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1.438 ancianos esperan una plaza en una residencia pública

Una cuidadora ayuda a un anciano a realizar un dibujo en un centro público de la región. :: hoy
Una cuidadora ayuda a un anciano a realizar un dibujo en un centro público de la región. :: hoy
  • Los hogares para mayores ofrecen más de 5.500 plazas en la región

La disminución de la autonomía que conlleva el envejecimiento hace que cada día más extremeños requieran ayuda para poder hacer frente al día a día. Porque cada vez son más los que viven más años en una región en la que el envejecimiento es una de las señas de identidad. Por eso son muchos los recursos que se dedican a su atención sanitaria y muchos también los que se destinan a su atención social, especialmente cuando pasan a ser dependientes. Los indicadores, además, dejan claro que esta realidad marcará el futuro extremeño.

Según los datos facilitados por Consolación Serrano, directora gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), la región suma 5.545 mayores que viven ya en residencias. De estos, 2.254 lo hacen en alguno de los 21 centros de titularidad pública que gestiona el Sepad. El resto se reparte entre las plazas que subvenciona la Junta en entidades privadas y en residencias de los ayuntamientos. Bien porque se le da al mayor una plaza o bien porque se le da la prestación económica para que pueda acceder a una. En todos los casos, los ancianos abonan entre el 65 y el 75% de su pensión en función de la misma, esté o no por debajo del salario mínimo.

El precio de una cama para dependiente en una residencia pública cuesta casi 70 euros al día. La cama para un autónomo, 40 euros. Los criterios de acceso para una plaza en un centro público son de dependencia. El usuario debe tener reconocido un grado III o un grado II. Y la adjudicación se realiza por mayor grado de dependencia y menor capacidad económica.

Además de las plazas en residencias, el Sepad también subvenciona la estancia de mayores, autónomos y de grado I de dependencia, en los pisos tutelados. Están repartidos por la región, hay ahora un total de 1.562 plazas, y su gasto supera los 2,3 millones de euros anuales.

210 nuevas plazas

Por último, en cuanto a estancias en residencias, SES y Sepad ayudan en el gasto de las llamadas camas sociosanitarias. En la actualidad hay 968 en centros privados y las financian el SES o el Sepad en función de la atención sanitaria que requiera el usuario, que marca su designación como T1 (mayor carga sanitaria), T2 y T3 (la menor).

La diferencia de estas camas sociosanitarias con el resto de plazas en las residencias que financia la Junta es que la estancia en las primeras es temporal. El usuario abandona el centro cuando supera su dependencia. «Sin embargo, nos estamos encontrando con que al menos en un 35% de los casos la persona no supera su situación de dependencia», señala Consolación Serrano. Por ello, la Junta va a adjudicar 210 nuevas plazas, denominadas T4, que a diferencia del resto serán finalistas. Es decir, pasarán así a engrosar el número de plazas totales con que cuenta la región para atender a los mayores dependientes, porque el usuario al que le sea asignada una de estas camas no tendrá que abandonarla. El presupuesto con el que se licitará el nuevo servicio, las nuevas plazas que se ubicarán en residencias privadas, supera los nueve millones de euros para un periodo de cuatro años.

Sin embargo, a pesar de las plazas en residencias, los pisos tutelados y las camas sociosanitarias, servicios a los que el Sepad destina más de 100 millones de euros anuales, hay 1.438 mayores extremeños que engrosan hoy la lista de espera para acceder a una plaza en una residencia pública. De ellos, no obstante, aclara la gerente del Sepad, 979 están recibiendo mientras tanto atención a través de otras prestaciones. «Además, hay que tener en cuenta que cada usuario tiene cuatro opciones para elegir su residencia, y hay quienes esperan a que se les dé una plaza en su primera opción y rechazan el resto; por eso podemos decir que esa lista de espera tiene muchos matices que debemos corregir», añade Consolación Serrano.

También que el hecho de que no exista disponibilidad de plazas públicas no significa que Extremadura no tenga plazas libres en residencias privadas. Porque no es así. Según los datos de la responsable del Sepad, la región cuenta con 3.069 plazas en residencias privadas, de las que solo 1.607 están concertadas con la Junta.

Sin embargo, también reconoce que a pesar de la ayuda pública no todos los mayores pueden costear con sus pensiones una plaza en una residencia privada y que, por eso, más allá de los ajustes que pueda sufrir la lista de espera, la región hoy no tiene capacidad para acoger a todos los mayores en residencias públicas. Ni ahora ni en un futuro, tanto por la situación económica que atraviesa la región como por el hecho de que el número de mayores crezca en Extremadura.

Por eso, desde el Sepad se están buscando fórmulas que garanticen la atención a los mayores al tiempo que posibiliten la sostenibilidad del sistema. «Nuestro objetivo es ir modificando el modelo que tenemos de tal modo que las plazas para autónomos en residencias se vayan convirtiendo en plazas de dependientes», señala. Para que sean éstos los que se alojen en las residencias y el resto, los válidos, puedan permanecer el mayor tiempo posible en su domicilio y entorno. «Porque cada vez tenemos más mayores, porque debemos procurar su atención con mayor calidad de vida y hacer que el modelo sea sostenible», deja claro la responsable regional del Sepad.

El modelo a seguir

«Para ello debemos dar una repuesta alternativa a los autónomos, que desde nuestro punto de vista debe procurar una atención integral en su entorno». De ahí la apuesta del Sepad por la puesta en marcha de los servicios de proximidad, de los que ya hay algunos ejemplos en la región. El más avanzado, y un modelo a seguir en Extremadura, es el que ya es una realidad en San Pedro de Mérida.

«La situación económica impedía entonces, en 2011, cuando nos planteamos la idea, construir una residencia en el pueblo para nuestros mayores; por eso, después de analizar cómo poder darles una respuesta decidimos que lo mejor era plantearnos el conjunto del pueblo como una residencia y las viviendas de nuestros mayores como habitaciones de la misma», explica Andrés Jesús Pérez Palma, alcalde de San Pedro de Mérida.

Hoy esta localidad de 900 habitantes es un ejemplo de la atención integral a los mayores en su entorno, el camino que marca la política del Sepad. Otras poblaciones, como es el caso de Arroyo de la Luz y Pescueza, están siguiendo sus pasos. Y el camino abierto por San Pedro de Mérida es el que deben seguir también el resto. Para dar una atención integral a los mayores en sus casas, en su entorno, para lograr que sigan siendo autónomos y válidos y sigan teniendo su apoyo social el mayor tiempo que sea posible, y acudir a una residencia cuando ya no puedan vivir de otro modo. «Por la sostenibilidad del sistema, por el envejecimiento de la población y por calidad de vida, apostamos por evitar la institucionalización de los mayores», ahonda Consolación Serrano.

Porque eso supondría una importante reducción en el presupuesto que hoy se dedica a la atención a los mayores, y porque se pondrían en marcha nuevos empleos de la mano de esa atención. «Es un yacimiento de empleo, un sector con futuro, que hará posible que la inversión en él genere beneficios para el conjunto de la sociedad». De hecho, sin que el nuevo sistema que diseña la Junta sea una realidad, los servicios de proximidad para mayores autónomos, solo en la atención directa en las 21 residencias públicas de Extremadura están empleadas 141 enfermeras y 732 auxiliares de enfermería.

Unas cifras, por otro lado, que han criticado algunos grupos políticos por considerarlas insuficientes. Para Ciudadanos, las denuncias sobre falta de personal en las residencias de mayores de la Junta de Cáceres y Mérida «son, sin duda alguna, recortes en dependencia».

Sin embargo, el Sepad asegura que no hay tales recortes. Lo afirma Consolación Serrano después de que se haya llevado a cabo un estudio en profundidad sobre la situación de las residencias públicas en Extremadura. «Porque tanto la calidad de la asistencia que reciben nuestros mayores en los centros, como la seguridad y salud de los profesionales que trabajan en ellos, son para nosotros una prioridad y una exigencia».

Ajustar los recursos

Por eso desde el Sepad se ha estudiado la situación de cada una de las residencias públicas, para conocer realmente cuántos dependientes hay y qué carga de trabajo asumen los profesionales. «Y según este estudio, si bien las plantillas se encuentran relativamente compensadas de lunes a viernes, es cierto que los fines de semana existe una carencia», reconoce Consolación Serrano.

Por este motivo, según sus datos, primero se han realizado 31 contratos de seis meses y después, una vez acabaron «y ante la imposibilidad de su prórroga, se han realizado 17 contrataciones nuevas, para el mismo fin, para reforzar los fines de semana, que están en vigor a fecha de hoy». Pero para continuar ajustando las plantillas, además, se revisará el grado de dependencia de los residentes, puesto que a menudo se da la circunstancia de que una persona ingresa como válida y pasa a ser dependiente en más o menos tiempo. «Por eso hay que actualizar los grados de dependencia reales de los centros y adecuarlos a los recursos existentes». Así como mejorar el equipamiento asistencial de apoyo, porque esto también reduce la carga de trabajo del personal.

Es el motivo por el que «tras cuatro años de parálisis, se ha hecho una inversión de casi 350.000 euros en material geriátrico, grúas de traslado, camas eléctricas, carros de cura,...». Aun así, la situación en su conjunto, para usuarios y trabajadores de las residencias, podría mejorar si el Gobierno central incrementara su ayuda a la dependencia. «Sus recortes han supuesto para Extremadura un quebranto económico durante los últimos cinco años de 65 millones de euros, debilitando el sistema y provocando un sobresfuerzo de financiación pública a la comunidad del 87% frente al 12,4% del Estado, cuando la ley establece un 50% para cada parte».

Quizás con esta ayuda la atención a dependientes mejoraría. Si bien son 23.888 los extremeños dependientes que están recibiendo atención -con una plaza en una residencia, en un centro de día, teleasistencia, ayuda a domicilio,..-, aún hay 12.439 personas que están pendientes de conseguirla.