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La Junta paga 126,5 millones por la anulación de la ecotasa

Líneas de alta tensión cerca de Mérida.
Líneas de alta tensión cerca de Mérida. / Brígido Fernández
  • La Administración regional ya ha pagado 86,3 millones de euros y aún tiene pendiente de abono 40,2 por lo cobrado de 2006 a 2009

La anulación parcial de la ecotasa supondrá para la Junta de Extremadura un coste de 126,5 millones de euros. Así lo estima la Consejería de Hacienda y Administración Pública después de que el Tribunal Supremo fallara a finales de diciembre a favor de Endesa por el pago de este impuesto en 2009.

Hacienda señala que se trata del último pleito que estaba pendiente, por lo que ya se puede hacer una estimación final de la incidencia que tendrá la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2015 por la que se anularon varios artículos de la ley que regula el tributo autonómico.

El último fallo del Supremo repite los argumentos de otras sentencias emitidas desde que se conociera la resolución del Constitucional, que dictaminó que la Junta vulneraba un artículo de Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) que impide crear impuestos que se solapen con tributos locales. En concreto, afirmó que la ecotasa gravaba una cuestión por la que ya se paga a los ayuntamientos a través del impuesto de actividades económicas (IAE).

Sin embargo, el fallo del Constitucional tenía limitaciones. Debido a que fue planteado por un pago realizado en 2007, se centró en la redacción de la norma en ese momento. Por ese motivo, sólo afectaba a partir del 2006, primer año en el que se aplicó el texto vigente entonces. Y abarcaba hasta 2009, cuando se modificó la Lofca precisamente para evitar duplicidades entre impuestos autonómicos y municipales.

Para ello, se precisó que no se puede gravar doblemente un mismo hecho imponible, un término mucho más concreto que el de materia imponible, como se recogía hasta entonces.

Tras la sentencia del Constitucional, tanto el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura como el Supremo han ido fallando a favor de las eléctricas. Pero sólo en aquellos recursos que se mantenían vivos, ya que no todas las reclamaciones siguieron adelante debido a que no superaban el capital mínimo exigido. Además, la anulación sólo afectaba a la ecotasa en su modalidad de producción de energía, no a la de transporte.

Asimismo, la Junta interpretó que la resolución sólo afectaba a los ejercicios de 2006, 2007 y 2008, ya que la reforma de la Lofca de 2009 se aprobó en diciembre pero con efectos desde el 1 de enero de ese año. Por ese motivo, la primera estimación de los efectos de la anulación fue de 73,5 millones de euros, de los cuales 51,3 millones correspondían al principal y 22,2 a intereses, que siguieron corriendo hasta sumar 1 millón más. En total, 74,5 millones.

Esta cantidad fue reconocida en 2015 y se ha abonado en 2016, junto con otros 11 millones cobrados en 2007 pero que fueron objeto de un fallo posterior y 851.000 euros más en intereses generados hasta que se hizo efectivo el cumplimiento de las sentencias. En total, 86,3 millones. El pago se realizó mediante compensación de impuestos, de modo que en realidad las eléctricas han visto reducida la tarifa a pagar en la última liquidación de la ecotasa.

También 2009

Sin embargo, los tribunales también han considerado que la Junta debe devolver las cantidades correspondientes al 2009, ya que aunque la reforma de la Lofca tenía vigencia a partir del 1 de enero de ese año la modificación se aprobó en diciembre, cuando ya se había pagado el impuesto de ese ejercicio.

Así se asevera de nuevo en la sentencia del Supremo del pasado mes de diciembre, que afecta a una reclamación de Endesa por un importe total de 10 millones de euros. En total, la Junta deberá devolver 29 millones por lo cobrado en 2009. Además de la cantidad citada, ya había sido condenada a abonar 3,1 millones a Gas Natural y 15,9 a Iberdrola.

En total, la Junta tiene pendiente de pago 40,2 millones de euros. Los 29 citados de 2009 y algo más de 11 millones de ejercicios anteriores. Esta cantidad, que se abonará también mediante compensaciones, computará como déficit de 2016 junto a otros 11,8 millones que se pagaron el pasado año pero que no fueron reconocidos en 2015.

En total, la anulación parcial de la ecotasa de los años 2006 a 2009 ha supuesto a la Junta cerca de 126,5 millones de euros, 87,7 de principal y 38,7 de intereses. En esos cuatro ejercicios la Administración regional ingresó 105 millones por el impuesto.

De esa forma, aunque no todo lo cobrado se veía beneficiado por el fallo del Constitucional (ni afectaba a la modalidad de transporte ni todos los recursos llegaron al Supremo), al final los intereses generados han hecho que haya que devolver más de lo que se recibió.

El problema es que hay otro litigio sobre la mesa. El Constitucional admitió el pasado año una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura contra la redacción actual del impuesto autonómico, ya que considera que la reforma de la Lofca del año 2009 no fue suficiente para evitar la doble imposición con el IAE.

La resolución podría afectar a todo lo cobrado en la modalidad de producción de energía desde entonces, cuando además la Junta inició la subida de los tipos de un gravamen que en la actualidad aporta cerca de 100 millones de euros al año a las arcas regionales.