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Detienen a la dirección de UPA acusada de quedarse con subvenciones

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Ignacio Huertas, José Cruz y Miguel Leal, conducidos por agentes de la Guardia Civil / L.C.

  • Los siete detenidos están acusados de blanqueo, fraude y organización criminal

  • Investigan a 25 personas y entre los arrestados se encuentran el secretario general de la organización en la región Ignacio Huertas, José Cruz, Miguel Leal y María Antonia Alcalá

Ignacio Huertas, que lleva 12 años al frente de la organización agraria UPA-UCE de Extremadura como secretario general, está detenido desde ayer. También lo está su mano derecha, la vicesecretaria regional María Antonia Alcalá Jiménez; lo mismo que el secretario de Acción Sindical y Agricultura, José Cruz Llanos; el secretario de Organización y Administración, Maximiano Alcón Aparicio y su antecesor en este cargo, Miguel Leal. Hay otro miembro de la UPA arrestado que no es de la Comisión Ejecutiva Regional, y una séptima persona, que es el administrador de una empresa vinculada con UPA.

Las detenciones se realizaron ayer tras un amplio operativo planeado minuciosamente por la Guardia Civil de Cáceres llamado ‘Operación Tellus’. Las investigaciones comenzaron hace ocho meses.

A primera hora de la mañana, alrededor de las nueve menos cuarto, miembros del grupo de élite GRS de la Guardia Civil (Grupo de Reserva de Seguridad), tomaron junto a guardias de Cáceres el polígono industrial Cepansa de Mérida, acordonando las dependencias de UPA-UCE Extremadura. Al mando estaba la comandante María Jesús Pascual.

Al poco tiempo llegaba esposado el histórico líder agrario José Cruz, que era introducido en las dependencias de UPA. Sobre las diez le tocaba el turno a Miguel Leal, que entró también con esposas, rodeado de guardias civiles que le habían traído en coche. A las once y media llegó en su propio coche, un Peugeot 407SW de color verde oscuro, el secretario regional de UPA-UCE, Ignacio Huertas. Llegó solo y entró sin ser esposado en las dependencias. Aseguró a los periodistas que ya estaban en la zona que no sabía nada de lo que estaba ocurriendo, y que lamentaba la mala imagen que se le estaba dando a la agrupación agraria al estar la sede tomada por agentes. Una vez dentro le fue comunicado que estaba detenido.

Idéntica operación se hicieron en otras dependencias de la UPA en Extremadura, en donde se hizo registros y detenciones.

A los tres detenidos en Mérida se sumó otra en Plasencia, María Antonia Alcalá. Un quinto detenido en Coria, otro en Talayuela y un séptimo en Badajoz. En total son siete detenidos, pero 25 los investigados (antes imputados).

Según ha podido saber HOY, el Juzgado de Instrucción número 1 de Mérida está investigando una trama presuntamente urdida por los dirigentes de UPA Extremadura para apropiarse de subvenciones europeas destinadas a cursos de formación. Para quedarse con el dinero, crearon al menos una empresa. Las subvenciones tienen como intermediaria a la Junta de Extremadura. La agencia Efe señala que según fuentes de la investigación en Madrid, la Guardia Civil acusa a los miembros de la UPA de pertenencia a organización criminal, de delitos contra la Hacienda Pública por fraude en subvenciones, blanqueo de capitales y falsificación de documentos.

Al cierre de esta edición aún seguía el registro en la sede de Mérida con Huertas presente, mientras que en Plasencia terminó a las cinco de la tarde.

Según informa Claudio Mateos, en Plasencia, agentes de la Guardia Civil acudieron sobre las nueve de la mañana a la sede de UPA, en la calle Julián Besteiro 7. Se habían desplazado a la vivienda de una de las dirigentes regionales de la organización, que todavía no estaba en las oficinas, para llevarla a ellas. Se trataba de María Antonia Alcalá.

Los detenidos fueron llevados a los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil en Cáceres, en donde estarán hasta que pasen a disposición del Juzgado número 1 de Mérida, cuyo titular decidirá si ordena ponerlos en libertad, con o sin cargos, o su ingreso en prisión a la espera de juicio.

Respuesta de UPA-UCE

Tras esta operación policial, la UPA-UCE envió un comunicado a la prensa en el que lamenta el trato policial y cuestiona las graves acusaciones que se hacen a sus dirigentes. La organización agraria califica de «indignante y desproporcionada» la actuación policial puesta en marcha por la unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil. Asegura que espera que «todo quede en nada» y se archive la causa pero que de momento el daño a la imagen de la organización está siendo muy importante. «Actuaremos en consecuencia para que el buen nombre de la organización, que trabaja desde hace más de treinta años ayudando y representando a agricultores y ganaderos de toda España, quede limpio de todo daño», indica.

Asegura no entender por qué han sido detenidos sus compañeros. «El hecho de que les hayan detenido en sus domicilios, en presencia de sus familiares e incluso de sus hijos, y todo ello retransmitido por los medios de comunicación, es demencial», se lamentan. Recalcan que su colaboración con la justicia es total. «Trabajaremos de forma activa para aclarar todo este embrollo», indica.

UPA pide al juez que libere a los siete detenidos, ya que «no tiene ningún sentido que hagan pasar la noche en el calabozo a personas con una reputación intachable a lo largo de años de trabajo».

Los registros se produjeron en cinco sedes de las 38 que tiene la organización en toda la comunidad de Extremadura. El comunicado señala que las 26 sedes de UPA-UCE Extremadura en Badajoz y las 12 de Cáceres abrirán hoy con normalidad. Insiste en que «seguirán cumpliendo con su función de ayuda, defensa y representación a los agricultores y ganaderos».

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) nació a principios de los ochenta, al acoger a militantes de la Federación de Trabajadores de la Tierra de UGT. Está integrada en la estructura de trabajadores autónomos de la UGT. En España tiene unos 80.000 afiliados, de los que 10.000 son extremeños. Se definen como progresistas, mientras que otros grupos los califican de centro izquierda o izquierda moderada.

Lorenzo Ramos no sabe

Hasta el año 2005 la UPA fue dirigida a nivel nacional por Fernando Moraleda, y le sustituyó ese año Lorenzo Ramos Silva, nacido en Badajoz en 1958. Precisamente, al dejar su puesto de liderazgo en Extremadura, le sustituyó Huertas.

Ayer Lorenzo Ramos manifestaba su sorpresa por el hecho de que la Guardia Civil haya detenido a miembros de UPA-UCE de Extremadura, afirmando que la entidad «no tiene noticias de que se le investigue por nada». Ramos subrayó que el asunto era muy raro y que el abogado de UPA-UCE estuvo presente en la sede regional, en Mérida. «No tengo ninguna información y no se sabe por qué se detiene a la gente». Lorenzo Ramos conoció la noticia cuando estaba trabajando en su explotación agraria de la localidad pacense de Valdelacalzada. «Nadie me ha llamado para nada, ni sé nada». Destacó que su organización «colaborará con la Justicia» y que lo único que quiere es saber y que se le cuente lo que hay. Sobre las posibles causas del hecho, ha señalado que él, por el momento, las desconoce.

Sin «constancia oficial»

La Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura aseguró ayer que no tenía «constancia oficial» de los registros y detenciones que se estaban llevando a cabo en varias sedes de la UPA-UCE de Extremadura ni de los motivos de las mismas.

Estas detenciones recuerdan lo ocurrido hace algo más de diez años con Luis Cortés, cuando era secretario regional de Coag Extremadura. En enero de 2005 él y otras 15 personas fueron detenidos por irregularidades en el cobro de subvenciones del higo.

El caso terminó con una condena de tres años de cárcel. En 2011 fue condenado a dos años y nueve meses por falsificar firmas para recibir subvenciones destinadas a fomentar empleo, y en 2012 le sentenciaron a 4 años por defraudar a 249 agricultores.