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Los jornaleros inmigrantes se quedan sin sitio en el campo extremeño

Recogida de la uva en la pasada vendimia, cerca de Lobón
Recogida de la uva en la pasada vendimia, cerca de Lobón / HOY
  • Antes de la crisis había casi cuatro mil jornaleros foráneos en las campañas de verano, en la actual se estima que hay 1.500

Junto a la finca de Enrique Subirán, en Lobón, se formaba cada verano un auténtico gueto de jornaleros. Muchas familias de inmigrantes rumanos acampaban allí para moverse por los campos de frutales, olivar y vid de la comarca. Llegaban hasta la zona de Valdelacalzada. Cuenta el empresario agrícola que era una estampa desoladora que año tras años se repetía.

En este verano no se ha visto ni rastro de ese asentamiento. Poco a poco sus pobladores se han ido marchando porque nadie les contrata. Trabajadores locales que se pasaron del campo a la construcción –se pagaba mejor– han vuelto al sector primario. Y los extranjeros que finalmente realizan labores agrícolas son, en casi todos los casos, personas que viven de forma regular y están censadas en pueblos extremeños.

Quejas como las que expuso la Organización en Defensa de lo Público sobre posibles problemas de convivencia (negados sin embargo por las autoridades) se refieren a estos últimos, extranjeros ya asentados en España desde hace años.

En la explotación de Subirán trabajan ochenta jornaleros recogiendo fruta, la mayoría de pueblos cercanos y ninguno extranjero. En la lista de espera del encargado –cuenta– hay otros tantos, algunos de pueblos tan lejanos como Herrera del Duque o Siruela. A sus 72 años y algo más de medio siglo en el tajo, ha visto cómo la mecanización, la construcción y la crisis han ido cambiando las cuadrillas que pasan por su finca. «Con el tomate, por ejemplo, venían muchas de Portugal, pero ahora las máquinas lo hacen casi todo, ya no se necesita a tanta gente. Ahora han vuelto los trabajadores locales».

El diagnóstico que hace el empresario se confirma con datos. En el verano de 2006 había 3.600 trabajadores extranjeros inscritos en el régimen agrario de la Seguridad Social en Extremadura. Los sindicatos advirtieron entonces que podían ser muchos más por la contratación ilegal. Diez años después, en la campaña de este verano, apenas hay 1.500. La estimación viene por los datos de comisión de flujo migratorios celebrada en mayo en Badajoz. Leocadio Núñez, secretario regional de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios de UGT (FITA-UGT), forma parte de este órgano.

Explica que hay 979 jornaleros extranjeros (588 comunitarios y 371 extracomunitarios) en la provincia. Si se suma los de Cáceres –bastantes menos porque la campaña de la fruta se centra en Badajoz– Núñez estima que apenas llegan a mil quinientos en total. «Hemos encadenado varios años perdiendo el 10% de extranjeros respecto al anterior y seguimos en esa tendencia».

En las asociaciones agrarias también hablan de un descenso paulatino. En Apag Asaja, por ejemplo, estiman que antes de la crisis había un 80% de temporeros extranjeros y ahora no llegan al 40%.

Catalina García, responsable del sector vinícola de UPA-UCE, confirma que casi ha desaparecido la presencia de mano de obra foránea y también «los efectos llamada que hacía que vinieran gentes de otros sitios al conocer que faltaba mano de obra local». Este año no ocurre ni tampoco va a haber problemas aunque se solape ya la recogida de la uva con la aceituna de verdeo «porque desgraciadamente hay poquita aceituna este año».

El trasvase es conocido. Los parados del campo y de otros sectores como la hostelería han acabado en el campo. Francisco Corbacho, de CC OO, cree que los extranjeros que quedan ahora en el campo son los que han conseguido asentarse con casa, familia y continuidad por parte de los que les contratan.

También confirma que la nacionalización de los peones agrícolas no se ha detenido. Corbacho ha sido uno de los representantes sindicales que más ha seguido este fenómeno de cerca. Cuenta que hay un viaje de ida y vuelta para muchos a base de sueldos más bajos. «Para desplazar a los extranjeros, los desempleados locales han tenido que ofrecerse cobrando menos». El sindicalista es muy crítico con la gestión que se hizo en los años de déficit de mano de obra. «Denunciamos muchas veces que en asentamientos como el que se formó en Santa Marta era como un campo de refugiados, no se respetaba ningún derecho. Hasta un chico murió por coma etílico, era un abandono absoluto».

En eso coincide con Subirán. «Vivían en condiciones lamentables, les contrataban por cuatro perras y nadie movía un dedo. El único, Germán López Iglesias cuando era delegado del Gobierno», dice.

En Asaja recuerdan el problema al que se enfrentaban algunos empresarios porque no encontraban para recoger las cosechas y muchas veces solo podían contar con inmigrantes irregulares. El exdirigente de Apag Asaja, Bibiano Serrano, fue uno de los más críticos con la gestión de la mano de obra. Pidió al Gobierno que facilitara las contrataciones en sus países de origen, algo que además evitaría los guetos y los campamentos ilegales. El debate se fue diluyendo porque año tras año se incrementó el trasvase de parados de otros sectores al campo.

Para UPA-UCE, la situación se ha estabilizado y además cada vez hay más mecanización en la recogida de la uva y la aceituna. «Pasará como en el tomate», augura Antonio Prieto.

Contratos

La pasada campaña de la fruta ha transcurrido por el mismo camino. Se trata de una de las más sociales según los sindicatos porque se contrata a gente en el campo y en las plantas y cada verano hay más de 40.000 altas, según la memoria de Afruex, repartidas por la cuenca del Guadiana en Badajoz y los valles del Jerte y el Alagón en Cáceres.

Por lo que han percibido tanto patronal como sindicatos, la mayoría es personal autóctono y las cuadrillas se forman por familiares de un mismo pueblo que se van moviendo por las distintas fincas.

Otra cosa, explican desde CC.OO, son las bolsas de contrataciones ilegales. En este apartado, la mayoría de los casos que se han detectado afectaban siempre a cuadrillas de extranjeros. «Creemos que se trata de algo minoritario pero en realidad no sabemos el peso real que tienen y no lo podemos cuantificar». De esos mismos abusos con cuadrillas de foráneos habla también Antonio Prieto, responsable de olivar de UPA. «Desalmados hay en todos los sectores, pero afortunadamente es excepcional».

Este año, como mínimo deben pagar 38 euros al día. Por debajo de este salario estarían cometiendo una infracción laboral. Según el responsable de UPA, la mayoría de los empresarios pagan por encima de estos 38 euros. Los sindicatos insisten que pagar por debajo de convenio o no dar de alta en la Seguridad Social son dos prácticas que se mantienen en explotaciones, y que se dan más entre los extranjeros.