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La jueza envía a prisión sin fianza a los dos máximos responsables de UPA-UCE

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Lorenzo Ramos, junto a Cati García, de UPA-UCE, y otras personas esperando en el juzgado. / J. M. Romero

  • Se trata de Ignacio Huertas y Maximiano Alcón mientras los otros cinco acusados fueron puestos en libertad con cargos la madrugada de ayer

Los dos principales dirigentes de UPA-UCE, Ignacio Huertas, su secretario general, y Maximiano Alcón, su secretario de organización, han sido enviados a prisión incondicional y los otros cinco detenidos por la Operación Tellus quedan en libertad con cargos sin fianza alguna. Esa es la decisión que adoptó ayer Ana Belén Fernández Arroyo, titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Mérida.

La libertad con cargos, que están pendientes de delimitar, llegó a las 3.30 de la madrugada del sábado para Juan Manuel Apolo, gerente de la empresa Servicios Integrales Extremeños que contrató la entidad agraria para el asesoramiento; para el exsecretario de Organización de UPA-UCE, Miguel Leal, y para María Antonia Alcalá, Ignacio Trejo y José Cruz, vicesecretaria general, técnico de la oficina de la organización en Losar de la Vera, y secretario de Acción Sindical y Agricultura, respectivamente.

Apolo fue el primero en declarar ante la jueza en la tarde del viernes. Está considerado por la investigación como el cerebro de la fórmula ideada para desarrollar el servicio de asesoramiento, que incluía conceder préstamos a los agricultores para abonar el servicio. Según ha podido saber HOY, en el interrogatorio ha negado responsabilidad alguna de actuación ilegal que se haya podido cometer y ha señalado a UPA-UCE como, en todo caso, culpable de ello.

La jornada, como viene ocurriendo desde el miércoles, cuando la Guardia Civil inició una operación contra la organización agraria por un presunto fraude en el desarrollo de ayudas de asesoramiento, volvió a ser maratoniana y especialmente penosa por las condiciones meteorológicas para el centenar de personas que se concentraron durante todo el día en el Palacio de Justicia de la capital extremeña.

UPA-UCE calificó la medida de prisión sin fianza como «tremendamente injusta e ilógica». Exige la liberación «inmediata» de Huertas y Alcón y pide a la jueza que reflexione sobre la «lógica y la conveniencia de una medida desproporcionada». La organización asegura que han sido víctimas de una falsa denuncia que ha hecho incurrir en un «grave error» a la Guardia Civil.

El anuncio de esa prisión llegó sobre las nueve de la noche por fuentes de la investigación a través de Canal Extremadura TV y la agencia Efe, y no por la información de los abogados de los detenidos, al parecer porque todavía la magistrada no había firmado su resolución. Por eso UPA-UCE dijo que «la decisión ya estaba tomada antes de celebrarse la vista».

Los amigos y afiliados de la organización agraria se enteraron por la prensa de una noticia que, en ningún caso, esperaban.

«Es una decisión (la privación de libertad para Huertas y Alcón) tremenda. No se explica», clamaba Lorenzo Ramos, el extremeño que está al frente de UPA federal y que fue el que impulsó el crecimiento de UPA-UCE como principal organización agraria regional según los datos de las últimas elecciones al campo (2002) y su nivel de implantación en la comunidad autónoma.

Como se ha venido informando, el miércoles pasado efectivos de la Policía Judicial de Cáceres detuvieron a cinco responsables de la organización agraria y a dos personas relacionadas con la formación dentro de la Operación Tellus. La diosa romana de la tierra ha dado nombre a una investigación en la que se lleva trabajando desde el pasado 5 de febrero y que partió de la denuncia de un agricultor, Paulino Luna Bermejo, de la comarca cacereña de Campo Arañuelo.

Luna Bermejo es un antiguo dirigente de la Unión de Campesinos de Extremadura (UCE). También es exconcejal de IU en Navalmoral de la Mata, además de ser miembro del Partido Comunista de Extremadura.

Según la Guardia Civil, se puso de manifiesto un supuesto entramado financiero ilegal de UPA-UCE que consistía en derivar fondos públicos, la mayor parte europeos, «a las necesidades financieras de la propia organización y de otras personas físicas y jurídicas que están todavía bajo investigación».