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UPA como síntoma

LA operación Tellus, en la que siete dirigentes de la organización UPA-UCE en Extremadura han sido detenidos e imputados por un presunto fraude con subvenciones europeas, es fundamentalmente un síntoma y una alarma. Preocupantes. El sistema por el que se sostienen este tipo de entidades profesionales, sindicales, empresariales o sectoriales acusa fatiga de materiales. Independientemente de si lo que en este caso ha denunciado la Guardia Civil bajo dirección judicial –después de largas pesquisas, registros exhaustivos y una puesta en escena a todas luces desproporcionada– acaba formando un conjunto de hechos delictivos o no, lo cierto y verdad es que nadie en su sano juicio puede considerar normal que una unión de pequeños agricultores necesite un carrusel de cuentas corrientes y una empresa interpuesta solo para gestionar ayudas europeas que, por lo demás, son de nulo interés para casi todos los agricultores. Adelantar el dinero de la ayuda tampoco justifica esa ingeniería, para eso están los bancos o las cooperativas de crédito. ¿Cómo puede ser que para que un agricultor ingrese unos 1.000 euros en tres años, lo que representa el 80% del coste de unas asesorías que supuestamente solicita voluntariamente, se precise semejante parafernalia? ¿No debería ser todo muchísimo más claro, natural y transparente? No conviene pues atrincherarse en el victimismo o en la casualidad de que sean unos –precisamente los representantes de los agricultores más modestos– y no todos aquellos que podrían usar prácticas parecidas con los mismos fines, dentro y fuera de Extremadura, los que se vean sometidos al escarnio de las detenciones, las esposas y los registros maratonianos. En el trasfondo de este episodio, observándolo con frialdad, se vislumbra un grave problema: un modelo de representación social que no siempre usa cauces directos y razonables para financiarse. Eso se conoce y a veces se mira hacia otro lado. Porque proporciona una suerte de abrigo a los partidos, eso sí, con apariencia de autonomía. Y porque quizás nadie se atreve a afrontar el hecho de que a organizaciones como UPA-UCE, más que necesarias y que no pueden salir adelante exclusivamente con las cuotas de sus afiliados, hay que proporcionarles un marco de actuación y un sostén estables y acotados. O bien el suficiente apoyo financiero público, sometido lógicamente a estrictos controles y a la fiscalización debida. De hecho, lo más significativo de lo escuchado estos días es que se dé por bueno que UPA-UCE use un procedimiento tan sofisticado para financiarse. Esas ayudas no las establecen Europa, la Junta y el Ministerio (los pagadores) para sostener organizaciones agrarias, sino para que los agricultores que lo deseen paguen el 80% de los costes derivados de un determinado tipo de asesoramiento en beneficio de sus explotaciones que, por otra parte, no solo prestan las organizaciones agrarias. No está claro en qué quedará la instrucción del caso ni si, como se prevé, este evolucionará con declaraciones de nuevos imputados, producto entre otras cosas de lo que se haya podido encontrar en los registros de la Guardia Civil. La mayoría de los agricultores involucrados no se esforzarán seguramente por compartir responsabilidades con UPA: si se confirma la inexistencia de las asesorías objeto de las ayudas, o han sido engañados o han participado como cómplices. Sí parece obvio, sin embargo, que las administraciones y los partidos políticos tienen que tomar buena nota y coger el toro por donde pincha. Este tipo de pleitos genera incertidumbre, víctimas colaterales, sobreactuaciones policiales dolorosas y un desprestigio terrible e irreparable para la región y su sector agrario a ojos –no lo olvidemos– de las ya de por sí muy recelosas instituciones europeas, que en este caso costean el 75% de las subvenciones.