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El presunto fraude de UPA-UCE perjudica a la Junta y al Ministerio

  • Los extractos bancarios analizados por la Guardia Civil evidencian que los agricultores no llegaban a pagar el 20% del servicio de asesoramiento

Una denuncia presentada por un agricultor insatisfecho con la organización agraria UPA-UCE Extremadura ha desencadenado en una operación de la Guardia Civil que ha concluido con siete detenidos, pero que sobre todo pone en entredicho el buen funcionamiento de un sistema de ayudas europeas destinado a mejorar las explotaciones de la región.

La operación Tellus ha puesto sobre la mesa la supuesta apropiación indebida que hizo UPA-UCE de 1,8 millones de euros en ayudas destinadas al asesoramiento agrario contempladas en el Programa de Desarrollo Rural Extremadura 2007-2013 y por tanto cofinanciadas con fondos comunitarios.

La investigación se centra en los años 2013, 2014 y 2015. Corresponden a la última convocatoria de este tipo de ayudas, que fue lanzada por la Junta de Extremadura en el año 2013 con una dotación de 6,97 millones de euros. Según recogen los informes de gestión de la Administración regional, se aprobaron 7.262 solicitudes, lo que supone una media de menos de 1.000 euros por cada beneficiario.

Como establecía el decreto regulador, estas subvenciones se dedicaban a sufragar los honorarios de los servicios de asesoramiento cuyos informes tengan por objeto evaluar la rentabilidad global y el comportamiento ambiental de la explotación en cuestión, así como proponer mejoras relativas a requisitos legales de gestión (salud pública, sanidad animal, sanidad vegetal, medio ambiente y bienestar de los animales), buenas condiciones agrarias y medioambientales, modernización de explotaciones, optimización de recursos hídricos y energéticos, fomento de herramientas e innovaciones tecnológicas, comercialización, gestión empresarial y diversificación de la economía agraria e impulso de cultivos y técnicas que compatibilicen la mayor productividad y competitividad agraria con la preservación del medio ambiente. También abarcan los trámites que deben realizar los agricultores jóvenes para el inicio de la actividad.

Estas ayudas consistían en un tope de 1.000 euros para agricultores a título principal, aunque se podía llegar hasta 1.500 si se trataban de explotaciones prioritarias o si el titular tenía menos de 40 años. Se concede por un periodo de tres años, a razón del 40% la primera anualidad y el 30% cada una de las dos siguientes. De ahí que la convocatoria de 2013, así como la investigación de la Guardia Civil, incluya también a los ejercicios 2014 y 2015. El agricultor recibía como subvención un 80% del coste del servicio de asesoramiento. Esa cantidad se financiaba en un 75% con fondos comunitarios a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, mientras que el 25% restante se repartía entre la Junta de Extremadura y el Ministerio de Agricultura.

Las subvenciones se destinaban a los agricultores. Obtenían más puntuación los que concertasen el servicio con una organización profesional agraria o una cooperativa o federación de cooperativas. El requisito era que estuvieran inscritas en el Registro Extremeño de Entidades de Asesoramiento.

Concertar un servicio de asesoramiento no es imprescindible para cobrar las ayudas de la PAC, pero sí se requiere para optar a la condicionalidad, como se definen las prácticas respetuosas con el medio ambiente. La Unión Europea cuenta con ayudas para compensar el esfuerzo que realizan los agricultores y ganaderos para reducir el impacto de sus explotaciones, y además pueden obtener más rentabilidad (con medidas de ahorro energético o de agua) u obtener acreditaciones de calidad (con medidas de eliminación de residuos, por ejemplo).

Un sistema en carrusel

Una de las cuestiones que llamó la atención a los investigadores es que este tipo de ayudas no parecen interesantes para pequeños agricultores. Como se ha indicado, apenas suponen 1.000 euros en tres años, no impiden cobrar la PAC y además exigen mucho papeleo. Por ese motivo, la Guardia Civil considera que en realidad UPA-UCE montó una estructura para captar las subvenciones por servicios de asesoramiento sin que el agricultor tuviera que aportar el 20% que le corresponde y sin tener que realizar el trabajo, algo que niega la organización.

Todo parte de lo ocurrido al titular de una explotación en el noreste de Cáceres. Había recibido una ayuda al asesoramiento y fue objeto de una inspección por parte de la Junta de Extremadura. Pero no pudo acreditar el cumplimiento de las condiciones de concesión, por lo que fue requerido por la Administración regional para que devolviera el dinero percibido. Como consideró que no había sido respaldado por UPA-UCE cuando pidió explicaciones, decidió denunciar a su organización agraria.

La Guardia Civil contactó con más de treinta agricultores y ganaderos que habían percibido la ayuda y concertado el asesoramiento con UPA-UCE. Fueron elegidos al azar en distintas zonas de la región para no levantar sospechas. Se constató que en todos los casos realmente desconocían que habían solicitado una subvención o cuál era el alcance de la misma.

A continuación, se estudiaron miles de extractos bancarios, que para la Guardia Civil pusieron en evidencia una estructura para que la organización se quedara con el dinero de estas ayudas con el objetivo de financiar su propia actividad.

UPA-UCE reconoce que ideó un sistema para que el agricultor no tuviese que adelantar el pago. Consistía en prestarle dinero a través de la empresa Servicios integrales extremeños SLNE, vinculada a la organización. El interesado pagaba el servicio. Realizado y justificado, recibía la ayuda y devolvía el importe.

Sin embargo, para la Guardia Civil este método era en realidad un instrumento para cobrar las ayudas. Los investigadores consideran llamativo que Servicios integrales extremeños no contempla en su objeto social la concesión de préstamos. Además, se trataría de un negocio ruinoso. Se iniciaba con una pequeña cantidad, por ejemplo 1.000 euros. UPA-UCE los transfería a la empresa, que a su vez se los prestaba al agricultor. El particular empleaba esa cantidad para pagar el servicio de asesoramiento a la organización, con lo que el dinero volvía a su punto de origen. Y todo en apenas dos días. Después se tramitaba la ayuda, por la que correspondían 800 euros al beneficiario. Con esa cantidad devolvía el préstamo a la empresa, que por tanto perdía 200 euros. Pero la organización ganaba 800. Basta con poner en circulación los mismos 1.000 euros 2.250 veces más (se estima que UPA-UCE tramitó ayudas de 1.800 particulares) para ingresar 1.800.000 euros en ayudas, 1.350.000 de la UE y 450.000 euros de la Junta y el Ministerio de Agricultura. HOY ha preguntado a ambas instituciones si se plantean personarse o iniciar una inspección, pero no ha recibido respuesta.

Este entramado financiero, así como las declaraciones de los supuestos beneficiarios, pusieron la pista sobre otra clave. En realidad, los servicios de asesoramiento no se prestaban, o no en las condiciones exigidas. La Guardia Civil recalca que no basta con elaborar unos informes, sino que había que hacer un seguimiento durante los tres años de la ayuda y que en realidad no se realizaba.

Para eso se necesitaba al agricultor. Los investigadores consideran que eran embaucados, o que no les contaban toda la verdad. Firmaban una solicitud de ayuda, pero también un préstamo y las órdenes de pago al banco. Las sospechas ponen en duda que unas ayudas millonarias realmente se hayan empleado para mejorar el campo extremeño.