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La Junta deberá negociar con el Gobierno las medidas contra la exclusión social

  • Las dos administraciones crean un grupo de trabajo para resolver las discrepancias surgidas sobre la norma que fue aprobada en mayo

MÉRIDA. La Junta de Extremadura y el Gobierno inician de nuevo negociaciones para resolver las discrepancias sobre una norma autonómica. En este caso, se trata del decreto-ley de medidas urgentes contra la exclusión social, que fue aprobado en mayo.

En su tramitación parlamentaria se convirtió en proyecto de ley y finalmente salió adelante en julio con una nueva redacción, pero el contenido de los aspectos que están en duda se mantuvo casi sin cambios.

El Gobierno y las comunidades autónomas pueden presentar recursos de inconstitucionalidad contra normas de otras administraciones que invadan sus competencias. Para ello, disponen de tres meses desde su publicación oficial.

Pero hay una salida negociada que suele terminar con la modificación de la norma en cuestión, tal como ocurrió con la Ley de Crédito Cooperativo de Extremadura o la última Ley de Medidas Tributarias, que se pretende modificar con la nueva reforma fiscal. Cuando se inician estas conversaciones el plazo para recurrir se amplía a nueve meses.

Sanidad y mínimos vitales

En el caso del decreto-ley de medidas extraordinarias, y por extensión en la ley posterior, el Gobierno plantea sus dudas sobre el título II, en el que se plantea la universalización de la atención sanitaria en Extremadura. El Consejo de Estado advirtió de que planteaba una invasión de las competencias sobre bases y coordinación general de la sanidad, que corresponden a la Administración central, y en concreto choca con el Real Decreto-ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. De hecho, recordó que ya se había mostrado en contra de normas similares planteadas por País Vasco, Navarra y Comunidad Valenciana.

Junto a esto, el Gobierno pone en duda el apartado 2 del artículo 12 de la norma extremeña, en el que se indicaba que las ayudas sociales para contingencias quedaban fuera del marco legal sobre subvenciones y que no podrían ser objeto de cesión, embargo o retención. Este párrafo, que no figuraba en las primeras versiones del decreto-ley, fue suprimido en la ley aprobada en julio.

Las discrepancias también afectan al artículo 13, dedicado a las ayudas para el pago de la luz y el agua, conocidas como mínimos vitales. El Consejo de Estado también había alertado de que invadía las normas estatales sobre consumidores vulnerables y el bono social, tal como sucedió con propuestas legislativas de otras comunidades autónomas. Pese a ello, la Junta mantuvo este precepto, que también aparece en la Ley de Medidas Extraordinarias.

Por último, la negociación abarcará las dos disposiciones adicionales del decreto-ley, que se mantuvieron en la ley, y que se refieren a la atención sanitaria y a los controles para verificar el grado de cumplimiento de la nueva norma.