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La Fiscalía pide cinco años de prisión por cobro indebido de las ayudas de la PAC

  • Considera que el acusado utilizó el DNI y falsificó la firma de dos familiares para tramitar ante la Junta una cesión permanente de derechos

Un DNI original obtenido supuestamente de buena fe y una firma falsa bastan para cobrar una cuantiosa ayuda que en realidad no corresponde. Así lo estima la Fiscalía de Mérida, que pide una condena de cinco años de prisión para un individuo acusado de un delito de falsedad en documento oficial en concurso con otro de estafa.

El caso ha sido instruido por los juzgados de Montijo. El juicio está fijado para finales de noviembre en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz, situada en la capital autonómica.

El acusado se encargaba de gestionar el papeleo de las explotaciones agrícolas de su mujer y de su familia política. Según la acusación pública, en noviembre de 2011 solicitó a su cuñada y a su suegra sus documentos de identidad para tramitar el pago de unos impuestos por unas tierras que él se encargaba de cultivar pero sobre las que no tenía otros derechos concedidos.

La Fiscalía sostiene que, con ánimo de enriquecerse y ocultando sus verdaderas intenciones, utilizó los documentos para presentar ante la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura una solicitud de movimiento de derechos de pago único, la ayudas europeas a la producción que gestiona el Fondo Español de Garantía Agraria. Para darle veracidad al documento también tuvo que falsificar las firmas.

Con estos documentos en su poder, en diciembre de 2011 tramitó ante la Dirección General de Política Agraria Comunitaria una cesión permanente de los derechos. En el año 2012 se separó de su mujer, pero a partir de ese momento empezó a cobrar las ayudas. La Fiscalía considera que percibió de forma indebida más de 54.500 euros por las campañas del 2012-2013 (18.400 euros), 2013-2014 (algo más de 18.000 euros) y 2014-2015 (también más de 18.000 euros). Aún está pendiente de resolución la cuantía correspondiente a la campaña 2015-2016.

Mientras tanto, las dos mujeres solicitaron el cobro de las ayudas, pero sus peticiones eran denegadas por la Junta, hasta que se dieron cuenta de lo ocurrido y denunciaron al presunto estafador. Por su parte, el principal acusado sostiene que tramitó los papeles con el permiso de las que en aquel momento eran sus familiares, de modo que tendría derecho a cobrar las ayudas por las explotaciones agrarias.

Estafa y falsedad

La Fiscalía de Mérida aprecia los delitos de falsedad en documento oficial y estafa en concurso medial, por el cual uno de ellos es imprescindible para cometer el otro. En este caso, la pena se puede calcular atendiendo a la infracción más grave en su mitad superior.

El delito de estafa está penado con una condena de uno a seis años de prisión cuando se trata del tipo agravado por cuestiones como la falsificación de una firma en un documento oficial. De ahí que se solicite por su mitad superior una condena de cinco años de cárcel, así como el pago de 54.500 euros de indemnización a las supuestas víctimas.

Asimismo, la Fiscalía reclama que, en caso de condena, se ordene a la Junta de Extremadura la rectificación de la petición de cesión permanente de derechos para que las ayudas vuelvan a concederse a las propietarias de los terrenos.