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Los divorcios sin acuerdo suben un 8% después de diez años a la baja

Dependencias policiales del Palacio de Justicia de Mérida.
Dependencias policiales del Palacio de Justicia de Mérida. / J. M. Romero
  • La mejora de la situación económica explica el repunte de las rupturas que terminan en juicio frente a las que se tramitan por acuerdos

Menos divorcios en Extremadura, pero más de los que terminan en juicio. Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el pasado ejercicio muestran un repunte de la litigiosidad en las separaciones de parejas en la región, lo que rompe la tendencia a la baja de los últimos diez años.

La estadística de nulidades, separaciones y divorcios que ha dado a conocer el INE a finales de septiembre muestra una ligera reducción en las rupturas de matrimonios en la región, ya que se pasó de 1.998 en el ejercicio anterior a 1.979 en 2015. La disminución no llega al 1%, similar a la evolución de los divorcios, que representan la modalidad más común de estos procesos. En concreto, pasaron de 1.867 a 1.846.

Pero esta disminución tuvo lugar porque se redujo la cifra de los divorcios que se producen por acuerdo entre las partes, mientras que los contenciosos crecieron. En concreto, frente a los 477 de 2014 el pasado año se llegó a 515, un 8% más. Respecto a 2013 la subida es del 18%, pero hay que tener en cuenta que en ese ejercicio la cifra total de divorcios fue mucho menor, 1.465.

Los divorcios sin acuerdo representaron el pasado año un 28% del total, mientras que el ejercicio anterior se situaron en el 25%. Se rompe así una tendencia de una década. En 2004 representaban el 55,8% del total. Desde entonces, esta proporción ha ido a la baja. En 2005 llegaron al 44,6%, en 2006 y 2007 al 43%, en 2008 y 2009 al 40% y de 2010 a 2012 rondaron el 34%. En 2013 se bajó por primera vez del 30%.

Estos datos tienen su explicación por los cambios normativos que se han realizado en los últimos años, así como por los efectos de la crisis económica. Un aumento de los divorcios se interpreta como un síntoma de recuperación.

Irene Bote, del despacho Abogados Medioconsulting, señala que en 2005 se produjo una reforma legal que favoreció a los divorcios de mutuo acuerdo. Desde ese momento, ya no era necesario alegar un motivo para la ruptura, sino que bastaba con declarar la intención de disolver el matrimonio. Esta fórmula es más sencilla y por tanto más rápida (los trámites pueden durar tres o cuatro meses, mientras que los contenciosos se pueden alargar más de un año); así como más económica, ya que basta con la participación de un abogado y un procurador y por tanto hay que pagar menos honorarios. El coste puede rondar los 500 euros si no hay grandes problemas, mientras que llegar a juicio puede triplicar los gastos.

Esto explica por qué desde 2006 el número de divorcios supera al de separaciones, hasta el punto de que en la actualidad por cada una de estas últimas se producen en la región catorce de los primeros.

Un tiempo

A esto se suma un cambio social. Como explica Irene Bote, las separaciones implican que el matrimonio se da un tiempo para solucionar sus diferencias, mientras que el divorcio supone una ruptura definitiva. Antes las parejas se daban una segunda oportunidad, pero en los últimos años, alentadas por los cambios legislativos, optan por una medida más drástica.

Pero en la evolución reciente de los datos también influye la situación económica. Tras la reforma de 2005, y con el crecimiento ligado a la explosión inmobiliaria, se dispararon los divorcios hasta superar los 2.000 al año en la región. Entre 2008 y 2011 se llegó a estar por debajo de 1.700 anuales, y desde 2012 (con un inciso en 2013) han vuelto a pasar de 1.800.

Para Irene Bote, durante las crisis las personas que se plantean un divorcio lo piensan dos veces por los costes económicos. Además, existe más dependencia económica de la pareja, aunque también es cierto que en ocasiones esto supone la gota que colma el vaso de la convivencia. Pero cuando la situación mejora los afectados están más dispuestos a luchar por sus bienes, lo que da pie a un aumento de los contenciosos, tal como ha ocurrido en los dos últimos años.