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Llegan al Juzgado los detenidos de UPA para prestar declaración

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Los detenidos llegan al Juzgado de Instrucción 1 de Mérida. / Brígido

  • Están acusados de blanqueo, fraude y organización criminal

Los siete detenidos de UPA-UCE Extremadura en la operación 'Tellus', cuyas pesquisas apuntan presuntos delitos contra la hacienda pública mediante fraude de subvenciones, falsificación de documentos y blanqueo de capitales, ya se encuentran en el Juzgado de Instrucción 1 de Mérida para prestar declaración.

Los arrestados, cuatro de los cuales pertenecen a la dirección de la entidad agraria, han sido conducidos esta tarde desde el cuartel de la Guardia Civil de Cáceres hasta las dependencias judiciales emeritenses.

El furgón del instituto armado que los ha trasladado ha llegado a Mérida sobre las 16.30 horas, por lo que a partir de ahora será el titular del juzgado el que marque la agenda de las declaraciones.

Los siete detenidos están acusados también de organización criminal. Acaban de pasar disposición judicial después de haber pasado una o dos noches en la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres. Los arrestados son Ignacio Huertas, María Antonia Alcalá, José Cruz, Maximiliano Alcón, Miguel Leal, Juan Miguel Apolo, de Badajoz, e Ignacio Trejo, de Losar de la Vera.

Alcón es diplomado en empresariales y marketing y tiene una explotación de tabaco, pimiento y maíz. Desde 2007 es secretario de Administración de UPA. Y desde 2014 también de Organización. Juan Miguel Apolo e Ignacio Trejo no ocupan puestos directivos. El primero es adjunto a la administración de UPA y Trejo, natural de Robledillo, trabaja en la oficina de Losar de la organización.

La organización agraria ha negado este jueves las acusaciones realizadas por la Guardia Civil que cifra el fraude en 1,8 millones de euros. Al mismo tiempo, también ha afirmado mediante un comunicado que nadie en la organización ha cometido ningún delito ni se ha financiado ilegalmente de ninguna manera. UPA además ha rechazado las formas en las que el Instituto Armado ha desarrollado la operación y ha pedido la liberación inmediata de las personas que siguen detenidas.

Los hechos

Agentes del cuerpo armado detuvieron el miércoles a cinco responsables de la organización agraria y a dos personas relacionadas con la formación dentro de la Operación Tellus. La diosa romana de la tierra ha dado nombre a una investigación en la que se lleva trabajando desde febrero y que partió de la denuncia de un afiliado a UPA-UCE, el propietario de una pequeña explotación en la comarca del Campo Arañuelo.

Según explica la Guardia Civil, este agricultor ponía de manifiesto un supuesto entramado financiero ilegal de UPA-UCE que consistía en derivar fondos públicos, la mayor parte europeos, «a las necesidades financieras de la propia organización y de otras personas físicas y jurídicas que están todavía bajo investigación». Es decir, no sólo se apunta a la entidad, sino también a particulares y empresas.

La Guardia Civil explica que el fraude se produce en las ayudas comunitarias al asesoramiento agrario, un servicio que «sólo podía ser prestado por una lista cerrada de empresas y organismos reconocidos por la Junta», entre ellos UPA-UCE.

Doble procedimiento

Según agentes del cuerpo armado, UPA-UCE ponía el dinero mediante una transferencia a Siex. Con esa cantidad, la empresa concedía al agricultor un préstamo por una cantidad equivalente al 80% del coste del asesoramiento, el importe de la ayuda europea. El agricultor pagaba por el trabajo, con lo que el dinero regresaba a la organización agraria. Sin embargo, el servicio «no llegaba a darse, o no se daba con las condiciones exigidas», ni tampoco se ingresaba el 20% que correspondía al interesado.

Después, la propia organización gestionaba la ayuda del 80%. El dinero llegaba a los agricultores y se empleaba para liquidar con Siex el préstamo. Y de la empresa pasaba a UPA-UCE, que con una pequeña cantidad en movimiento constante pudo llegar a obtener 1,8 millones. La Guardia Civil señala que ese dinero se utilizó principalmente para financiar su actividad (nóminas, impuestos, suministros, etc.), pero parte fue «a determinadas empresas para fines supuestamente privados» y otra «a la matriz nacional del sindicato u otras organizaciones afines».