Las ayudas europeas dejan un desfase de 100 millones en las cuentas regionales

González compareció ayer en la Asamblea de Extremadura a petición del PP, que hizo una pregunta sobre los informes mensuales que debe presentar el interventor ante el Ministerio de Hacienda como parte de los requisitos por acceder al Fondo de Liquidez Autonómico.

En esos informes la Intervención de la Junta debe evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad (déficit, deuda y regla de gasto), así como los efectos que tienen en las cuentas públicas los mecanismos estatales de financiación. Como gastos e ingresos varían por meses, el verdadero interés está en el cierre del año. Pero estos documentos permiten estimar la evaluación de cada parámetro.

En el informe de julio se destacó la reducción del déficit gracias a la liquidación del sistema de financiación de 2014, entre otras cuestiones. En el de agosto, que se publicó ayer, se indica que ese mes volvió a crecer. En ambos, como en los anteriores, se reconocen amenazas. La más importante se debe a los problemas para certificar fondos europeos.

El diputado popular Luis Alfonso Hernández Carrón recalcó que el déficit de la comunidad en julio, el 0,99% del Producto Interior Bruto regional (179 millones de euros), es catorce veces superior a la media de las comunidades autónomas, que en el citado mes fue del 0,07%. Además, recordó que aún está por encima del límite fijado para todo el año, el 0,7% del PIB. Por ese motivo, pidió explicaciones sobre los problemas para certificar fondos europeos.

Déficit en peligro

En la actualidad está en vigor el programa operativo 2014-2020. Según explicó el interventor, la Junta ya ha iniciado la ejecución de estas ayudas, pero aún no se ha podido certificar ninguna cantidad de los años 2014, 2015 y lo que llevamos de 2016. Esto se debe a que los mecanismos para justificar el uso de los fondos aún no se han puesto en marcha.

Como apuntó, este problema se produce en el fondo Feder, que gestiona el Ministerio de Hacienda; y el Fondo Social Europeo (FSE), del que se encarga el Ministerio de Empleo. La Junta espera que ambas entidades pongan en funcionamiento los sistemas técnicos informáticos para certificar las distintas partidas. Hasta entonces, los costes asumidos este año computarán como gastos pero no llegarán los ingresos. Según sus cálculos, supondrán unos 100 millones de euros. Esta cantidad representa el 0,55% del PIB regional, a sólo 0,15 puntos del límite para 2016. Si la Junta cierra el año con un déficit de entre el 1% y el 1,3%, como prevé, el incumplimiento se debería a este problema.

Por ese motivo, el interventor indicó que se ha planteado a Hacienda que tenga en cuenta estos datos en la evaluación final del déficit, ya que en caso de un nuevo incumplimiento la comunidad debería revisar su plan económico-financiero y aplicar nuevos ajustes. Además, se vería expuesta a las sanciones que permite la Ley de Estabilidad.