Hoy

Por un cooperativismo socialmente responsable

CIERTO: Extremadura atesora una legislación en materia de Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial (RSE) avanzada y casi pionera. Pero sucede que la RSE sigue siendo una gran desconocida en nuestra Comunidad. Y es que la clase política, de ordinario alejada de la realidad, gobierna a golpe de BOE (o de DOE) y como si del Génesis se tratara: ¡Hágase la RSE! Y la RSE, naturalmente, no se hizo.

Por consiguiente, debemos aclarar qué se entiende por RSE; tarea que presenta algunas complicaciones desde el punto y hora en que no existe un concepto comúnmente aceptado, pues son muchos los organismos que la han definido: entre otros, la Comisión Europea, la ONU, la OCDE y la OIT, en el ámbito internacional; y el Ministerio de Trabajo, en el nacional. Sin embargo, la noción de la Ley 15/2010 autonómica me parece particularmente acertada. Y así, se consideran empresas socialmente responsables aquellas que «además del cumplimiento estricto de las obligaciones legales vigentes, hayan adoptado la integración voluntaria en su gobierno y gestión, en su estrategia, y en sus políticas y procedimientos, los valores y códigos éticos de las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y de respeto a los derechos humanos que surgen de la relación y el diálogo transparente con sus grupos de interés, responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos que derivan de sus acciones».

Todas las definiciones, no obstante, se sustentan sobre varios pilares básicos: la asunción de obligaciones que exceden de las meramente legales; el equilibrio entre las variables económica y la social, laboral y medioambiental en la toma de decisiones; la transparencia en la información; la pervivencia en el tiempo de sus principios basilares hasta alcanzar un nivel estratégico; y la orientación no solo a los accionistas sino a los grupos de interés (propietarios, empleados, proveedores, clientes y la sociedad en su conjunto, singularmente su entorno más inmediato).

Por su parte, las cooperativas gozan de una relación privilegiada con la RSE; o dicho sea en palabras de la Comisión Europea: «Las cooperativas tienen una larga tradición en combinar viabilidad económica y responsabilidad social gracias al diálogo entre las partes interesadas y la gestión participativa, y pueden servir de referencia a otras organizaciones».

Y es que los fundamentos de la RSE se alinean, en significativo engarce, con los valores y principios cooperativos, que constituyen la ideología connatural del cooperativismo, a pesar de que algunos estudiosos -injustamente, a mi modesto entender- los cuestionen.

En este sentido, según la Asociación Cooperativa Internacional (ACI), «Las cooperativas se basan en valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad», o lo que es lo mismo: en directrices de ética empresarial que también se erigen en el elemento nuclear de la RSE.

Asimismo, los principios cooperativos, como pautas a través de las cuales las cooperativas ponen en práctica sus valores, se entrelazan estrechamente con la RSE. Desde que los Pioneros de Rochdale, allá por 1844, fundaron la primera cooperativa, los principios cooperativos han ido evolucionando en una encomiable adaptación a la realidad económica y social. En la actualidad, la ACI, en su asamblea celebrada en Manchester en 1995, los concreta en estos siete: 1) Adhesión voluntaria y abierta; 2) Gestión democrática por parte de los socios; 3) Participación económica de los socios; 4) Autonomía e independencia; 5) Educación, formación e información; 6) Cooperación entre cooperativas; y 7) Interés por la comunidad.

No es exagerado afirmar que los principios de la RSE tienen un marcado paralelismo con los principios cooperativos, señaladamente la gestión democrática y participativa y, por consiguiente, transparente; la educación, formación e información; la cooperación; y el interés por la comunidad y, por extensión, por los aspectos sociales y medioambientales. No en vano, las cooperativas no conforman una estructura estanca, sino de vasos comunicantes con su entorno social y grupos de interés; y el medioambiente es su ámbito consustancial, sobre todo de las agroalimentarias. Es oportuno subrayar que el cooperativismo agrario es un importante agente dinamizador económico y social de las zonas rurales, puesto que crea empleo digno, fija la población al territorio, mejora la integración y cohesión social y contribuye a la preservación de los recursos naturales.

En otra tribuna abordé la lacerante situación de la mujer rural, que ahora quiero retomar, siquiera brevemente, planteando si la igualdad de género puede abordarse desde la perspectiva de los valores y principios cooperativos y la RSE. La respuesta -no puede ser de otro modo- es afirmativa. Es indudable que las barreras artificiales tanto socioculturales como educativas que conllevan su doble invisibilidad doméstica y laboral chocan frontalmente con los valores de no discriminación y el parámetro de ética empresarial inherentes a las cooperativas y la RSE. No solo eso, sino que, según algunos estudios, el estilo directivo de las mujeres, más centrado en el consenso y en las necesidades de las personas, facilita la instauración de políticas de RSE.

Algunos lectores -muchos de ellos cooperativistas- pensarán que los principios cooperativos son mera utopía y que la implantación de la RSE supone un gasto superfluo.

Yerran: en un mercado altamente globalizado y, en caso de las cooperativas agrarias, dominado inmisericordemente por el oligopolio de las industrias distribuidoras y comercializadoras, la RSE conforma un activo intangible estratégico para el aumento de la competitividad de estas entidades.

Son muchas las acciones que desde los poderes públicos pueden -y deben- realizarse para la promoción de la RSE, pero que nuestros mandatarios tengan presente que los extremeños prefieren desayunar leyendo este periódico que un diario oficial, es decir, el BOE. (O el DOE).