Secciones
Servicios
Destacamos
JUAN SORIANO
Sábado, 3 de septiembre 2016, 08:40
Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.
Compartir
El cierre del ejercicio presupuestario aprobado por la Junta de Extremadura permitirá un ahorro del gasto corriente para combatir el déficit, pero no afectará a servicios esenciales ni a inversiones por fondos europeos o estatales.
La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta, Pilar Blanco-Morales, recalcó ayer que la orden publicada en el Diario Oficial de Extremadura el pasado 31 de agosto no afecta a políticas sociales (educación, sanidad, dependencia y servicios sociales) ni tampoco a gastos vinculados a transferencias estatales y comunitarias. En cualquier caso, las inversiones del Gobierno ya están limitadas por el cierre del ejercicio presupuestario acordado en julio y los fondos europeos dependen de la lenta tramitación del programa operativo 2014-2020.
En la práctica, la orden de cierre es similar a la de años anteriores. La principal novedad es que se ha adelantado más de un mes respecto a 2014 y 2015, cuando se publicó a principios de octubre. Asimismo, es más concreta, ya que especifica cuestiones como restringir la tramitación de expedientes que incluyan acopios de material o suministros.
Se incide así en el principal contenido de la norma, la contención del gasto corriente (necesario para el funcionamiento ordinario de los servicios) financiado con fondos propios de la comunidad. Como explicó Blanco-Morales, se trata de realizar un esfuerzo para «ahorrar con nuestros recursos».
El objetivo es contribuir al cumplimiento de los objetivos de estabilidad. La consejera de Hacienda apuntó que se siguen las recomendaciones del Ministerio de Hacienda, que a finales de julio envió una carta al Gobierno regional exigiendo la adopción de medidas de contención antes del 5 de septiembre. También se dirigió en términos similares a otras diez comunidades autónomas, aunque no en todos los casos se planteaba el cierre del ejercicio presupuestario.
Blanco-Morales apuntó que se ha pedido una prórroga hasta el 15 de septiembre que, según afirmó, ha sido concedida para aportar la información que exige el Ministerio de Hacienda. Entre otras cuestiones, pidió datos sobre el ahorro que implicará el cierre del presupuesto, el estado de facturas pendientes de pago, los riesgos por falta de ingresos de fondos europeos y el control del gasto corriente. También recordó que las sanciones que pueda imponer la Unión Europea por incumplir el déficit se repercutirán en las comunidades autónomas.
No será suficiente
A este respecto, la consejera de Hacienda afirmó que la amenaza de sanción a España se debe a las desviaciones del Gobierno y a «decisiones electoralistas» como la última rebaja fiscal. En cuanto a Extremadura, culpó al ejecutivo del PP del incumplimiento del déficit tanto en 2014 como en 2015.
Asimismo, pidió al Ejecutivo nacional en funciones que cumpla con sus obligaciones y facilite el techo de gasto, el límite de déficit para este año (para elevarlo del 0,3% al 0,7% es necesaria la aprobación del Congreso) y las aportaciones previstas por la Administración del Estado para 2017 (imprescindible para elaborar los Presupuestos autonómicos). A su juicio, el retraso en la aplicación de estos parámetros es una «medida de presión» a los gobiernos regionales por la situación política actual. También criticó al Gobierno por los efectos que tendrá el cierre presupuestario aprobado en julio y por la falta de información al respecto.
En contraposición a la actitud del Gobierno, la Junta destaca que cumple con sus obligaciones, entregando la información que reclama el ministerio (como los datos sobre el impacto de la reordenación del sector público que se han aportado por primera vez), ajustando el periodo de pago a proveedores (anunció que en julio se cerró en 17 días) y tomando medidas como el cierre del Presupuesto regional.
Pero reconoció que no será suficiente para cumplir con el déficit este año. Para ello, volvió a reclamar un objetivo diferenciado para cada comunidad, especialmente después de que la desviación del 2015 en Extremadura se haya cerrado en el 2,79% del PIB (en abril se estimó en el 2,64%). La Junta estima que sólo con unas exigencias adaptadas a cada región, con la misma senda que se exige para el conjunto del país (tiene de plazo hasta 2019) y con una financiación autonómica adecuada se podrá conseguir la estabilidad al final de la legislatura.
Críticas de la oposición
Tanto PP como Podemos criticaron ayer la decisión de la Junta, según Efe. La diputada popular María Ángeles Muñoz denunció que la Junta ya incumplía el déficit con el objetivo ampliado y se preguntó qué políticas se podrán llevar a cabo tras dar por cerradas las cuentas.
Por su parte, la parlamentaria de Podemos Jara Romero lamentó que no se podrán llevar a cabo medidas excepcionales contra el paro. Además, recordó que el PSOE criticó en julio el cierre del ejercicio por el Gobierno y ahora en Extremadura hace lo mismo con unas cuentas de sólo cinco meses de vida.
Para el portavoz socialista, Valentín García, los incumplimientos del Gobierno de Rajoy son los únicos responsables de que España haya tenido que cerrar los presupuestos en julio, lo que ha implicado que algunas comunidades autónomas tengan que cerrar sus cuentas antes del 5 de septiembre.
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Recomendaciones de HOY
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.