la que se accede por la parte de atrás a través de un camino que ni siquiera está asfaltado y que pasa por un solar particular. Para el Catastro tiene una superficie de 268 metros cuadrados y acoge dos viviendas y un garaje. Su valor catastral es de casi 37.500 euros, por encima de la media de la localidad, que para usos residenciales no llega a 20.000 euros.

La vivienda era propiedad de los tíos de su mujer, quien desde niña mantuvo con ellos una relación muy estrecha. Fue la mayor de una familia numerosa y prácticamente se crió con ellos, a los que considera unos segundos padres. Cuando se casó le ofrecieron la planta baja, entonces en bruto, para que viviera allí con Agustín. A lo largo de los años han destinado sus ahorros a mejorar la casa con el acuerdo de que, cuando fallecieran los legítimos dueños, pasara a ellos en herencia.

Los tíos pasaron sus últimos años en la vivienda de la planta baja por comodidad. Entonces Segovia aprovechó para reformar también la planta alta, que todavía tenía techos de uralita. Cuenta con facturas que acreditan las inversiones realizadas con su dinero. En 2013 murió la tía de su mujer, y a partir de ese momento se inició un proceso de herencia que ahora supone un verdadero problema para la familia.

Según indica, se iniciaron los trámites para pagar el Impuesto de Sucesiones dentro de los seis meses posteriores al fallecimiento, como establece la ley. Pero decidieron aplazar el pago, confiando en que sería una cantidad asequible. Sin embargo, en noviembre del pasado ejercicio recibieron una liquidación de la Junta de Extremadura por importe de 22.885,01 euros.

La familia se puso en manos de una abogada y alegó que el valor actual de la vivienda se debe al dinero y el trabajo que durante años asumieron los herederos para adecentar una casa que ni siquiera tenía instalación eléctrica en la planta baja. Pero la Junta rechazó sus argumentos y, aplicando la ley, comunicó en enero que debían abonar la cantidad citada. Para ello, disponen de plazo hasta principios de marzo.

Tirar de los ahorros

Segovia trabaja como conserje recepcionista. Parte de su nómina se destina a pagar un tercio del coste de la residencia en la que vive su padre, quien dispone de una pensión mínima. Tiene un dinero ahorrado para asegurar esa atención, pero tendrá que tirar de esos fondos para liquidar el Impuesto de Sucesiones que reclama la Junta. Otra posibilidad es vender algunas de las propiedades heredadas, pero saben que el mercado no pasa por un buen momento y además así sólo podrían cubrir la mitad de la cantidad que les reclaman. Su mujer, que ha dedicado los últimos años a cuidar de sus tíos, es ama de casa y no tiene ingresos.

Como última opción, se plantean recurrir ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional o a los juzgados, pero por lo visto hasta ahora no tienen muchas esperanzas.

Si nada lo remedia, tienen que pagar casi 23.000 euros por la que ha sido su casa 37 años, cuyo valor actual se debe al dinero que han invertido en ella y en la que han cuidado a unos tíos que, tras fallecer, se la han dejado en herencia. «Injusto no, es injustísimo», afirma Segovia.

Han llegado a escribir al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, quien recientemente abría un debate sobre la necesidad de revisar un impuesto que ofrece grandes diferencias ente comunidades. Pero este caso va más allá, porque ni la ley estatal ni ninguna región tienen en cuenta que se pueda recibir en herencia tu propio domicilio o que no es lo mismo heredar de una tía rica que de quien ha sido tu segunda madre. Por eso, su deseo es «que no ocurra esto a nadie más».