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Piden seis años de cárcel para una trabajadora judicial por apropiación de fondos

  • La Fiscalía sostiene que engañó a dos empresarios para que abonaran en la cuenta de su hijo un dinero que correspondía a condenas por deudas

La Fiscalía de Villanueva de la Serena solicita una condena de seis años de prisión para la trabajadora de un juzgado de paz a la que acusa de cobrar a empresarios de su localidad para detener procedimientos en su contra. También solicita seis años de inhabilitación.

Según estima la Fiscalía, la trabajadora, en su condición de funcionaria interina del cuerpo de auxilio judicial del juzgado de paz de Quintana de la Serena, aprovechó el ejercicio de las funciones propias de su cargo para engañar y obtener un enriquecimiento ilícito.

En concreto, señala que en noviembre de 2009 compareció en el juzgado de paz el representante de una empresa para ser notificado de un requerimiento de pago dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Castuera por un importe de 23.540 euros de principal y 7.000 euros de intereses de demora, gastos y costas.

La Fiscalía considera que, aprovechando este trámite, la acusada ofreció, como opción legal, paralizar el procedimiento. Para ello, solicitó al empresario que ingresara 10.000 euros en un número de cuenta. Sin embargo, el titular era el hijo de la trabajadora judicial.

Así lo hizo el empresario, que realizó dos traspasos de 6.000 y 4.000 euros entre noviembre y diciembre de 2009. A consecuencia de este desembolso, el perjudicado sufrió un trastorno económico por el que reclama compensación.

La acusación pública apunta que en agosto de 2010 se repitió la operación con motivo de la notificación por el juzgado de paz a un empresario de la localidad al que el juzgado número 1 de Castuera reclamaba el pago de 30.000 euros de principal y 9.000 de intereses de demora, gastos y costas.

En esta ocasión, presuntamente la acusada le ofreció al afectado un acuerdo de pago para saldar los 39.000 euros que consistía en ingresar 1.000 euros en la cuenta de su hijo en los días siguientes, así como once cuotas de 3.454,5 euros cada una entre los días 25 y 30 de cada mes. En cumplimiento de este acuerdo, el empresario realizó nueve traspasos entre el 1 de septiembre de 2010 y el 22 de agosto de 2011 por un total de 17.863,5 euros. En este caso, el empresario perjudicado no reclama por los perjuicios ocasionados por el supuesto acuerdo con el juzgado.

Fraude y exacciones

La Fiscalía aprecia por estos hechos un delito continuado de fraude y exacción ilegal (por el que se penaliza a la autoridad o funcionario que aprovecha su cargo para defraudar) en su modalidad agravada de estafa.

Por ese motivo, solicita una condena de seis años de prisión, multa de doce meses con una cuota diaria de 20 euros (7.300 euros en total) e inhabilitación absoluta por un plazo de seis años.

Asimismo, reclama que la acusada abone 10.000 euros en concepto de responsabilidad civil al empresario que fue víctima del primer engaño en el año 2009. Apunta que también tendrá que responder el hijo de la acusada, y que el Ministerio de Justicia deberá ser considerado responsable civil subsidiario, con lo que asumirá el pago en caso de que los dos anteriores no dispongan de medios para hacerlo.

El juicio, que se celebrará con jurado popular, tendrá lugar a partir del próximo 12 de diciembre en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Mérida.