El Ayuntamiento de Navalmoral apela para que se reduzca la indemnización de Jorge Daza

La sentencia que se dictó en julio determina que el Ayuntamiento debe indemnizar al joven -en el momento del accidente tenía 14 años- con 773.432 euros y a sus padres con 174.059 euros, cantidades de las que se hace responsable de forma solidaria a la compañía aseguradora Mapfre «en las condiciones y límites que establezca el contrato de seguro» que tenía en vigor el Ayuntamiento.

Tras hacerse público el fallo, el Consistorio moralo aprobó destinar 300.000 euros al abono de la indemnización, si bien advirtió de que esa cantidad no será entregada en su totalidad hasta que se resuelva el recurso. Ahora se ha conocido el contenido de la apelación, en la que el Consistorio entiende que no se debería haber utilizado la tabla de indemnizaciones para lesiones permanentes del año 2013 sino la tabla de 2012 por ser el año en el que se produjo el accidente. En ese caso, la indemnización bajaría en 24.868 euros.

El segundo punto que aborda la apelación hace referencia a la responsabilidad del accidente. En la sentencia se culpa en exclusiva al Ayuntamiento de Navalmoral, una circunstancia que también rechaza el Consistorio por considerar que una parte de la culpa debe ser achacada al menor. «Ha quedado suficientemente acreditado que la descarga eléctrica tuvo lugar cuando Jorge Daza intentaba saltar la valla del colegio municipal en horas en las que se hallaba cerrado, con el fin de acceder a sus pistas y beber agua, valiéndose para ello del cuadro de contadores que se utilizó como elemento de escalada. Y que a la fecha del accidente, la víctima tenía 14 años de edad, por lo tanto, la madurez mínima y necesaria para conocer el peligro que podría representar trepar una valla auxiliándose de un cuadro de contadores».

En opinión del Consistorio, esa conducta representa cierto grado de imprudencia o temeridad. «Por todo ello -prosigue el recurso-, la responsabilidad deberá ser declarada compartida en la proporción de un 66,67% para el Ayuntamiento (615.113 si la indemnización atiende al baremo de 2012) y un 33,3% para la víctima.

Eduardo Expósito, el abogado que representa a la familia del joven que sufrió la electrocución, ya ha anunciado su intención de rechazar los argumentos contenidos en la apelación. De momento, la familia ha recibido de Mapfre 150.000 euros, el máximo contenido en la póliza, mientras que el Ayuntamiento no ha abonado cantidad alguna.

Por otra parte, el Ayuntamiento anuncia en su recurso que cuando el proceso judicial termine repetirá su responsabilidad contra la empresa que concedió el certificado favorable de inspección periódica de baja tensión al armario eléctrico que produjo el accidente.

En ese caso, reclamará a la empresa Sevitie S. L. el importe de la indemnización con el argumento de que cuando se produjo el accidente esa instalación carecía de medidas de protección (conexiones equipotenciales) frente a un eventual contacto con cualquier persona «pese a que dichas medidas de seguridad frente a contactos indirectos vienen establecidas imperativamente en la normativa reglamentaria», una circunstancia que, según afirma el Ayuntamiento, no fue advertida por la empresa que hizo la certificación.