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La región dispondrá en 2017 de 2.843 millones del sistema de financiación

El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro
El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro / HOY
  • La cifra que ha dado a conocer el Ministerio de Hacienda por carta es inferior a la percibida este año pero recuerda que aún es provisional

La Junta de Extremadura dispondrá el próximo año de 2.843,08 millones de euros con cargo al sistema de financiación autonómica. La cifra es ligeramente inferior a lo percibido el presente ejercicio, pero se trata de una estimación provisional que no será definitiva hasta que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado para 2017.

Esa cifra incluye por un lado las entregas a cuenta por la participación en los tributos estatales, que asciende a 2.694,84 millones de euros. Esta cantidad se calcula por estimación de los ingresos por impuestos. El sistema de financiación establece que, una vez cerrado el ejercicio, se calcula la recaudación real y se hace un nuevo reparto, que se hace efectivo al ejercicio siguiente. De ese modo, en 2017 también se percibirá la liquidación definitiva de 2015, que arroja un saldo positivo para la comunidad de 148,24 millones de euros.

Así lo indica el Ministerio de Hacienda en la carta remitida a la comunidad autónoma sobre la previsión de entregas a cuenta del sistema de financiación para el próximo año. En el caso de Extremadura, la cantidad que se maneja está ligeramente por encima de los 2.840,1 millones que preveía el Gobierno para 2016, pero como la liquidación del año 2014 fue unos 16 millones superior a lo previsto inicialmente para la comunidad, por el momento se queda por debajo a la espera de que también pueda crecer el reparto final del 2015.

Hacienda señala en su carta que, una vez superado el plazo establecido por ley para la presentación del proyecto de Presupuestos del Estado (deben estar antes del 1 de octubre), en el que se recogen las cantidades que se asignan a las distintas administraciones públicas por el sistema de financiación, procede comunicar a las comunidades las previsiones de ingresos en un escenario de prórroga presupuestaria.

Para ello, se han aplicado a los Presupuestos de 2016 las variables que recoge la Ley que regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas, que establece cómo calcular las asignaciones en función de la evaluación de los ingresos tributarios del Estado. Pero recalca que se trata de «cifras provisionales y parciales».

Pero no queda claro si esa cifra incluye la devolución de los ingresos recibidos de más en 2008 y 2009, que suponen a la Junta cerca de 40 millones al año. Tampoco se facilita una estimación de los distintos componentes del sistema, con lo que no se puede trasladar a las cuentas regionales. Es decir, cuánto corresponde a los impuestos cedidos y cuánto al Fondo de Suficiencia y el Fondo de Garantía, para los que la Junta contempla un aumento del 2% en el anteproyecto de Presupuestos autonómicos para 2017.

Un Gobierno en funciones

Además de la previsión de ingresos del sistema de financiación autonómica para el próximo año, necesaria para elaborar las cuentas de la comunidad, el Gobierno también explica en su carta por qué no puede aportar información sobre los objetivos de estabilidad para el próximo año, también imprescindibles para que el resto de administraciones públicas aprueben sus leyes de presupuestos.

Como recuerda Hacienda, los límites de déficit, deuda y techo de gasto fueron aprobados por el Consejo de Ministros en julio del 2015. Pero el pasado mes de abril se acordó que fueran más flexibles para facilitar su consecución. El Consejo de la Unión Europea aprobó en agosto esta modificación, pero debe ser ratificada por el Gobierno.

Sin embargo, el ministerio señala en su carta que la Ley de Estabilidad recoge que el acuerdo sobre los citados objetivos debe incluir también el límite de gasto no financiero que aparece en los Presupuestos del Estado. Como un Gobierno en funciones no puede aprobar un proyecto de cuentas, tampoco puede dar luz verde al resto de parámetros.

Para evitar este problema, el Grupo Popular ha presentado en el Congreso de los Diputados una propuesta para reformar la Ley de Estabilidad con el objetivo de que un Gobierno en funciones pueda aprobar los citados objetivos sin necesidad de incluir en el mismo acuerdo el límite de gasto de los Presupuestos del Estado.

La modificación de esta norma permitiría al Gobierno aplicar los objetivos de estabilidad aprobados por la Unión Europea en agosto. Las comunidades saben que se han modificado los límites de déficit y deuda, pero no tienen comunicación oficial. Tampoco conocen si se revisará el techo de gasto, que equivale a la evolución del Producto Interior Bruto a medio plazo y que debe ser calculado por el Ministerio de Economía.