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Más de 8.000 familias extremeñas sufren la supresión de las ayudas a las VPO

Viviendas del barrio emeritense de La Calzada, donde se recogen firmas para pedir la ayuda.
Viviendas del barrio emeritense de La Calzada, donde se recogen firmas para pedir la ayuda. / J. M. ROMERO
  • Los compradores de pisos del año 2011 empiezan a notar ahora la subida en su hipoteca por la imposibilidad de renovar la prestación

Francisco Manuel Pineda compró en el año 2011 una vivienda de protección oficial (VPO) en el barrio emeritense de La Calzada. Durante cinco años se ha beneficiado de las ayudas a la subsidiación de préstamos que concedía el Gobierno para que el precio de estos pisos fuera más asequible para personas con bajos niveles de renta. Tal como establecía el Plan de Vivienda vigente en aquel momento, esta subvención se concedía por un plazo de cinco años con opción de prórroga por otros cinco. Llegado el momento ha solicitado la renovación, pero no le ha sido concedida porque el Gobierno eliminó esta opción.

Ante las dificultades para cuadrar las cuentas públicas, el Gobierno suprimió en 2012 estas ayudas tanto para futuros compradores como para aquellos que tenían pendiente su concesión. En 2013 otra reforma legal extendió la eliminación a las renovaciones que podían tener lugar a los cinco años de la compra. Esta decisión fue recurrida por el PSOE al Tribunal Constitucional al entender, entre otras cuestiones, que suponía eliminar con carácter retroactivo una subvención con la que los beneficiarios contaban en el momento de adquirir su piso. Sin embargo, a finales del pasado año emitió un fallo contrario a sus intereses al indicar que la prórroga no estaba garantizada, sino que era opcional.

La decisión del año 2013 motivó la creación de plataformas de afectados por todo el país, pero la decisión del Constitucional ha supuesto un freno a sus reclamaciones. Sin embargo, el problema para muchos usuarios se presenta ahora, cuando han empezado a pagar los recibos de la hipoteca y se han dado cuenta de que ya no cobran la ayuda.

En el caso de Francisco Manuel Pineda, hasta el pasado mes de julio el recibo de la hipoteca ascendía a 273 euros al mes. Desde entonces, debe abonar 323. Esos 50 euros suponen una subida de más del 18%. En la actualidad está en paro después de terminar un contrato de verano. Manuel Pineda, su padre, quien además de ayudarle con el pago del piso también figura como avalista, lo tiene claro: «Nunca debimos meternos en una hipoteca».

Ante la situación que se ha generado, han decidido movilizar a los residentes en La Calzada para tratar de reclamar soluciones a lo que consideran un derecho perdido. Con ese fin, están recogiendo firmas en este barrio emeritense, que se edificó entre los años 2005 y 2011 gracias al Programa Especial 60.000 euros. En la zona se levantaron 405 pisos de protección oficial de distintas tipologías y por tanto con distintos niveles de ayudas, que además dependen de la renta de cada comprador y del préstamo que suscribió. También incluía cerca de 240 viviendas medias (unifamiliares a precio tasado), pero no llegaron a concluirse por la crisis.

La situación de los afectados no es nueva, ya que la supresión de las ayudas tuvo lugar hace tres años. Pero empiezan a notarlo ahora. Lo mismo sucederá con todos aquellos que suscribieron sus préstamos antes de la reforma de 2012, que lograron la concesión de la ayuda y que esperaban tramitar en los próximos meses su renovación. Si se suma a los que se vieron afectados por la supresión de esta subvención y que pese a que la tramitaron no llegaron a percibirla, se estima que hay cerca de 8.500 familias extremeñas que se han visto perjudicadas por estos recortes. A esto se une la imposibilidad de vender su vivienda hasta que pasen diez años de la fecha de compra y que los tipos de interés de sus préstamos, fijados por el Gobierno, han llegado a estar por encima de los del mercado libre.

Ayudas de la Junta

La cifra de afectados por la supresión de ayudas de subsidiación de préstamos fue aportada en la pasada legislatura por el Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, que en el año 2013 presentó varias iniciativas para tratar de paliar la situación de estas familias. Una de ellas, que fue aprobada por el Parlamento regional, solicitaba que la Junta pusiera en marcha una línea de ayudas para los afectados. La estimación del PSOE era que se necesitaría unos 3 millones de euros anuales para atender a las cerca de 8.500 familias perjudicadas.

Después de que el PSOE ganara las elecciones del pasado año y haya vuelto a gobernar en la región, los que resultaron perjudicados por los recortes en materia de vivienda piden al Ejecutivo autonómico que cree las ayudas que reclamó en la Asamblea de Extremadura. Así lo indica Manuel Pineda, quien espera recoger más firmas en La Calzada y en otros barrios de Mérida.

Sin embargo, la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, que cuenta con las competencias en materia de vivienda, señala que por el momento no se plantea poner en marcha este programa. Como indica, esta línea de ayudas compete al Gobierno. Asimismo, recuerda que el Tribunal Constitucional ha declarado legal la reforma que tuvo lugar en 2013.

En la actualidad la Junta de Extremadura permite a los afectados tramitar la renovación, pero los interesados saben que no lograrán su objetivo. Por ese motivo, piden al Ejecutivo regional que intervenga para que las familias de la región que sufren y sufrirán estos recortes puedan contar con una ayuda que les haga más llevadera la carga que supone su vivienda.