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La ayuda a desahuciados por no pagar hipotecas llegará hasta 250 euros

Protesta de la Plataforma de afectados por la hipoteca en Cáceres.
Protesta de la Plataforma de afectados por la hipoteca en Cáceres. / HOY
  • La Junta prepara una nueva regulación de apoyo al alquiler que incluirá viviendas de una bolsa privada a precios asequibles

La Junta de Extremadura concederá una ayuda de hasta 250 euros a familias desahuciadas por no pagar la hipoteca que deban costearse un alquiler a la espera de recibir una vivienda social. La cuantía de la subvención dependerá del número de miembros de la unidad familiar y de la renta disponible.

La Ley de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión Social, aprobada en julio, contempla estas ayudas, pero su ejecución depende de una norma que articule su desarrollo. La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales ultima la elaboración del decreto correspondiente.

En la memoria económica de la citada ley se hacían estimaciones de gasto con una ayuda de 150 euros al mes, de la que se podrían beneficiar hasta 120 familias de la región, lo que supondría un coste anual máximo de 216.000 euros para la Junta de Extremadura. Sin embargo, en el proyecto de decreto se especifica que la subvención podrá llegar a 250 euros mensuales.

Esta ayuda está destinada a familias que, habiéndose visto afectadas por desahucio por impago de hipoteca y reuniendo el resto de requisitos para la adjudicación directa de una vivienda de promoción pública, no hayan podido acceder a este derecho y precisan urgentemente de una aportación pública para costear un alquiler en el mercado libre hasta que puedan recibir las llaves de un piso social.

Para optar a esta subvención, además de haberse visto privados de la propiedad de su domicilio y de haber solicitado una vivienda de promoción pública, los interesados deberán formalizar un contrato de alquiler en un plazo máximo de treinta días a partir del reconocimiento de la ayuda.

La cuantía a percibir será de un 60% de la renta mensual de alquiler en caso de unidades familiares o de convivencia de uno o dos miembros y del 70% en caso de tres o más componentes. Si además los ingresos ponderados son iguales o inferiores al IPREM (532,51 euros al mes), en el primer grupo se podrá llegar al 80% del coste y en el segundo al 100%. En cualquier caso, la subvención no podrá exceder de 250 euros mensuales.

La ayuda se concederá por un plazo de doce meses. No obstante, el beneficiario podrá solicitar, de nuevo y por idéntico plazo, la subvención hasta la efectiva adjudicación y entrega de una vivienda de promoción pública o hasta un máximo de tres años.

Bolsa de alquiler asequible

El proyecto de decreto en el que se regulan esas nuevas ayudas contempla además otras dos líneas de subvenciones al alquiler, ya que la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales ha considerado adecuado agrupar en una misma norma todas las subvenciones relacionadas con la materia.

Además de las destinadas a familias afectadas por desahucios hipotecarios, se regulan las ayudas para acceder a la bolsa de viviendas para el alquiler asequible. La Junta también prepara un decreto específico sobre esta nueva herramienta, que ya tuvo un primer proyecto normativo la pasada primavera y que ahora tiene una redacción más concreta. Entre otras cuestiones, se distingue entre una bolsa pública (formada por propiedades cedidas a la Junta por la Sareb o por entidades financieras) y una privada (pisos propiedad de particulares que se ofrecen a bajo precio).

El nuevo programa se destina a esta última modalidad, las viviendas de particulares que se ofrecen para un alquiler que puede ser subvencionado. Para ello, la renta no podrá superar los 4,2 euros mensuales por metro cuadrado de superficie útil de vivienda en las ocho ciudades más pobladas de la región (Almendralejo, Badajoz, Cáceres, Don Benito, Mérida, Navalmoral de la Mata, Plasencia y Villanueva de la Serena) y 3 euros en el resto de localidades. En el primer caso el tope será de 350 euros al mes y en el segundo de 250.

La subvención ascenderá al 80% de la renta mensual de alquiler en caso de familias con ingresos iguales o inferiores al IPREM y al 70% si pasan de esa cantidad y no exceden de dos veces el IPREM. La ayuda no podrá pasar de 250 euros mensuales y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019.

Además de los requisitos generales que establece el decreto, para acceder a estas ayudas se exigirá que las unidades familiares o de convivencia tengan a su cargo un hijo, una persona con discapacidad o un mayor de 65 años.

Por último, el proyecto de decreto contempla una nueva regulación para el programa de fomento del alquiler del Plan de Vivienda 2013-2016, que además queda prorrogado hasta que se elabore uno nuevo.

Como ya había adelantado la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales en la reforma del Plan de Vivienda acometida en mayo, será necesario que el precio del arrendamiento sea igual o inferior a 525 euros al mes en las ocho principales ciudades de la región, 425 euros en las 34 de mediano tamaño y 350 en el resto. Además, los ingresos familiares no podrán superar 2,5 veces el IPREM (en la actualidad el límite está en tres veces).

La ayuda llegará al 40% de la renta mensual, con un máximo de 200 euros para la línea general. La aportación podrá ser mayor en caso de jóvenes (210 euros); familias numerosas, víctimas de violencia de género y personas con discapacidad (hasta 220 euros); y afectados por desalojo de su vivienda por impago de hipoteca (240 euros).