Hoy

Siete de cada diez concesiones de bus de la región son deficitarias

Un autobús de servicio de transporte de viajeros sale de la estación de Mérida. :: j. m. romero
Un autobús de servicio de transporte de viajeros sale de la estación de Mérida. :: j. m. romero
  • La Junta contempla destinar el próximo año 3,3 millones de euros para garantizar el equilibrio económico de veinte contratos

Siete de cada diez concesiones públicas de transporte de viajeros por carretera de la región necesitan compensaciones de las Administraciones Públicas para ser rentables. La caída de usuarios del autobús interurbano, unida al aumento de los costes, ha llevado a la Junta de Extremadura a plantear la reestructuración de un servicio que el próximo año le supondrá un desembolso de 3,3 millones de euros.

La Consejería de Medio Ambiente y Rural y la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura celebraron el pasado lunes una jornada en Mérida para dar a conocer el proyecto de reestructuración de las líneas de autobuses de la región, una iniciativa que se ha puesto en marcha con la elaboración de un estudio para analizar el sector y proponer distintas medidas. Una de ellas es la unión con las rutas escolares e incluso con el traslado de pacientes a centros sanitarios para optimizar costes y garantizar la atención a los usuarios.

En la jornada se puso en evidencia la delicada situación del sector. En la actualidad operan en la región 61 concesiones, el modelo habitual de gestión privada de un servicio público en exclusividad a cuenta y riesgo del empresario. De ellas, 44 son autonómicas (funcionan dentro de los límites de la comunidad y están reguladas por la Junta), 15 con nacionales (atraviesan varias regiones y por tanto son competencia del Ministerio de Fomento) y dos corresponden a Castilla y León pero tienen presencia en el norte de Cáceres.

Según los datos que se expusieron en la jornada del pasado lunes, 42 de estas concesiones necesitan una compensación para poder alcanzar el equilibrio económico, casi un 69%. En concreto, 22 se benefician de las modificaciones que se han introducido en los últimos años tras la aprobación en el año 2009 de la ley autonómica de medidas urgentes en materia de transporte público regular. En estos casos la Junta permite modificar las rutas o los horarios para hacer más eficiente el servicio y funcionar a demanda, dependiendo de las solicitudes de los usuarios en lugar de con un servicio regular. 120 localidades de la región se benefician de este sistema que permite mantener las líneas. En caso contrario, se caería en desequilibrio económico.

Eso es lo que ha ocurrido con una veintena de concesiones. En la actualidad hay tres que ya han sido declaradas Obligación de servicio público, una modalidad que permite subvencionar el contrato para que la empresa no incurra en pérdidas y garantizar así la atención al usuario. Además, hay otras ocho en tramitación y nueve más previstas para el próximo año. La estimación es que en 2017 las compensaciones que competen a la Junta de Extremadura costarán unos 3,3 millones de euros.

De las 19 concesiones que no necesitan una compensación económica para operar siete son autonómicas y diez son nacionales, además de las dos que están gestionadas por Castilla y León. En conclusión, de los 44 contratos que gestiona la Junta 37 son deficitarios y necesitan compensación para operar, un 84%.

Pérdida de viajeros

Estas medidas intentan paliar la caída de rentabilidad que se ha producido en el sector. Tras la reestructuración que se llevó a cabo en el 2000 con el Plan Integral de Transportes de Extremadura se consiguió llegar a todas las localidades de la región, ya que hasta entonces había 36 incomunicadas. También se introdujeron modificaciones en las líneas, como la que tuvo lugar en la zona de La Siberia para facilitar el acceso al Hospital de Talarrubias tras su entrada en funcionamiento en 2007.

Pese a estas mejoras, se ha producido un constante descenso de la demanda que se ha acentuado en los últimos años. El servicio ha pasado de contar con cerca de 1.200.000 viajeros en el año 2010 a poco más de 850.000 en 2015. La caída ronda el 30%, a un ritmo de más del 5% anual.

Para la Junta, se trata de un problema estructural que afecta a todo el país y a todos los medios de transporte, aunque se agudiza en el caso de los servicios interurbanos de autobús. La crisis económica produjo una disminución del poder adquisitivo de los ciudadanos y por tanto de los desplazamientos, pero también se debe a factores como la mejora de las carreteras y el uso extendido del coche particular. A esto se suman las características de una región muy extensa y con baja densidad de población.

Por uno u otro motivo, el equilibrio económico de las concesiones se ha visto amenazado. La Dirección General de Transportes ha debido tramitar dos expedientes de obligación de servicio público por renuncia de las empresas concesionarias. Junto a esto, se han producido ceses continuados de servicios ante las situaciones de pérdidas, que han sido acreditadas por auditorías internas.

La Junta ha podido constatar con sus propios medios esta caída de usuarios. La aplicación informática Sigetex, que ofrece datos casi en tiempo real sobre la ocupación de los autobuses, permite comprobar la reducción del número de viajeros. Como las tarifas están reguladas y los costes se conocen (personal, combustible, etc.), es fácil comprobar que el desequilibrio de las concesiones es completamente real.

Estos problemas tienen otras consecuencias, como la disminución de la calidad y la seguridad en los servicios prestados por las dificultades para renovar los autobuses. El número de vehículos con más de diez años de antigüedad pasó del 42,5 % en 2005 al 47,3% en 2014. Esto, a su vez, también contribuye a una reducción del número de viajeros.

Por todos estos motivos, la Junta puso en marcha un plan de reestructuración del servicio que ya se contemplaba en la citada ley del año 2009, en la que se recogía la prórroga de las concesiones (algunas de la década de los 60) hasta el 2018. La intención es que, a partir de ese ejercicio, en el que también concluirá el contrato vigente de rutas escolares, se pueda implantar un nuevo modelo de transporte de viajeros por carretera que sea eficiente y garantice la atención a todas las localidades de la región.