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Un juzgado archiva la causa contra Luis Cortés por fraude en cursos formativos

Luis Cortés saliendo del juzgado de Trujillo tras su detención en enero de 2005. :: hoy
Luis Cortés saliendo del juzgado de Trujillo tras su detención en enero de 2005. :: hoy
  • La decisión se debe a que el delito ha prescrito y cuenta con el apoyo de la Fiscalía pero aún puede ser recurrida ante la Audiencia de Badajoz

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Mérida ha decretado el archivo de la causa iniciada contra el dirigente agrario Luis Cortés por un presunto delito de fraude de subvenciones para cursos de formación al considerar que ha prescrito. La decisión no es firme y aún cabe recurso.

La operación puesta en marcha por la Guardia Civil contra la organización agraria UPA-UCE tiene un precedente en la región. En el año 2005 la investigación por la gestión de ayudas al sector del higo de Coag Extremadura, por el que fueron condenados a penas de cárcel Luis Cortés y otras trece personas, permitió encontrar información que apuntaba a un fraude en ayudas para la formación. El caso se derivó a los juzgados de Mérida, que abrieron diligencias en 2006.

Diez años después se ha decretado el archivo. Por auto del 11 de julio se estimó que se ha superado el tiempo establecido para declarar la prescripción del delito. Coag Extremadura y la Abogacía del Estado presentaron un recurso de reforma, mientras que la Fiscalía y la defensa solicitaron la confirmación de la resolución judicial.

El pasado 2 de noviembre el juzgado emeritense dictó un nuevo auto confirmando su decisión. Pero aún no es firme, ya que se puede interponer recurso ante la Audiencia Provincial de Badajoz.

El plazo a partir del cual un delito no puede ser perseguido depende de su importancia. En este caso se consideró menos grave. Según la legislación vigente en el momento en que se inició el proceso, la prescripción se producía a los tres años. Teniendo en cuenta que los hechos investigados se remontan al año 2000, cuando en 2007 se produjo la imputación de Luis Cortés ya habían prescrito.

Aunque parte de los hechos se podrían haber reclamado penalmente, la investigación no ha avanzado. La carga de trabajo de un juzgado que durante años fue el encargado de asuntos de familia y violencia de género, los cambios de titular (con un traslado de por medio al nuevo Palacio de Justicia de Mérida), la falta de recursos para instruir, la complejidad de los hechos y el propio contenido de la denuncia son motivos que explican por qué no se ha actuado a pesar de los indicios de delito.

Entre otras cuestiones, el propio juzgado determinó que para avanzar en la investigación era preciso que un experto realizara un peritaje económico de toda la información disponible, pero se descartó por su alto coste. Se solicitó que lo hiciera la Abogacía del Estado, que rechazó el encargo alegando que no era su especialidad. Finalmente, se encargó a la Intervención de Hacienda, que tardó varios meses en elaborarlo. Se aportó a finales de 2013.

Hacienda analizó el periodo que va del año 2000 al 2004. El trabajo concluyó que Coag-Extremadura e Iniciativa Rural, dirigidas por Luis Cortés, defraudaron 2,28 millones de euros, de los cuales 2,13 millones procedían de fondos europeos y 150.000 euros del Estado. Pero apuntaba que había más por investigar.

La mecánica que, presuntamente, se utilizaba para defraudar era la creación de un conglomerado de entidades locales, cooperativas, asociaciones y sociedades, todas ligadas a Luis Cortés, que optaban a las subvenciones que anualmente concede la Unión Europea, el Gobierno o las comunidades autónomas para hacer cursos de formación. En este caso en realidad no se impartían.

En otros informes se apuntaba que en los cursos certificados para cobrar las subvenciones se incluía como alumnos a trabajadores e incluso a dirigentes de Coag (como el propio Luis Cortés), que en otras ocasiones figuraban también como profesores. Además, aparecían impartiendo cursos idénticos en las mismas fechas y en lugares diferentes.

Para comprobar si esas sesiones se realizaron o no el juzgado firmó una providencia en 2009 en la que llamaba a declarar a 195 personas. Algunos negaron que acudieran a estas actividades, o bien que asistieron a una formación que debía durar quince días pero que se despachó en media hora. También hay testimonios que apuntaban que se había falsificado su firma en los documentos investigados.

Causa abierta en Madrid

La resolución de esta causa condiciona el desarrollo de otro procedimiento que se investiga en el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 10 de Madrid por la incorrecta utilización de fondos concedidos por el Estado.

Este proceso está suspendido en la actualidad a la espera de que se resuelva el que se lleva en Mérida. Así lo decretó el juzgado madrileño en diciembre del pasado año al estimar que había una clara conexión entre ambas causas debido a que, en principio, los hechos a investigar son los mismos.

Esta decisión fue recurrida por la Abogacía del Estado en representación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que había concedido más de 150.000 euros en ayudas para cursos de formación. Sin embargo, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional confirmó en mayo la decisión del juzgado madrileño. En conclusión, este asunto sólo se reiniciará en caso de que la Audiencia Provincial de Badajoz confirme el archivo del procedimiento que arrancó en Mérida en 2006.