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Rocío Romero
Lunes, 6 de febrero 2017, 00:18
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Hacienda somos todos fue el eslogan que el ministerio eligió en 1978 para que los españoles tomaran conciencia de la importancia de pagar al fisco. A pesar de que el lema caló y la frase está ya en la mente colectiva de los españoles, el Gobierno está supervisando los bienes inmuebles pueblo a pueblo para exigir a todos los ciudadanos que aflojen el bolsillo. Y está descubriendo que la frase se quedó en publicidad pues en la región ha hallado más de 1.800 piscinas sin declarar.
En la provincia de Cáceres están varios de los bienes que han aflorado tras el rastreo, en total 577 piscinas después de que el Catastro revisara 274.508 bienes inmuebles y encontrara 28.831 sin declarar, es decir el 10,5%.
Por otro lado, hasta julio, Catastro ha descubierto 60.582 propiedades ocultas en la provincia de Badajoz. De ellas, 1.211 son piscinas.
Esto es, que todas esas piscinas no estaban declaradas en la Dirección Regional de Catastro y, por tanto, no tributaban anualmente en el impuesto de bienes inmuebles (IBI).
Cuando uno construye una planta más de la casa, amplía el patio o edifica una piscina tiene un plazo de dos meses para comunicarlo a Catastro. Según la Ley, se trata de una obligación del propietario del bien. Pero no todo el mundo lo hace y Hacienda decidió supervisar todas las construcciones, fincas y parcelas para actualizar su valor catastral.
El plan comenzó en 2013 y continuará hasta finales de este año. De hecho, en el Boletín Oficial del Estado del 30 de diciembre se publicaron las localidades que este año serán objeto de supervisión en todo el país. En la provincia de Badajoz este año le toca a Mérida. Quedan aún por conocer los datos de la segunda mitad del año pasado.
Los datos que Catastro tiene disponibles son hasta el 20 de julio. En los últimos tres años Hacienda ha supervisado 121 municipios de la provincia y 410.649 inmuebles. En todos ellos, ha encontrado 60.582 inmuebles urbanos y rústicos que habrán visto ya encarecido su recibo de IBI o lo verán este año. El incremento medio del impuesto es del 3,10%. Es decir, unos 150 euros. Además, los propietarios están obligados a pagar una tasa de 60 euros por cada bien regularizado en concepto de gastos del propio proceso. Además, reclama los años anteriores con un límite de cuatro.
El objetivo de este plan de regularización catastral es la lucha contra el fraude y la economía sumergida, aunque en la práctica supone una forma para incrementar la financiación de los ayuntamientos. Hay que tener en cuenta que este impuesto es en la mayoría de los casos la mayor vía de ingresos de los consistorios.
Esas 1.112 piscinas ocultas son solo una pequeña parte de los bienes descubiertos con este programa. De hecho, representan solamente el dos por ciento y suponen el fraude menos habitual.
Hacienda ha empleado fotografías realizadas con drones, satélites y hasta imágenes tomadas con google maps para cotejar los datos con sus registros. Las nuevas tecnologías han facilitado este proceso, aunque los técnicos también han hecho las visitas de toda la vida. Sobre todo en aquellos casos en los que Hacienda sospecha que existe alguna irregularidad y no es posible comprobarlo al cien por cien con las imágenes aéreas.
Con todas estas herramientas, el fisco ha puesto sobre el papel 30.897 ampliaciones y rehabilitaciones que no se le habían comunicado y que, por tanto, no pagaban. Es el caso más habitual al suponer el 51% de los casos detectados.
Le siguen las nuevas construcciones. Prácticamente, uno de cada cuatro fraudes correspondían a bienes nuevos. Ese 24% se traduce en 14.540 edificaciones que hasta este plan no pagaban el impuesto de bienes inmuebles. Muy de cerca figuran los cambios de usos y reformas, que llegaron al 22%. Esto es, 13.328 casos.
Se puede reclamar
Muchos ciudadanos han recibido con sorpresa algunas notificaciones, dado que querían hacerles tributar como una piscina de obra otra que en realidad es hinchable. Se pueden presentar reclamaciones. De hecho, en el término municipal de Badajoz fueron muchos los que anunciaron reclamaciones hace un año. Sobre todo, vecinos de poblados. El caso de las piscinas hinchables es solo un ejemplo, ya que se han producido también quejas por confundir techados para el ganado con naves industriales.
Catastro comunica el inicio del expediente a los propietarios, que tienen un plazo de 15 días para formular las alegaciones que estimen convenientes. El plazo de resolución es de seis meses desde que se notifica a los interesados el acuerdo de inicio o la propuesta de regularización. De todas formas, la resolución del procedimiento no pone fin a la vía administrativa. En el plazo de un mes desde la notificación de la resolución se pueden interponer reclamaciones ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional o Local. Si el valor catastral del inmueble excede de 1,8 millones de euros, la reclamación se puede interponer directamente ante el Tribunal Económico-Administrativo Central.
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