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La juez encarceló a los dirigentes de UPA para que no interfieran en la investigación

Militantes y simpatizantes de UPA el pasado sábado ante el Palacio de Justicia de Mérida.
Militantes y simpatizantes de UPA el pasado sábado ante el Palacio de Justicia de Mérida. / J. M. Romero
  • Los abogados de la organización agraria preparan un recurso contra la privación provisional de libertad para Huertas y Alcón

Los dirigentes de UPA-UCE Extremadura Ignacio Huertas y Maximiano Alcón permanecen en prisión provisional para evitar que puedan interferir en la investigación abierta por la gestión de los servicios de asesoramiento agrario.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Mérida decretó en la noche del sábado prisión comunicada y sin fianza para el secretario regional y el secretario de organización de la entidad. Para los otros cinco detenidos (cuatro miembros de la organización agraria y el administrador único de la empresa Servicios Integrales Extremeños) se acordó libertad provisional con la obligación de comparecer los días 1 y 15 en el juzgado emeritense y retirada del pasaporte.

La jueza Fernández Arroyo decretó el auto de prisión después de oír a las partes. La Fiscalía solicitó esta medida debido a que estimaba que la liberación de los dos principales dirigentes de UPA-UCE podía suponer un riesgo para la investigación.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) señala que el juzgado emeritense no ha facilitado el auto ni ha dado a conocer los motivos concretos de la decisión, pero añade que se debe a que considera que puede afectar a la instrucción sumarial. Asimismo, apunta que se ha decretado teniendo en cuenta las declaraciones de los investigados, los documentos que obran en el procedimiento y el material intervenido en los registros que se han llevado a cabo en la sede central de UPA-UCE en Mérida, en las delegaciones de Plasencia, Coria y Talayuela y en un domicilio particular de Badajoz.

Junto a esto, el TSJEx apuntó que la instrucción se lleva a cabo por los delitos de pertenencia a organización criminal, contra la hacienda pública por fraude en las subvenciones, falsedad documental y blanqueo, tal como había planteado la Guardia Civil en la nota de prensa en la que informó sobre el desarrollo de la operación.

La prisión provisional sólo puede decretarse por una decisión motivada. Tal como recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se adoptará cuando sea objetivamente necesaria y cuando no existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad. Por ese motivo, el tribunal debe tener en cuenta la repercusión que pueda tener para el investigado, así como la entidad de la pena que pudiera ser impuesta. No se puede aplicar si se aprecia que el hecho no es constitutivo de delito o que se cometió concurriendo una causa de justificación.

Además, la prisión provisional sólo podrá ser decretada para evitar que el investigado pueda fugarse, reincidir o alterar pruebas, para lo que se atenderá a la capacidad del implicado para acceder a esas fuentes o para influir sobre otros investigados o encausados, testigos o peritos o quienes pudieran serlo.

Recurso en marcha

Por su parte, UPA-UCE Extremadura prepara el recurso que presentará contra el auto por el que se decretó prisión provisional para sus dos principales dirigentes. La Audiencia Provincial de Badajoz deberá resolver sobre su petición.

La organización agraria celebrará hoy en Mérida la reunión de su Comisión Ejecutiva Federal «con el objetivo de analizar la situación generada tras el proceso iniciado contra la organización». Además del secretario general, el extremeño Lorenzo Ramos, también asistirán secretarios regionales de UPA de toda España.

Por otro lado, la Consejería de Medio Ambiente y Rural de la Junta de Extremadura señala que no tiene constancia de que hayan sucedido anomalías en las subvenciones para asesoramiento agrario. «Todas las ayudas que se pagan a través de la consejería pasan todos los controles administrativos y sobre el terreno que impone la normativa europea, nacional y autonómica», añade. Pese a ello, y ante la operación de la Guardia Civil, llevará a cabo una auditoría complementaria con carácter preventivo de la que se encargarán técnicos de la consejería, aunque no se descarta la contratación de servicios externos.