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La Junta ha recuperado 165 viviendas sociales en lo que va de legislatura

Agentes de la Policía Nacional intervienen en la recuperación de una vivienda en Mérida. ::
Agentes de la Policía Nacional intervienen en la recuperación de una vivienda en Mérida. :: / Brígido Fernández
  • En 26 casos la actuación se ha llevado a cabo con un auto judicial por ocupación ilegal o porque se trata de casas vacías

Ya no hay desahucios de pisos sociales por motivos económicos, pero eso no impide que se lleven a cabo intervenciones para garantizar un buen uso del patrimonio público. La Junta de Extremadura ha recuperado en lo que va de legislatura 165 viviendas sociales, de las cuales en 26 casos se ha requerido un auto judicial.

La última de estas intervenciones tuvo lugar la pasada semana en Mérida, donde se recuperaron cinco viviendas. De ellas, en un caso se debió a una entrega de llaves voluntaria, mientras que en los cuatro restantes hubo que recurrir a un auto judicial: tres por ocupación ilegal y una por conducta asocial.

Según indica la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, de la que dependen las competencias en materia de vivienda, a partir de esta semana se empezarán a estudiar los expedientes para que estos pisos puedan ser entregados por adjudicación directa a personas que se encuentren a la espera de una vivienda.

Son los pasos habituales en este tipo de actuaciones, que en su mayor parte tienen lugar en las cuatro grandes ciudades de la región. Sanidad señala que, de las 165 recuperaciones que se han llevado a cabo desde julio del pasado año, 41 han tenido lugar en Badajoz, 42 en Cáceres, 27 en Mérida y 16 en Plasencia. El resto, 39, corresponde a distintas poblaciones de la comunidad.

En cuanto a los procedimientos que han empleado para la recuperación de estas viviendas, Sanidad y Políticas Sociales señala que en 81 casos, cerca de la mitad, se produjo por entrega voluntaria de llaves. Junto a esto, 23 de las propiedades estaban vacías y 20 estaban ocupadas ilegalmente. Por último, 14 expedientes se debieron a cambios, y en los 26 casos citados más arriba se tuvo que recurrir a una orden judicial para poder acceder a los pisos por ocupación ilegal o por no ocupación.

Motivos de desahucio

Para llevar a cabo la recuperación de una vivienda se sigue lo recogido en el decreto autonómico que regula los procedimientos de adjudicación. Esta norma establece que se resolverá el contrato de compraventa o arrendamiento de un piso social si se acredita que el beneficiario ya no cumple los requisitos exigidos para optar a estas propiedades (bajos ingresos, carecer de vivienda y no haber resultado adjudicatario en procesos anteriores son los principales) o si se demuestra la falsedad de los documentos que aportó con su solicitud. También cuando la vivienda social no constituya el domicilio habitual y permanente del adjudicatario, salvo causas justificadas y autorizadas; o cuando se incurra en una conducta asocial o que perjudique gravemente la convivencia.

Otro motivo de recuperación de una vivienda social es el impago de las rentas. Pero en estos casos la Junta de Extremadura permite la minoración del 100% del alquiler cuando se haya producido una reducción significativa de los recursos de la unidad familiar. Esta medida, que se puso en marcha en la pasada legislatura por un periodo de dos años, se mantiene. Pero aunque no se llegue a ese extremo estos expedientes suelen paralizarse. Por ese motivo, tanto el Gobierno regional anterior como el actual han defendido que en la práctica no se llevan a cabo desahucios por causas económicas.

La Junta también ha introducido recientemente modificaciones en la recuperación por ocupación ilegal. Hasta este año, quienes incurrían en esta práctica quedaban fuera de los procedimientos de adjudicación. Sin embargo, la Ley de medidas contra la exclusión social, en vigor desde julio, permite participar en estos concursos si se demuestra que el interesado había comunicado y acreditado previamente la necesidad urgente de vivienda. De ese modo se evita el castigo a quienes no obtuvieron respuesta de la Administración a sus demandas y optaron por la ocupación como única salida a sus problemas.

En cualquier caso, esta causa de exclusión no está muy extendida. Según explica Sanidad, prácticamente todas las personas que se han visto afectadas por los 165 procesos de recuperación que se han llevado a cabo en los últimos quince meses pueden volver a solicitar vivienda.

En cuanto al destino de estas propiedades, se intenta que puedan llegar a manos de otras familias de forma inmediata. Para ello, se recurre en su mayor parte a adjudicaciones directas, que permiten agilizar los trámites. En otros casos se han empleado en procesos de adjudicación que estaban abiertos y que deben seguir los plazos legales.