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La fiscalizadora de Badajoz

Raquel Rodríguez Román, delante del Ayuntamiento de Badajoz. :: casimiro moreno
Raquel Rodríguez Román, delante del Ayuntamiento de Badajoz. :: casimiro moreno
  • Raquel Rodríguez Román | Interventora del Ayuntamiento de Badajoz

Eso lo está mirando la interventora». Esa frase, en el Ayuntamiento de Badajoz, significa «quieto y parado que necesitamos su visto bueno para avanzar». Raquel Rodríguez Román (Mérida, 1967) es el 'hueso' del mayor ayuntamiento de la región. Y lo sabe. «Oye, que yo después salgo, me divierto y tengo mis amigos. Pero es que en estos puestos uno tiene que ser así», dice con una sonrisa.

Es uno de los cuatro funcionarios de mayor rango del Consistorio y fiscaliza todas las cuentas del Ayuntamiento. Cualquier decisión que cueste dinero pasa por su mesa. Y esas, en esta vida, son casi todas.

Raquel Rodríguez hace valer su criterio y lo demostró recientemente con el conflicto abierto en el Ayuntamiento con la Policía Local. Ella consideró que no se le podían pagar servicios extraordinarios porque no cubren las mismas horas anuales que el resto de funcionarios. Lo defendió incluso contra el criterio de otros funcionarios municipales y de los políticos, que querían pagar. También de todo el colectivo de los policías. Incluso el alcalde le había levantado algún año la nota de reparo para pagar a los agentes. Un policía llevó el impago a los juzgados y un juez le dio la razón a ella. Ganó su criterio.

Esta emeritense de 49 años estudió Derecho en Cáceres. Cree que esa licenciatura le ha dado una visión más amplia sobre el control del dinero público que si hubiera estudiado Económicas, la otra carrera necesaria para presentarse a las oposiciones de Intervención. Terminó la licenciatura y enganchó con las oposiciones. Estuvo tres años estudiando, con una congelación de la oferta pública de empleo por medio, y las aprobó a la primera. Volvió a examinarse un tiempo después para escalar en su carrera. Su primer destino fue la plaza de viceinterventora en el Ayuntamiento de Mérida, donde también fue tesorera.

Con 26 años estaba ya desempeñando un puesto de importancia dentro del consistorio emeritense. «Era una niña en un puesto de responsabilidad», pero de todas maneras no se ha encontrado con muchos hombres en su camino que hayan tratado de ningunearla por ser mujer. «Por lo general, me han valorado».

Después concursó y logró la plaza de interventora en Badajoz. Estuvo dos años, pero se quedó embarazada de su segundo hijo y decidió pedir una comisión de servicio en Mérida, donde sigue estando su casa. Sabe que un hombre no lo hubiera hecho, pero no se arrepiente de haber interrumpido su trabajo en Badajoz durante cuatro años. Admite que en ocasiones sí le da algo de envidia que los hombres acudan a jornadas o realicen cursos que requieren del tiempo libre que ha dedicado a sus dos hijos. «He seguido formándome, pero he priorizado a mis hijos y creo que para los hombres es más fácil en ese sentido conseguir sus objetivos laborales». En 2006 volvió a su plaza en el Ayuntamiento de Badajoz y ahora, diez años después, empieza a recoger los resultados de la estructura que se ha creado desde la Intervención y la tarea de enseñar al resto de servicios.

Entre sus tareas está fiscalizar los casi 200 millones de euros que mueve el Ayuntamiento pacense y sus organismos autónomos. Y valora, sobre todo, el equipo que la rodea. Son 15 funcionarios. Reconoce que tienen pocos medios y que el Gobierno central pide cada vez más documentación a los ayuntamientos.

Admite que para que una administración caiga en la corrupción es prácticamente indispensable la colaboración de al menos un funcionario, aunque no tiene por qué llegar a los interventores. Los mandos intermedios pueden vestir las cosas de determinada manera que puedan pasar casi desapercibidas. Asegura que en su entorno no ha visto corrupción. Y, además, ella lo tiene claro. Si en alguna ocasión ve algo con poca claridad, lo echa para atrás. No lo firma o presenta una nota de reparo.

Cree que las administraciones deben incrementar el control sobre el dinero público. «Al final, el Tribunal de Cuentas tiene los consejeros puestos a dedo por los partidos políticos». También cree que se debe exigir más claridad en la adjudicación de los contratos. «Que el ciudadano sea exigente y crítico es algo que está muy bien. Hay que incrementar los controles sobre el dinero público. Es la manera de llegar a un país más justo, ecuánime y democrático».