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UPA-UCE: "No hay caso"

UPA-UCE: "No hay caso"
  • La organización agraria niega las acusaciones de la Guardia Civil y pide la liberación inmediata de las personas que siguen detenidas

UPA-UCE Extremadura ha negado las acusaciones realizadas por la Guardia Civil que cifra el fraude en 1,8 millones de euros y ha afirmado, tras conocer los detalles hechos públicos esta mañana, que nadie en la organización ha cometido ningún delito ni se ha financiado ilegalmente de ninguna manera.

Según UPA, "las ayudas europeas al asesoramiento a las explotaciones se dirigían a los agricultores que pagaban a la organización por un servicio que fue prestado por UPA y auditado por la Administración". La investigación de la Guardia Civil sostiene que el asesoramiento agrario no se llegó a dar, o por lo menos no en las condiciones mínimas exigidas.

Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Extremadura aseguran que en el seno de la organización hay "tranquilidad y confianza" tras conocer los detalles de la operación Tellus. Fuentes de la organización han aseguran que "no hay caso, ya que no se ha cometido ningún delito".

UPA ha negado que exista un entramado financiero ilegal para financiarse en base a las ayudas al asesoramiento agrario provenientes de la Unión Europea ya que llegaban de Bruselas directamente a los agricultores. Y estos pagaban a la organización por los servicios y trabajos desarrollados para la redacción de los informes del asesoramiento, que -según UPA- realizaban los técnicos que trabajan para la organización.

UPA-UCE afirma que "no se ha producido ningún engaño a ningún afiliado", ya que eran ellos, a título personal, los que recibían la subvención en sus cuentas bancarias y luego se transfería con todos los justificantes a la organización por los servicios prestados. La organización agraria defiende que esos servicios fueron realizados en su totalidad y cuyos expedientes están entregados en la propia Consejería de Agricultura.

La Unión de Pequeños Agricultores justifica que en los años a los que se refiere la investigación (2013-2015) se estableció un mecanismo para que los agricultores no tuvieran que adelantar el dinero de los informes de asesoramiento, que a su vez eran necesarios para cumplir con todos los requisitos de la Política Agraria Común.

Ese mecanismo consistía en que los productores recibían una transferencia con el importe de la subvención que después devolvían a la organización una vez recibían la ayuda y se realizaba el asesoramiento.

UPA ha rechazado las formas en las que el Instituto Armado ha desarrollado la operación y ha pedido la liberación inmediata de las personas que siguen detenidas.

Asimismo, ha mostrado confianza en la Justicia y en que pronto se aclarará todo y "no descartan nada para limpiar el buen nombre de una organización que trabaja desde hace más de 30 años defendiendo, ayudando y prestando servicios a agricultores y ganaderos de toda España”.