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La financiación autonómica de 2014 permite a la región contener el déficit

Isabel Gil Rosiña, portavoz de la Junta de Extremadura. :: j. m. romero
Isabel Gil Rosiña, portavoz de la Junta de Extremadura. :: j. m. romero
  • La Junta cerró el mes de julio con una desviación del 0,99% del PIB y se acerca al objetivo anual del 0,7%

Los datos del déficit del mes de julio dan un respiro a la Junta de Extremadura, pero sigue por encima del límite establecido para todo el año y en el grupo de cabeza de las comunidades autónomas que están en peor situación.

La Intervención General del Estado ha dado a conocer esta semana los datos de déficit de las comunidades autónomas en junio y julio. Extremadura, que cerró mayo con una desviación del 1,12% del Producto Interior Bruto (el límite para todo el año es del 0,7%), escaló a mitad del año al 1,91%, pero cerró el séptimo mes del ejercicio en el 0,99% con 179 millones de euros.

Si la subida de junio se debió principalmente al abono de la paga extra y el complemento de carrera profesional, la bajada de julio fue gracias a la liquidación definitiva del sistema de financiación del año 2014. Así lo recogen los informes que el interventor general de la Junta debe remitir al Ministerio de Hacienda, una de las condiciones por acogerse al Fondo de Liquidez Autonómica.

El sistema de financiación funciona mediante pagos mensuales a las comunidades autónomas que se calculan sobre una previsión de ingresos. Cuando se cierra el ejercicio, se analiza la recaudación real y se hace un nuevo reparto, que se aplica al año siguiente. Si se transfirió dinero de más, como en 2008 y 2009, las regiones deben devolverlo. Pero si ingresaron de menos la Administración del Estado debe compensar. Esto es lo que ocurrió en 2014. La liquidación definitiva ha aportado a la región 188 millones adicionales, que se percibieron en julio.

Junto a esto, ese mes también se ingresó el abono que debe realizar la Administración del Estado por el tributo estatal que solapó el Impuesto autonómico sobre depósitos de las entidades de crédito. El Gobierno lo creó para evitar su cobro, pero debe compensar a las comunidades que ya contaban con este gravamen. En el caso de Extremadura, en los Presupuestos de 2016 se preveía recibir 32,5 millones de euros.

Riesgos y ventajas

La evolución del déficit no es lineal a lo largo del año, por lo que es difícil estimar cuál será la cifra final. La Junta ha indicado en varias ocasiones que espera cerrar 2016 en torno al 1%, todavía por encima del tope establecido por el Gobierno pero no tan lejos como en ejercicios anteriores. Por su parte, el interventor señala en sus informes que se pueden lograr los objetivos.

El interventor destaca en primer lugar la flexibilización del objetivo de déficit para este año, que ha sido elevado del 0,3 al 0,7% del PIB. También cita el cierre del ejercicio presupuestario, que según la Junta permitirá ahorrar de 20 a 25 millones de euros.

A esto se suman mayores ingresos del sistema de financiación y la reducción de costes por la mejora de las condiciones financieras de los préstamos vinculados a los fondos estatales de liquidez, que el Ministerio de Hacienda cifra en 15 millones de euros. También hay que tener en cuenta el efecto positivo que tendrá el cobro del Impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente (ecotasa), que aporta cerca de 100 millones a las arcas regionales y suele certificarse en agosto o septiembre.

Aunque el interventor también alerta sobre factores negativos, como el efecto que puede tener el gasto corriente estructural asociado, fundamentalmente, a las partidas financiadas con recursos propios de la comunidad. La paga extra de diciembre puede suponer, como en junio, una desviación considerable.

Junto a esto, recuerda la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló parcialmente el cobro de la ecotasa entre 2006 y 2009. La Intervención General de la Junta indica que el pasado año el impacto de este fallo en el déficit de la comunidad fue del 0,42% del PIB regional. Pero aún hay que devolver parte de ese dinero, así como el correspondiente a recursos todavía no resueltos.

Además, reconoce las dificultades para declarar los gastos certificados con cargo a fondos europeos, lo que compromete la llegada de los ingresos correspondientes que permitan enjugar esos costes.