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La Ley de Emergencia Social de la Vivienda continúa su trámite parlamentario

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Pleno celebrado en la Asamblea de Extremadura este jueves. / Brígido

  • El pleno de la Asamblea ha rechazado tres enmiendas a la totalidad de la oposición

El proyecto de Ley de Emergencia Social de la Vivienda de Extremadura, que plantea la expropiación temporal y sanciones a las entidades financieras que tengan viviendas vacías, continúa su trámite parlamentario después de que el pleno de la Asamblea haya rechazado tres enmiendas a la totalidad de la oposición.

Entre ellas se encuentran sendas enmiendas de devolución del texto a la Junta por parte de PP y Ciudadanos al entender que hay visos de "inconstitucionalidad" y que han contado con el voto mutuo favorable y en contra de PSOE y Podemos.

La enmienda de la formación morada con texto alternativo ha sido rechazada por el resto de grupos y en ella se recogían aspectos que, a juicio de Podemos, quedan fuera de la iniciativa socialista como la dación en pago (cuando se salda la deuda con la entrega de la vivienda) y la mediación en los casos de alquiler privado.

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha apuntado que el veto de la oposición al proyecto de ley no es por una razón jurídica, es "puramente ideológica", y ha invitado a enriquecer el texto vía enmiendas parciales.

Vergeles ha asegurado que es un proyecto de ley centrado y equilibrado que asegura el derecho a una vivienda digna, cuyo anclaje legal es la función social de la vivienda, que no distorsiona ni interfiere en el mercado inmobiliario y que "atiende a recomendaciones del Consejo de Estado".

Con este proyecto de ley, ha explicado, se aspira a alcanzar el objetivo de desahucios cero en Extremadura y evitar que haya gente sin casa y casa sin gente, todo ello en un marco legal "supletorio y respetuoso con la legislación estatal".

El mismo contempla el derecho de tanteo sobre viviendas de protección pública que enajenen entidades financieras con el objetivo de destinarlas al alquiler social, así como sancionar a personas jurídicas que tengas viviendas vacías.

Establece también la paralización de los procesos de desahucios por impago debido a causas sobrevenidas y la expropiación forzosa del usufructo temporal de determinadas viviendas para la cobertura de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social.

Tanto el PP como Ciudadanos han considerado que el proyecto de ley tiene preceptos con visos de inconstitucionalidad, pues pretende regular un derecho -el de propiedad- que solo puede ser regulado por una ley general en el país, que es competencia del Estado, y vulnerando así el principio de igualdad de los españoles, como advierte el Consejo de Estado en un informe al respecto.

El diputado popular, Saturnino López Marroyo, ha reprochado a la Junta que haya tardado un año en poner sobre la mesa una iniciativa que se comprometió a aprobar en 90 días, al tiempo que ha criticado que sea un "corta y pega" del decreto andaluz, declarado inconstitucional, y de otras propuestas autonómicas como la vasca, canaria y navarra.

Según Marroyo, no se han recogido las recomendaciones del Consejo de Estado como dice la Junta, por lo que no van a apoyar una ley para crear "falsas expectativas" habiendo "fundamentaos sobrados" para "impugnar" los preceptos más importantes de la misma y que éstos sean suspendidos cautelarmente y anulados.

A su juicio, no se ha cambiado nada porque el PSOE es consciente de que "no puede cumplir" con esa promesa de una Extremadura libre de desahucios y porque "al Gobierno de Vara le interesa que el Ejecutivo central recurra la ley" para que "el culpable sea otro".

En respuesta, Vergeles ha mencionado que se han incorporado al anteproyecto recomendaciones del Consejo de Estado como que no sea un decreto ley, el hecho de que se obligue a la intermediación "pero no a seguir y a llegar a un resultado" y que en el derecho de tanteo haya un plazo de alegaciones de 10 días.

Asimismo, ha dicho, en el caso de la expropiación temporal del usufructo de la vivienda, cuando se agotan las vías vigentes, la ley tiene carácter supletorio y complementario a la legislación nacional.

La portavoz de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha defendido que "igual de inconstitucional" es sea un decreto o un proyecto de ley porque "choca con una ley de rango superior", que es competencia del Estado, y ha criticado que no se haya tenido en cuenta el informe del Consejo de Estado, lo que evidencia la "falta de voluntad y de consenso" de la Junta.

Para Domínguez, la ley adolece de vicios importantes de inconstitucionalidad y ha pedido su devolución para que se den "las garantías legales suficientes".

Por su parte, el diputado de Podemos, Daniel Hierro, entiende que el proyecto de ley es insuficiente, razón por la que su grupo ha presentado un texto alternativo, que es una adaptación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

El texto, ha detallado, sí cubre la mediación en los casos en que se expulsa a inquilinos que no pueden pagar el alquiler, personas que viven en la calle y en infraviviendas, chabolismo o jóvenes que quieren acceder a una vivienda pero su sueldo no se le permite.

Podemos plantea multar al banco si no ofrece un alquiler social y que cuando la Junta no cuente con recursos en los sitios donde haya solicitantes de vivienda social, que las entidades financieras pongan a disposición las viviendas vacías que tengan.

El diputado socialista Valentín García ha señalado que el texto es una copia de la ley catalana que tiene una realidad social y de vivienda muy distinta de la de Extremadura y "rebasa las competencias" de la comunidad. Además, ha recordado a Podemos que el chabolismo se erradicó en la región hace 25 años.