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Citas en Servicios Sociales de Mérida para pedir la renta básica
La renta básica se pone a cero

La renta básica se pone a cero

La Junta de Extremadura afirma que ha eliminado la lista de espera justo cuando se cumplen tres años de aplicación de esta ayuda

Juan Soriano

Domingo, 31 de julio 2016, 00:50

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La renta básica se pone al día a los tres años de su aprobación. La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura afirma que ha eliminado la demora en la tramitación de solicitudes, de modo que se cumple con el plazo legal de resolución, establecido en tres meses. De hecho, asegura que en la actualidad sólo están pendientes de respuesta las peticiones registradas en julio. Según indica la directora general de Políticas Sociales, Infancia y Familia, Carmen Núñez, el número de solicitudes presentadas desde que se puso en marcha esta prestación en julio de 2013 hasta julio de este año es de 48.361. De ellas, se han resuelto cerca de 48.000, y sólo están a la espera de respuesta unas 380, registradas en julio. Del total de solicitudes recibidas, 27.903 han obtenido resolución favorable, de modo que o bien se han abonado ya en estos tres años o bien se están pagando en la actualidad. Más de 20.000 han sido no favorables, por presentarse fuera de plazo, por desistimientos o por no cumplir los requisitos.

Han sido necesarios tres años y cuatro reformas (y acaba de aprobarse una quinta) para que esta prestación alcance unos plazos óptimos de concesión. La Ley de renta básica extremeña de inserción se aprobó por la Asamblea de Extremadura en mayo de 2013, con el Gobierno de José Antonio Monago, pero no empezó a aplicarse hasta que se publicó el reglamento el 31 de julio. El 1 de agosto se cumplen tres años de la puesta en marcha de una medida que se consideró histórica y que hasta ahora no ha funcionado como se esperaba.

La renta básica se creó para asegurar un medio de vida para las personas en riesgo de exclusión social o con carencias. Para ello, se estableció lo que en otras comunidades se denomina ingreso mínimo, la cantidad que se considera necesaria para acceder a unas condiciones aceptables. En Extremadura asciende al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), lo que supone 426 euros al mes, aunque en función del número de miembros de la unidad familiar puede llegar a 719 euros. La ayuda consiste en aportar esa cuantía o, en caso de que el perceptor cuente con ingresos inferiores a esa cifra, complementar el resto con un mínimo de 100 euros. Aunque hay ciertas incompatibilidades, como en el caso de autónomos, pensionistas, Renta Activa de Inserción y contratos laborales de más de tres meses.

Sustituyó a las Ayudas para la Integración en Situaciones de Emergencia Social (Aises), dando un paso más en la creación de un derecho ciudadano que además de una ayuda económica incluía acompañamiento laboral y social y que implicaba a distintos departamentos de la Administración regional (políticas sociales, empleo, educación, sanidad) y a las entidades locales a través de los servicios de base.

Las expectativas pronto quedaron defraudadas. El creciente número de personas en situación de necesidad por la crisis, unido al efecto llamada de una nueva prestación que pretendía suplir carencias de las anteriores, se tradujeron en una avalancha de solicitudes. El plazo de resolución, fijado en tres meses, se demostró insuficiente. El primer día se recibieron 1.200 solicitudes. En un mes considerado tranquilo, agosto, llegaron 2.800. En apenas cuatro meses se contabilizaron 15.000, de las cuales en diciembre apenas 1.100 habían sido resueltas y 300 estaban pagándose. A esto se suma que la Ley de renta básica había suprimido las antiguas Aises extraordinarias, que atendían emergencias. Así que ni funcionaba la nueva prestación ni se contaba con una alternativa para casos de urgencia.

Los cambios normativos no se hicieron esperar. La Junta creó las ayudas de protección social urgente y acometió cambios en la Ley de renta básica para tratar de agilizar los trámites y adelantar los plazos de pago. En poco más de un año se llevaron a cabo tres modificaciones, una de pequeño calado, otra más ambiciosa y una tercera que desembocó en una nueva norma en junio de 2014. El Gobierno regional reconoció que se exigían demasiados requisitos para cobrar la ayuda, entre ellos el gran volumen de documentación que había que presentar, por lo que planteó suavizar las condiciones que se ponían a los demandantes.

Esa nueva norma apenas duró tres meses y medio. En octubre de 2014 se aprobó una nueva ley, que sustituyó a la original, y que en su exposición de motivos reconocía que «a pesar de los cambios producidos, no se ha conseguido la suficiente simplificación de la tramitación que agilice la resolución de los expedientes y la inmediatez en la percepción de la prestación». Entre otras cuestiones, se eliminaron requisitos y se agilizaron los trámites, además de fijar un sistema de convocatorias (esto permitía dedicar un tiempo a recibir solicitudes y a partir de ese momento centrarse en resolverlas) y ampliar el periodo de concesión de seis a doce meses (lo que también implicaba limitar el número de renovaciones).

El objetivo era llegar a lista de espera cero. Los datos mejoraron, pero no de una forma tan espectacular. De hecho, esta norma acaba de ser reformada por la Ley de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión Social, que tras diez meses de trámites está en vigor desde el pasado 22 de julio. Aunque parcial, supone una modificación en profundidad. La renta básica llega así a su quinta redacción en tres años.

La nueva ley modifica seis artículos, añade otro y suma dos disposiciones adicionales. Pero los cambios son ambiciosos. Fija un máximo de quince días para que los interesados puedan tramitar su petición. Establece el silencio positivo, de modo que si a los tres meses de presentar la solicitud no hay resolución por causas imputables a la Administración el demandante tendrá derecho a la prestación. Además, se recupera el modelo de convocatoria abierta todo el año y se permite traspasar la ayuda en casos de fallecimiento, separación o abandono del hogar familiar. Para la directora general de Políticas Sociales suponen avances en el reconocimiento del derecho, pero afirma que la mejora de los datos se debe a una mejor gestión. «Ahora estamos resolviendo en tres meses».

Nació con errores

Carmen Núñez era presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Badajoz cuando se puso en marcha la renta básica, por lo que conoce su aplicación tanto desde los servicios sociales de base como ahora desde la Administración regional. A su juicio, fue un avance reconocer un derecho de los ciudadanos, que además permitía el acceso a una ayuda a pesar de tener un trabajo remunerado. Pero considera que la ley de 2013 no funcionó porque no dispuso de los medios adecuados, ni humanos ni económicos. Tampoco se contaba con acceso a las bases de datos necesarias para recabar información de los solicitantes (situación labora, renta disponible, propiedades inmobiliarias, etc.) ni hubo formación para los profesionales que debían atender a los demandantes. A esto se unió una «inmensa demanda» que se debió al efecto llamada de una prestación que «se vendió como una ayuda económica a la que todo el mundo tenía derecho».

En su opinión, los intentos posteriores para resolver la situación no dieron resultado porque no se centraron en lo esencial. «Había que trabajar», afirma. «Era una cuestión de organización interna, de ponerle ganas y presupuesto». Como recuerda, nada más acceder al Gobierno regional el equipo de Fernández Vara tuvo que destinar 5 millones de euros a pagar rentas básicas pendientes de resolver.

Junto a esto, el nuevo Ejecutivo autonómico también planteó un cambio normativo, que ha desembocado en la última reforma legal. Pero ha requerido más de diez meses de trámites, desde que se anunció en septiembre del pasado año hasta que se ha aprobado en julio. Carmen Núñez explica que se debe a que esta ley no sólo planteaba la reforma de la renta básica, sino que también incluía cambios en atención sanitaria, adjudicación de viviendas y regulación de las ayudas de contingencias y mínimos vitales. Esto ha complicado su elaboración. Además, se ha querido contar con la opinión del Consejo de Estado para tratar de atar las cuestiones legales.

Pero la directora general de Políticas Sociales recalca que no ha sido necesario esperar a esta nueva ley para mejorar los datos de concesión de rentas básicas. A partir de ahora, espera un efecto positivo con el regreso a la ventanilla abierta todo el año, lo que evitará el efecto llamada del sistema de convocatorias con el consiguiente bloqueo. Y descarta que cuestiones como el silencio positivo vayan a generar un aumento de la demanda por parte de los beneficiarios.

A este respecto, reconoce que, una vez superados los tres meses por causas imputables a la Administración, el pago no será efectivo hasta que se dicte una resolución favorable. Pero añade que la Junta estará obligada a emitirla por silencio positivo, aunque podrá revisar que se cumplen las condiciones para recibir la ayuda. En cualquier caso, apunta que no será necesario llegar a ese extremo porque se están cumpliendo los plazos de concesión.

Asimismo, destaca que también se han tomado medidas al margen de la nueva redacción legal. Una de las cuestiones que se ha modificado, la obligación de que la solicitud se presente en un plazo de quince días, supone una responsabilidad añadida para las entidades locales, que ya no podrán dar cita a los usuarios con semanas de retraso. Pero esta exigencia se ha visto acompañada de un aumento de las plantillas de los servicios sociales de base, que contarán con 49 trabajadores más para agilizar los trámites.

Aclarar los requisitos

La creación de la renta básica en el año 2013 nació con el acuerdo unánime de los grupos parlamentarios de la Asamblea, gracias en parte a que se trató de una de las exigencias de_Izquierda Unida para permitir un gobierno del popular José Antonio Monago. Pero también fue el resultado de meses de lucha y protesta de movimientos en defensa de los derechos sociales.

José Antonio González, miembro de la Red de Solidaridad Popular de Cáceres y del Campamento Dignidad, destaca la labor de estos colectivos tanto para lograr la puesta en marcha de la prestación como en el control de su desarrollo. Reconoce que los tiempos de concesión han mejorado y que cuestiones como el silencio positivo suponen un avance demandado desde hace tiempo, pero considera que se necesita «una reforma integral de la ley de renta básica».

En su opinión, hay que incluir a aquellas personas que, aunque tengan ingresos, perciban rentas por debajo de lo que se considera el mínimo necesario para unas condiciones de vida aceptables. De esa forma, habría que incluir a autónomos, pensionistas o trabajadores con contrato que cobran menos de lo que les correspondería de percibir la renta básica de inserción.

Junto a esto, considera que debe clarificarse el concepto de exclusión social. Como indica, en la actualidad hay licenciados universitarios, plenamente integrados en la sociedad, que están en paro y que no tienen ingresos pero que quedan fuera de la prestación porque se estima que no están en situación de exclusión. También se ven penalizadas personas sin cargas que han vuelto a vivir con sus padres.

Para mejorar estas cuestiones, González cree necesario aclarar los requisitos para la concesión de la renta básica. Con ese fin, prestarán atención al reglamento que debe elaborar la Junta, en el que espera que se recojan todo tipo de situaciones para que nadie quede fuera del cobro de la prestación.

Como indica, así se podrá eliminar la arbitrariedad, algo que aprecia en los nuevos gestores de la Junta. Destaca que ahora se resuelve más rápido, pero que también se rechazan más peticiones, a veces sin explicar los motivos por los que se deniega una ayuda nacida para atender a los más vulnerables.

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