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De la credibilidad y buen nombre de Extremadura

EN el debate político suele ser una constante la determinación del ‘quantum’ de poder autonómico, a través de las transferencias realizadas por el Estado en aplicación de la Constitución y los Estatutos de Autonomía, estableciéndose en algunos casos errores de perspectiva que dan lugar a una pugna vertical que está en el origen de conflictos como los planteados en Cataluña.

Pero el poder autonómico de una Comunidad no se ha de medir en el plano vertical y comparándolo con el del Estado al que pertenecen, ni es solo de naturaleza política, jurídica o competencial, sino que se extiende a un conjunto de realidades diferentes a las indicadas que configuran su verdadera capacidad y músculo en relación con sus homólogas, tanto en el plano material como intangible.

Esa parte del poder autonómico efectivo se mueve en horizontal, es consecuencia de una legítima competencia entre comunidades y tiene como resultado la distinta posición que ocupa cada una de ellas en el ranking nacional o europeo que, conjuntamente configura la situación del Estado de las Autonomías y pone de manifiesto el equilibrio o desequilibrio entre comunidades, sobre el que opera el mecanismo de la solidaridad interterritorial.

En este contexto, resulta deseable alcanzar la mayor igualdad posible entre comunidades sin renunciar a ocupar mejores puestos, que redunda en más cohesión y fortaleza del Estado en su conjunto y mayor armonía social y política.

Sin embargo el propio principio de autonomía y la consiguiente libertad de actuación que conlleva, hace que la diversidad territorial de España y la distinta idiosincrasia de sus pueblos, genere una heterogeneidad inevitable lo que no implica una posición predeterminada e inamovible dentro de ella, sino que depende de muchos factores que están bajo control de las propias Comunidades Autónomas y de sus sociedades.

Entre los elementos configuradores de la posición que ocupa cada una en lo que podríamos llamar ‘equilibrio de poder autonómico’ y, si nos referimos a Europa, ‘equilibrio de poder regional’, está la economía, el saber hacer y la habilidad de cada una de persuadir a las otras para que actúe en su interés por medio de cooperación y atracción, en vez de por métodos de economía pura y dura.

Es precisamente en este ‘poder blando’ (‘soft power’) sobre el que quisiéramos poner el foco de atención, como fuente de grandes posibilidades para Extremadura. Los elementos que le configuran son la cultura, los valores sociales y la credibilidad o reputación, estos últimos, recursos altamente valorados y estrechamente vinculados a la sociedad de la información en la que vivimos.

La actualidad nos lleva a prestar una especial atención al último de ellos con ocasión del popularmente conocido como ‘bellotagate’, relacionado con los teléfonos móviles marca Zetta que, a pesar de ser producido por empresas que, al parecer, no están radicadas en esta Comunidad Autónoma, por todo un conjunto de circunstancias, tal vez demasiadas, ha sido vinculado por la opinión pública nacional e internacional con la comunidad extremeña y no precisamente de forma positiva, lo que trae a colación –una vez más− la reputación y buen nombre de nuestra querida tierra.

Extremadura tiene un valor que resulta, no solo de los bienes materiales con los que cuenta, que son muchos y de gran calidad, sino que también incluye entre sus activos, los llamados bienes inmateriales o intangibles, cuya gestión y evaluación, junto con la ética, determinan un nivel de compromiso con la realidad. De tal modo que los intangibles son parte del patrimonio moral e institucional de Extremadura y resultan imprescindibles para operar en el mundo de relación en el que estamos inmersos.

A nivel teórico, se podría decir que los intangibles son de dos tipos, de una parte aquellos que son interiores y dependen de la propia entidad a la que se refieren, entre los que estarían, el capital intelectual, el ‘know how’ (saber hacer) o la experiencia. Y, de otra, los que dependen de su carácter institucional y relacional derivado de los efectos que produce su proyección en los demás, como serían la reputación, el prestigio, la confianza, la credibilidad, la aceptación pública, etc.

Todos estos factores resultan imprescindibles en la realidad aunque, no siempre, se tengan presente en el momento de la toma de decisiones. Entre sus características está la de que no son fáciles de medir ni de cuantificar, pero son de naturaleza estratégica e insustituibles, llegando a representar una ventaja competitiva de primer orden. Además, son muy difíciles de lograr y, en cualquier momento, se pueden perder.

Tienen tal importancia que cuando se sufren daños respecto a la confianza que le tiene la opinión pública, el efecto del golpe es mayor que si perdiera un activo material, lo que supone que causan perjuicios, a veces, irreversibles y, constituyen activos que resultan irrecuperables.

A pesar de su intangibilidad, suele ser comúnmente compartido que muchos de estos activos son identificables, muy útiles y constituyen una fuente significativa de beneficios económicos.

Habida cuenta de la importancia de los intangibles y, especialmente de los reputacionales, no estaría mal para Extremadura, sus instituciones, entidades y grandes empresas, institucionalizar la gestión de los mismos mediante ‘comités estratégicos permanentes de gestión de bienes intangibles’, en el convencimiento de que se detectarían a tiempo las amenazas, se atenuarían las vulnerabilidades, se reducirían los riesgos y se tomarían mejor las decisiones.

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