Hoy

Apoyo a los detenidos en la sede y en el juzgado en un día interminable

vídeo

Afiliados de UPA han mostrado numerosas pancartas con lemas de respaldo a los detenidos y sus familias / Brígido

  • Afiliados, simpatizantes y familiares se congregaron ayer por la mañana y por la tarde mientras la juez de Mérida tomaba declaración a los acusados

En la sede y en los juzgados, los afiliados y los simpatizantes de la organización agraria UPA-UCE mostraron ayer su apoyo sin fisuras a los detenidos y subrayaron que la actuación seguida en el desarrollo del servicio de asesoramiento es intachable y no se ha cometido ningún delito. A lo largo del día decenas de personas se fueron concentrando, por la mañana en la sede regional, donde se desarrolló una improvisada asamblea informativa, y por la tarde frente a los juzgados de Mérida, donde prestaron declaración los siete detenidos.

Muchos de los que acudieron al Palacio de Justicia de la capital autonómica se marcharon a sus domicilios sin conocer si los detenidos iban a regresar a sus casas. Al cierre de esta edición no se conocía la decisión que debe adoptar la titular del Juzgado número 1 de la capital extremeña, Ana Belén Fernández Arroyo.

Los detenidos llegaron a sede judicial a las cuatro y media de la tarde pero no fue hasta las siete cuando empezaron a declarar ante la magistrada acompañados por cuatro abogados. «Esto es inexplicable», se quejaban algunos familiares. El primero que concluyó su declaración, a las diez de la noche según fuentes de la organización agraria, fue Juan Manuel Apolo, responsable de la empresa que desarrolló los asesoramientos. La segunda declaración fue la de Ignacio Trejo, técnico de la oficina de UPA-UCE en Losar de la Vera.

A esa hora de la noche se daba por hecho entre los representantes de la organización agraria que las declaraciones iban a continuar a lo largo de esta mañana.

«Nacho (Huertas, secretario general) me dijo antes de que le retiraran el teléfono que estaba más preocupado por la gente de UPA que por él mismo. En todo caso es fuerte. Y es inocente como los demás. No hay delito», sentenció su mujer, Montse Cortiñas, a HOY.

Ella fue uno de los familiares que estuvieron hasta bien cerrada la noche en las puertas del juzgado emeritense, junto a Lorenzo Ramos, secretario federal de UPA, y Antonio Prieto y Catalina García, miembros de la directiva de UPA-UCE, entre otros.

Por la mañana, afiliados, cargos comarcales del colectivo y técnicos se habían reunido para mostrar su apoyo a los detenidos de su organización, así como para rechazar que la entidad agraria haya cometido algún delito.

«Es mentira que se nos diga que nos hemos llevado 1,8 millones de euros de los afiliados», enfatizó Antonio Prieto, minutos después de asistir a una asamblea improvisada, convocada a través de un grupo de Wassap y celebrada en la sede regional, en el Polígono Cepansa, a la que acudieron cerca de 300 afiliados y cuadros comarcales.

Una reunión en la que los asistentes mostraron numerosas pancartas con lemas de respaldo a los detenidos, de apoyo a sus familias y de inocencia de sus dirigentes y de la propia organización.

En ese encuentro se oyeron voces críticas hacia la actuación de la Delegación del Gobierno en Extremadura, el proceso «vergonzoso» de detenciones realizado por la Guardia Civil y «cómo se está intentado criminalizar» a la organización agraria. Tanto Prieto como el líder nacional de UPA-UCE, Lorenzo Ramos, coincidieron en afirmar que «no hay caso» alguno.

La investigación policial ha determinado que más de 1.800 personas afiliadas a UPA-UCE habrían pedido supuestas subvenciones para asesoramiento agrario durante 2013-2015 con fondos procedentes de la UE, según la Benemérita. La operación Tellus se ha saldado con siete detenidos, cuatro miembros de la ejecutiva regional de UPA.