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La Junta anuncia un recurso ante el Tribunal Supremo contra el decreto de la reválida

Examen en una clase del colegio Trajano de Mérida
Examen en una clase del colegio Trajano de Mérida / HOY
  • Gil Rosiña incide en que el objetivo es que el Gobierno no desarrolle una ley "ineficaz para la calidad del sistema educativo"

La Junta de Extremadura interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo contra el decreto 310/2016 por el que se regulan las evaluaciones finales de la ESO y Bachillerato, más conocida como la reválida.

La portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, ha anunciado este martes la presentación de este recurso en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha explicado que "este nuevo paso adelante del Ejecutivo extremeño no es más que incidir en la posición firme" que mantiene "contra una ley que entendemos que ha sido rechazada por el conjunto de la comunidad educativa", ha dicho.

Gil Rosiña ha recordado que hace dos semanas, el Consejo de Gobierno ya autorizó a la Consejería de Educación y Empleo a solicitar la convocatoria de la reunión de la sectorial de todas las Comunidades Autónomas en el Senado para tratar este asunto, una "reunión que no se ha producido".

En ese sentido, ha señalado que esta decisión de la Junta de Extremadura "viene a sumarse a utilizar los instrumentos legales y constitucionales" con los que el Ejecutivo regional cuenta "para decirle al Gobierno de España que no puede mantener una ley que ha sido rechazada por el conjunto de la comunidad educativa y por la mayoría de las comunidades".

Y es que "nunca en la historia democrática de nuestro país, la comunidad educativa, desde Infantil hasta la Universidad, estuvo de acuerdo frente a algo", y en este caso, ha explicado Gil Rosiña, "esta ley no es buena para el buen funcionamiento y el desarrollo de una educación pública de calidad", que es lo que quiere "el conjunto de los ciudadanos".

El objetivo, ha reiterado, es que el Gobierno de España "no siga desarrollando una ley" que a juicio de la Junta de Extremadura es "ineficaz para la calidad del sistema educativo" del país.