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Según Educación, el control hace imposible engaño alguno

A. G.

Domingo, 28 de agosto 2016, 08:49

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Desde la consejería de Educación, la visión de este conflicto contrasta por completo con la de los empresarios. Según la Junta, los colegios tienen que justificar cada libro que destinan a becas y pueden adquirir libros con editoriales porque actúan como consumidores finales y no como distribuidores.

En el departamento que dirige Esther Gutiérrez Morán explican que los fondos públicos que reciben los centros los gestionan los consejos escolares y se destinan, exclusivamente, a la adquisición de libros de texto.

Aclaran además que se trata de ejemplares nuevos que se distribuyen según las necesidades reales. Es decir, si por ejemplo deciden prestar todos o la mayoría de libros a los alumnos de sexto curso, el dinero que en teoría iría a ese nivel pueden derivarlo a otro, por ejemplo a 1º de primaria porque no existen libros en préstamo de otros años. De esta manera -defienden- todos los becarios recibirán más o menos lo mismo en cuanto a libros facilitados.

Los niños, insisten, no reciben dinero, sino material. El colegio invierte la cuantía asignada en comprar nuevos y éstos, junto con los del banco de libros, se distribuyen de la manera más equitativa posible. Los centros envían después a la Secretaría General de Educación, en el plazo de un mes desde la fecha del abono del importe concedido, la certificación desglosada de los importes gastados, la relación de alumnos becados y no becados a los que se les ha facilitado el préstamo y las facturas originales que acrediten el gasto.

A juicio de los responsables de Educación, el sistema actual hace imposible que los colegios empleen el dinero en un concepto diferente que no sea la adquisición de libros de texto.

En lo que se refiere a la competencia desleal, según la Junta hay un informe de los servicios jurídicos de la Consejería de Educación y Empleo que resuelve «a favor de la venta de libros por los centros concertados, siempre que se cumpla con los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico. No obstante tales actividades y sus cuotas deben ser autorizadas por el Consejo Escolar y comunicadas a la Administración. Lo que nunca podrá efectuar ningún centro concertado es ofrecer libros fuera del ámbito escolar».

En la Junta se agarran a otros informes emitidos también en otras comunidades autónomas en los que se concluye que «los colegios actúan como consumidores finales -y no como libreros o distribuidores- que adquieren directamente los ejemplares para defender los intereses de las familias al conseguir costes más bajos.

Con estos argumentos, el de consumidores finales para comprar libros y el de reparto equitativo de las partidas que se destinan a las becas, la Junta trata de defender su modelo y contradice la versión de los libreros.

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